Sancionada en 2007, la Ley de Bosques pretende proteger los bosques nativos de desmontes a mansalva. Resulta insuficiente. Hay que avanzar hacia la sanción de una ley que los considere delito penal

 

Tratemos de imaginar que ciudades como Los Ángeles, Tokio o Madrid un día dejan de existir y que en su lugar se extienden largos campos con soja, maíz o girasol. Supongamos, también, que las poblaciones que allí viven quedan confinadas en un pequeño territorio contaminado. Parece una película post-apocalíptica difícil de creer. Sin embargo, es lo que ocurre con los bosques nativos de Argentina desde hace ocho años, en los que ya se han perdido 750.000 hectáreas. La superficie es comparable a cualquiera de las ciudades citadas o a la cantidad de tierra productiva de la zona centro del país que se inundó en 2017 por, entre otras causas, ese mismo desmonte.

A fines de noviembre pasado, la organización ecologista Greenpeace elaboró un informe al cumplirse diez años de la sanción de la Ley de Bosques. Se basó en imágenes satelitales e información oficial que dan cuenta de esa depredación, que el ministerio de Ambiente no niega. Las cifras hablan de la vulnerabilidad de los ecosistemas argentinos ante el avance de la frontera agrícola y ganadera, el problema es especialmente grave en la selva chaqueña, en el noroeste del país.

“La región chaqueña está conformada por las cuatro provincias con mayor cantidad de bosques (Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco) y son las que todavía tienen tierras con mayor aptitud agrícola o ganadera. Se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, dice Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable en el Ministerio de Ambiente de la Nación.

El funcionario, ex Director General de Vida Silvestre, explica que “son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria”. Una de las razones, según él, es que “se generó un sector foresto industrial con muchos problemas de informalidad, falta de valor agregado y baja eficiencia en el uso del recurso”.

Lapachos, quebrachos y algarrobos, especies que tardan 40 años en alcanzar su madurez, ceden su espacio al oro verde. “El bajo precio de la tierra es el cebo”, explica Hernán Giardini, director de la campaña de bosques de Greenpeace, y completa: “Mientras que una hectárea en la zona pampeana (una de las regiones más fértiles del mundo) oscila entre 10.000 y 15.000 dólares, en la zona norte, una hectárea con bosque está entre 300 y 500 dólares. Otros 500 dólares por hectárea se van en la deforestación y es por eso que algunas fincas ocupan 10.000 hectáreas, o sea, media ciudad de Buenos Aires”.

La protección de los bosques nativos nunca fue un tema prioritario en Argentina, al punto que la tutela corre por cuenta de cada provincia. El año pasado, el actual ministro de Ambiente, Sergio Bergman, hizo el ridículo cuando pidió “rezar” como medida más útil para evitar los incendios forestales. El kirchnerismo, en tanto, retiró en 2010 la mitad del presupuesto para la conservación y lo destinó a Fútbol Para Todos, el ahora ex programa de televisación gratuita de la Liga Argentina de Futbol. Hoy se destina apenas el 6% de lo que exige la ley sancionada hace una década, y que algunas provincias desconocen.

Para Moreno “es la primera vez que Argentina tiene un instrumento como el ordenamiento territorial implementado en las provincias del país. Más de 50 millones de hectáreas, la superficie nativa total, están ordenadas según su categorización ambiental”. Pero más allá de las palabras del funcionario, la realidad hoy muestra otra cosa. Detrás de muchas de las actualizaciones de ordenamiento territorial que las provincias deben hacer cada cinco años, se han reducido espacios protegidos y flexibilizado controles en función de proyectos extractivistas y negocios inmobiliarios.

“Muchos gobiernos provinciales sacaron leyes inferiores a la ley nacional para permitir los desmontes. Es una forma de legalizar la ilegalidad”, analiza Giardini.

En esa misma línea, Moreno apunta que “hay provincias que funcionan muy bien y otras con las que tenemos una relación más compleja. Hay casos como el de Salta que, por medio de decretos, ordenó la recategorización de predios y el ministerio considera que son contrarias a la ley de bosques. Estamos conversando para resolverlo”.

A pesar de afrontar desfinanciaciones constantes y despertar poco interés dentro del seno gubernamental, la Ley de Bosques es el principal instrumento de política pública que tiene el país para conservar sus bosques. Antes de la sanción, se desmontaba a razón de 300.000 hectáreas por año. Ese número disminuyó durante los últimos tres años: 190.589 hectáreas en 2014; 157.947 hectáreas durante 2015; y 136.473 hectáreas en 2016. Con todo, Argentina permanece entre los diez países que más árboles talaron en el último cuarto de siglo, con 7,6 millones de hectáreas de bosques nativos. La misma superficie que toda República Checa.

“O incrementas el cultivo de soja o cumplís con la Ley de Bosques”, plantea Giardini, y cierra: “Muchas veces las multas que se aplican por talar son irrisorias y muy menor a las ganancias que deja la soja. Entonces, necesitamos un debate en el Congreso donde se considere delito penal la deforestación, porque, si se resuelve con dinero, pasa a formar parte de la inversión”.

Fuente: Foro Ambiental / El País