Alertados por el achicamiento del Estado que planea el gobierno a futuro, el Presupuesto 2018 es un tema que preocupa a muchos sectores. Entre ellos se encuentran las organizaciones ambientalistas, quienes anticiparon que el monto asignado a la protección de los bosques nativos volverá a incumplir la Ley 26.331 –lo que ocurre por noveno ejercicio consecutivo desde su sanción en 2010– y que incluso será menor en términos nominales al de este año.

 

De acuerdo al artículo 16 de la Ley de Presupuesto enviada por el Ejecutivo al Congreso, la partida para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos se reducirá a 556,5 millones (algo menos que los 570 millones destinados en 2017), mientras que se destinará al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos otros $ 25.935.000. Esto representa una porción ínfima del financiamiento estipulado legalmente, donde se prevé que a la Ley de Bosques se le asigne el 0,3% del presupuesto total, que para 2018 se fijó en poco más de 2.904.000 millones.

“Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la ley. Sin el adecuado estímulo financiero previsto por la Ley de Bosques, las provincias se ven imposibilitadas de fortalecer, de manera apropiada, su capacidad de fiscalización, control y vigilancia”. declaró el ingeniero forestal Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina

De este modo, una herramienta clave para la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad queda desfinanciada: recibirá apenas el 6,3% de los más de 8.700 millones que le corresponderían. Ese monto debería incluir, además, el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la actividad agropecuaria y del sector forestal, una política de recaudación que este gobierno ha decidido eliminar en algunos casos o reducir progresivamente en otros (como la soja).

El achicamiento del presupuesto para la conservación de los bosques nativos es inversamente proporcional al crecimiento de los emprendimientos inmobiliarios y a la ampliación constante de la frontera agrícola, un negocio que privilegia la explotación intensiva y la rentabilidad a costa del deterioro de las napas y los humedales, hoy incapaces de hacer frente a las múltiples inundaciones que desde hace tres años azotan a más de la mitad del país.

La coyuntura en la que opera este recorte no podría ser más grave: de acuerdo al último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por su acrónimo en inglés), el 4,3% de la deforestación mundial ocurre en la Argentina, que ocupa, según Global Forest Watch, el noveno lugar entre los países que perdieron más superficie de bosques nativos en el período 2001-2014.

En consecuencia, el 21,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero registradas en el país se deben al cambio en el uso del suelo y a la gestión deficiente de bosques y montes (silvicultura), según el informe que en 2015 entregó el gobierno argentino a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

“Mientras el gobierno de turno desoye el pedido de la sociedad, la deforestación continúa, se pierden bosques, biodiversidad, servicios ambientales y oportunidades de un real desarrollo sustentable”, señaló Jaramillo.

Fuente: Foro Ambiental