El drama de la basura en Argentina: poco reciclaje, falta de información y vertederos saturados

El país deja mucho que desear en la gestión de residuos.

 

La basura representa uno de los mayores problemas del planeta del que Argentina no está exenta. Aunque existen normativas e iniciativas tanto estatales como privadas que han contribuido con algunas mejoras en los últimos años, los niveles de recuperación lejos están de ser considerables y la situación continúa siendo alarmante. ¿Qué pasa con los residuos en el país?

A nivel nacional, se produce una tonelada de basura cada dos segundos. Una fracción grande de ella termina en rellenos sanitarios que están al borde del colapso.

Según la Dirección Nacional de Gestión Integral de Residuos (DNGIR), dependiente del MAyDS, la Argentina se ubica entre los países de rango medio en generación per cápita diaria de residuos sólidos urbanos (RSU), basura proveniente del ámbito residencial, comercial, sanitario o industrial. El promedio diario de desechos por habitante es de 1,03 kilos, equivalente a casi 45.000 toneladas diarias para el total de la población (una tonelada cada dos segundos) y alrededor de 16,5 millones cada año. O lo que puede compararse con una pirámide de 85 metros de base y la altura del Aconcagua, de 6.960 metros, como afirma el citado Informe del Estado del Ambiente.

No obstante, las cifras varían de acuerdo a cada jurisdicción. No existe a nivel nacional una política que regule la recolección de residuos. Se trata de una responsabilidad municipal, por lo que cada distrito decide cómo abordar la cuestión, en base a sus capacidades y recursos económicos y compromiso con el ambiente.

En el mundo, hoy se generar alrededor de 1.500 millones de toneladas anuales de residuos, una cantidad (de basura) que alcanzaría para cubrir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hasta la altura equivalente a la de un edificio de siete pisos. Esta, es otra comparativa que figura en el último Informe del Estado del Ambiente, elaborado en 2017 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) de la Nación.

Este volumen de desechos es responsable de casi el 5 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) y, de acuerdo al Banco Mundial, podría incrementarse hasta un 50 por ciento para 2025, lo que plantea una problemática más compleja.

En este contexto, los países en desarrollo enfrentarán los mayores retos, ya que sus recursos para atender dificultades ambientales son limitados. El panorama se agrava si se considera que alrededor de la mitad de la población global carece de una adecuada disposición final para sus desechos, el último paso en su gestión, que comprende las operaciones destinadas a lograr su depósito permanente.

Es que la composición de los desechos generados por el hombre impide su asimilación, a diferencia de los de las demás especies, que son reciclados por la naturaleza. En las décadas más recientes, los procesos industriales dieron lugar a una infinidad de materiales sintéticos que, al no degradarse de forma natural, se acumulan en el ambiente. La explosión demográfica, el avance de la urbanización y la expansión del consumo bajo la modalidad de usar y descartar, provocaron un crecimiento exponencial de los residuos. Esta acumulación de materiales no degradables, o de muy lenta descomposición, produce graves efectos sobre el entorno, traducidos en contaminación y degradación ambiental.

Desechos que no se deberían acumular

Rellenos sanitarios, vertederos municipales y basurales a cielo abierto. Esas son las principales opciones que prevalecen en el país para la disposición final de los desechos. La mayoría se encuentran al tope de su capacidad, presentan irregularidades y son denunciados por ambientalistas y vecinos por sus altos impactos ambientales.

Se estima que los RSU son los que ocupan la mayor parte de estos predios. Entre ellos, los desechos domésticos encarnan la problemática más significativa: aproximadamente la tercera parte está formada por papel y derivados, mientras que el resto se compone por plásticos, vidrio, metales y pilas.

La Argentina, desafortunadamente, no cuenta con un estudio global sobre la composición de los RSU. Un documento realizado en el marco de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU) sostiene que, en el período 2005-2010, los orgánicos, el papel y el vidrio redujeron su participación, mientras que la proporción de plástico aumentó, en concordancia con la tendencia mundial.

El Estudio de Calidad de los RSU del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), elaborado por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (Fiuba), afirma que la CABA recicla el 46 por ciento de las 6.000 toneladas diarias de residuos que genera, pero que el número podría ser superior, ya que el 40 por ciento del material que llega a los rellenos es potencialmente reciclable.

Según el informe, de ese 40 por ciento, un 17 por ciento corresponde a papel y a cartón; un 19 por ciento, a plástico; un 3 por ciento, a vidrio; y un 1 por ciento, a metales. El 60 por ciento restante está representado por un 41 por ciento de alimentos, un 5 por ciento de textiles, un 4 por ciento de pañales y apósitos descartables, más un 10 por ciento de materiales catalogados como “otros”, debido a que cada categoría no supera el 1 por ciento.

Falta de información

Aunque abundan datos relativos a la generación y la gestión de residuos, la ausencia de información sobre reciclado en la Argentina es un impedimento para el desarrollo del sector. Así como cada jurisdicción tiene potestad sobre el manejo de sus desechos, lo mismo sucede con el reciclado. No hay normativas que englobe a los distritos, por lo que queda a criterio de cada uno; ni soluciones que puedan aplicarse para todos los contextos indistintamente; estas deben adaptarse a su realidad particular.

Por eso, no existe una estimación de cuánto recupera el país ni tampoco un registro único. De ahí, uno de los motivos por los que se hallan pocas estadísticas y contradicciones en los datos.

“No hay mediciones, lo que poseemos es escaso y efímero. La Argentina no se llevaba bien con las cifras y los programas a largo plazo”, afirma Elisa Gill, titular de la ONG Doná Tu Basura, y añade: “Lamentablemente, no hay un conteo por municipio y menos, por provincia. Depende mucho de la región. La cantidad de residuos por persona (que va desde 1 a 1,5 kilos, aproximadamente) varía según la densidad de población, el nivel socioeconómico y la existencia de grandes generadores”.

“En el país, hay poca información de muchos temas. Faltan investigación y decisiones basadas en datos concretos”, dice Alejandro Roca, director Ejecutivo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (Iarse), con sede en Córdoba.

Poco reciclado

Los residuos son percibidos como uno de los principales problemas ambientales que tiene el país y, de su mano, la puesta en práctica de acciones tendientes a su reducción y reciclado encarna otro de los grandes retos. “Durante años, la Argentina le dio la espalda al medioambiente. Cabe recordar que, hasta hace dos años, el Ministerio de Ambiente nacional tenía rango de secretaría. Recién están comenzando a ponerse en marcha proyectos. Hay que recuperar el tiempo perdido. El atraso es significativo en ciertas temáticas, en las que otros países se encuentran avanzados”, considera el director del Iarse. Gill coincide: “La Argentina es un gigante basural a cielo abierto. Como el basurero, como se le dice en el interior, no se ve, pensamos que no nos afecta. Eso es un engaño”.

Pese a los esfuerzos realizados, la Argentina sigue sin encontrar una solución definitiva. La palabra con la que varios de los entrevistados evalúan a las logísticas de recolección y los tratamientos de residuos actuales es “deficiente”.

¿Por qué es tan difícil sostener una política perdurable en el tiempo? Para Roca, tiene que ver con la idiosincrasia local, propia de la ciudadanía nacional, que se caracteriza por una falta de compromiso con la cuestión. En línea con su colega, la representante de Doná Tu Basura opina que se trata de un problema cultural. “Usamos y tiramos sin saber. Carecemos de educación ambiental y hay poca conciencia del daño que significa para nosotros y el planeta vivir contaminados”, asegura.

En la mayoría de los municipios, ni siquiera hay políticas que involucren a los ciudadanos ni plantas de tratamiento.

A partir de las cifras que se desprenden del estudio Mapas Críticos de Gestión de Residuos, realizado en 2016 por DNGIR, se observa que son pocos los departamentos provinciales que cuentan con algún sistema de separación, siendo el promedio un 37 por ciento. Se destacan las provincias de la región Centro, que son también las que más RSU generan, con altos índices de tratamiento –por encima de la media nacional– exceptuando a Córdoba (15 por ciento). De acuerdo al Diagnóstico de la Gestión Integral de RSU en la Argentina, del Banco Mundial, Buenos Aires (19.665 Tn/día), la CABA (5.792 Tn/día), Córdoba (3.780 Tn/día) y Santa Fe (3.525 Tn/día) son los distritos que más basura producen.

El resto de las regiones son dispares. A veces, alcanzan porcentajes superiores al 50 por ciento y otras, inferiores al 20. San Juan (58 por ciento) y Chaco (52 por ciento) sobresalen en Cuyo y el NEA. En cambio, de 17 departamentos de Tucumán, solo uno se encarga del tema (6 por ciento), mientras que en Jujuy, de 16, solo dos lo hacen (13 por ciento). Hay provincias donde el número es aún más bajo. Formosa es la única que no tiene ni un solo sistema de separación y Corrientes es la que le sigue, con el 4 por ciento.

“No hay una estrategia macro porque no hay una bajada de línea desde el Estado. Falta una logística de recolección aceitada a nivel nacional y una política pública que determine, por ejemplo, que todas las concesiones deben obligatoriamente ofrecer una recolección diferenciada y especificar dicha condición en los pliegos de licitación. Así es como los municipios terminan negociando con cada empresa”, dice el experto del Iarse, e ilustra la situación: “En la ciudad de Córdoba, hay servicios de recolección diferenciada en el norte, mientras que en la zona sur no hay nada. Hay intención de extender las prestaciones a toda la ciudad. Si esto se da en el segundo conglomerado del país, imaginate cómo es la realidad en otros sitios”. “No existe una ley nacional que impulsen la práctica de separar en origen, y mucho menos en tres partes: basura (no reciclables, residuos sanitarios, pañales y pilas), reciclables (papel, cartón, vidrio, latas y envases plásticos) y orgánicos (restos de comida, hojas y ramas)”, aclara Gill.

Que un envase sea eco-friendly no significa necesariamente que vaya a ser reciclado. Para que esto suceda, se debe separar en origen. “Es la práctica en la que se clasifican los materiales que pueden ser recuperados y los que son basura, la forma más fácil y económica de reciclar, y la más extendida en todo el mundo. Discriminar una vez que los residuos están mezclados es poco práctico y costoso”, confirman desde el MAyDS.

Hacia una cultura más sustentable

La recomposición del daño producido por los basurales y la mejora de la logística, sobre todo en el interior del país, donde no existen sistemas formales de recuperación, son las urgencias que hay que atender inmediatamente, de acuerdo a fuentes del MAyDS.

“Una vez resueltos estos dos temas, se podrá pensar en una optimización del reciclado. Para cualquier municipio, la basura significa un gasto alto. Y cualquier cambio en su gestión involucra un proceso administrativo que requiere la aprobación de los concejales. El sistema de revalorización es costoso y no termina de recuperarse la inversión”, expresan desde la cartera ambiental.

Otras de las razones que explican esta problemática son los permanentes recambios de los funcionarios a cargo de las áreas en cuestión y la falta de compromiso político y ciudadano, tal como enumeran los otros expertos consultados.

“Cualquier rotación seguida de funcionarios atenta contra una política de continuidad. Falta posicionar el tema y medir su impacto”, señala la autoridad del Iarse. Gill, por su parte, sostiene “los políticos deben tomar decisiones rápidas y eficaces, aunque muchos primero tienen que informarse, porque desconocen la problemática, para darse cuenta de que algunas medidas no sirven. La concreción de políticas públicas que excedan sus mandatos y no tengan la foto de adjudicación cuando los mismos finalicen es un ítem que debe figurar entre sus prioridades”.

Las autoridades se refieren, por ejemplo, a la Dirección General de Reciclado (DGREC), área hoy a cargo de Yamil Minakowski, que vio pasar a tres directores Generales desde que asumió Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno hace más de dos años.

“Falta responsabilidad individual, de parte de los ciudadanos y de los funcionarios, más información, políticas públicas que crezcan con el tiempo y dejen en claro cuál es la obligatoriedad, y penas para quienes las incumplan. Si cada uno hace su trabajo, podremos decir que la Argentina será un país comprometido con la lucha contra el cambio climático. Mientras tanto, hay ONGs y fundaciones que, con dedicación y sin recursos, buscan poner el tema en agenda, alcanzando, de a poco, determinados logros”, opina la titular de Doná Tu Basura.

“Los datos que manejamos evidencian que los vecinos que separan en origen no superan el 20 por ciento. Muchas de las ciudades no están preparadas para que sus habitantes realicen la clasificación, ya que hay una baja cantidad de contenedores. Hay comodidad en los ciudadanos. También existe una parte de la población que desconoce y no entiende qué es cada residuo”, apunta el profesional del Iarse. Desde el MAyDS, por su parte, comentan que hay “buena voluntad”, pero que es necesario intensificar la responsabilidad individual.

Según una encuesta reciente de prácticas verdes realizada por el Consejo Económico y Social de la CABA, el 65 por ciento de los porteños separa los residuos y el 70 por ciento cree que los demás no lo hacen. Asimismo, la investigación da cuenta que, en lo que respecta a las principales cuestiones ambientales a remediar, hay un predominio de la preocupación ciudadana sobre la basura. El 28 por ciento de los entrevistados la identifican como su principal inquietud. A su vez, el Sistema Único de Atención Ciudadana de la CABA (el número telefónico 147) recibió, en 2016, 42.439 reclamos vinculados a la higiene urbana.

Sin embargo, un sondeo realizado en 2016 por el Centro de Estudios Nuevo Milenio en la CABA concluye que solo el 23 por ciento de los encuestados separa la basura domiciliaria. Las razones que argumenta la gente sobre por qué no lo hace demuestran su poco compromiso: el 63 por ciento dice que “no tiene la costumbre” y el 27 por ciento confiesa que no separa por “falta de ganas o tiempo”. En tanto, un 10 por ciento admite que no lo hace por desconocimiento. “El trabajo comprueba que, pese a estar informados, todavía somos reticentes”, analizan desde la entidad.

Otro elemento a tener en cuenta es el valor de mercado. En muchos casos, las materias primas vírgenes tienen costos competitivos frente a las recuperadas y se convierten en la opción preferida. Por ello, el precio que obtiene el recuperador, eslabón inicial de la valorización de reciclables, no suele representar un incentivo económico. De esta manera, las tareas de separación y venta son abandonadas frente a otras actividades de mayor rentabilidad. “Cuando baja el precio del petróleo y, en consecuencia, del plástico, deja de ser negocio recuperarlo”, confirmaron fuentes en off.

La escasa infraestructura para hacerle frente al reciclado, las pocas campañas de educación en la materia y la ausencia de incentivos que premien adoptar nuevas conductas son otros factores que se agregan. “Además de que el ciudadano se compromete poco, no hay una política fuerte de contenerización ni campañas agresivas que alienten esto. Hay que multiplicar las tareas comunicacionales, que no pueden ser esporádicas, sino constantes”, específica Roca, al tiempo que menciona que la infraestructura dedicada a reciclar lo que se separa es insuficiente: “Hay que sumar más plantas, maquinarias y personas que realicen ese trabajo, haciendo hincapié en el interior del país donde los esfuerzos son aislados. Para eso, es necesario tomar la decisión política de invertir en la basura y darle la trascendencia que tiene en otros países. Al ser la CABA y la provincia de Buenos Aires los conglomerados con mayor población, deberían tener más lugares abocados a esta misión”.

“Obviamente, los sectores de mayor consumo generan más cantidad de basura, y de mejor calidad”, acota Gill, al tiempo que fuentes cercanas a la temática que prefirieron no revelar su identidad se limitan a decir: “A mayor nivel socioeconómico, más cantidad de basura se genera”. Y la CABA es el conglomerado de mayores ingresos per cápita de la Argentina.

El cierre de la cadena es un aspecto en el que es importante reparar.  “Aunque no se cubra todo el proceso, la basura reintroducida en la industria bajo distintas modalidades tiene que ser comercialmente beneficiosa y dar como resultado una renta que soporte la estructura”. Gill agrega: “Debemos asegurarnos que los productos tengan posibilidades de reinsertarse en nuevas líneas de producción”.

Hay que gestionar los residuos

Desarrollar un sistema integrado de gestión de residuos a nivel nacional no es una utopía. Las fuentes consultadas concuerdan en su viabilidad, pero recalcan su dificultad. “Es posible e indispensable hacerlo, pero no veo activo al Estado en este tema”, expresa poco optimista Roca, mientras que Gill afirma que sostener un programa transversal es arduo si no se lo acompaña con leyes municipales.

“Es complicado (argumentan desde el MAyDS) porque, en última instancia, quedará sujeto a cada jurisdicción”. En este sentido, según le adelantó dicha cartera a este medio, el gobierno Nacional trabaja en un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la gestión de residuos.

“Esperamos que se apruebe en el primer semestre de este año”, dicen desde esta órbita gubernamental. Al respecto, Gill hace mención de otra legislación que sería importante que el Congreso sancionase: “Está en Diputados la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (ERP) o Ley de Envases, tratándose en comisión. Lograr esta ley sería una manera de convertir un sistema lineal en circular, obligando a quien produce un envase a ser responsable después de su consumo y esto se sostiene con un sistema integrado de gestión a nivel país. Europa lo hace con éxito y, en América latina, Chile hace muy poco tiene la ley, pero todavía están empezando a diseñar el SIG y que sea sostenible”.

Paralelamente, fuentes oficiales del Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) de la CABA consideran que “es fundamental consensuar un mensaje de concientización y cambio cultural”. En relación a ello, afirman: “En un modelo ideal, se sugiere la intervención de un Estado que lidere el movimiento hacia una visión conjunta, considerando a la educación y la comunicación como agentes de cambio”.

Fuente: El Cronista / Foro Ambiental