El trabajo, hecho por la Universidad de San Juan, cuenta los cambios ambientales que las minas Veladero y Pascua Lama causaron en los Andes desérticos durante los últimos 17 años

 

Después de la megaminería, ningún territorio vuelve a ser igual. Para dimensionar el impacto que las minas Veladero y Pascua Lama de Barrick Gold generaron en el ambiente glaciar y periglaciar de los Andes desérticos, tres investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizaron un estudio comparativo de imágenes aéreas sobre los cambios que hubo durante los últimos 17 años.

“El impacto es pronunciado. Los glaciares y manchones de nieve han sufrido importantes retrocesos durante los últimos 17 años, de tal manera que un significativo número de manchones de nieve permanente han desaparecido. Mientras que el ambiente periglacial, por estar más ampliamente desarrollado en la zona, ha sufrido la mayor cantidad de afectaciones”, afirmó la glacióloga Ana Paula Forte, integrante del equipo.

Según la investigadora y los otros responsables del trabajo, Cristian Villarroel y Flavia Tejada, la minería ha intervenido claramente en el ambiente glacial y periglacial, afectando parte de las nacientes de uno de los dos principales recursos hidrológicos que es el río Jáchal. En esa línea, sostiene que la sola instalación de las minas ya implicó cambios en los cursos hídricos de la región, y que ese impacto no ha sido evaluado por un estudio serio tanto en los caudales como en la hidroquímica del agua.

A través de imágenes satelitales, los especialistas observaron distintas intervenciones sobre el ambiente glaciar y periglaciar a partir de la instalación y desarrollo de la actividad extractiva. En primer lugar, registraron que el proyecto minero está ubicado sobre una zona donde se desarrolla permafrost, es decir, sobre un suelo que permanece por debajo de 0°c por dos años consecutivos.

Constataron, por otro lado, que la zona donde se ha realizado la extracción de mineral (open pit) se encuentra sobre áreas donde previamente existían procesos físicos característicos del ambiente glaciar y periglacial; que las escombreras (enormes masas de material estéril) se ubican sobre laderas con procesos de solifluxión, y que los caminos de tierra para el paso de camiones intervinieron geoformas glaciares y periglaciares.

Los integrantes del equipo, que también son becarios del CONICET, realizaron el estudio de forma independiente y en diálogo con la Asamblea Jáchal No Se Toca, que denuncia desde hace años el desarrollo de la minería a cielo abierto en una región donde se despliega un ambiente de tipo glaciar y periglaciar, y que, además, se encuentra en las nacientes de la cuenca del río Jáchal, que es el curso hídrico más importante para las poblaciones del norte de la provincia de San Juan.

Recientemente, el estudio aportó datos para la causa que investiga el incumplimiento de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial por parte de ex funcionarios del Estado, entre ellos, el ex director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA), Ricardo Villalba, que fue procesado el pasado 28 de noviembre junto a tres ex secretarios de Ambiente de la Nación (Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso).

Para el juez Sebastián Casanello, que lleva adelante la causa, Villalba no cumplió en tiempo y forma con el Inventario Nacional de Glaciares, instrumento indispensable para conocer los cuerpos de agua a proteger, que tendría que haber sido presentado en marzo de 2011 para aquellas zonas consideradas “prioritarias”, pero que, cuando ocurrió el primer derrame de cianuro de la empresa Barrick Gold, en septiembre de 2015, todavía no se había terminado.

La metodología del registro de geoformas también despertó la polémica por haber excluido a los glaciares de menos de una hectárea y a las geoformas características del ambiente periglaciar. Sin embargo, el Doctor Villalba argumentó que se basó en estándares internacionales de mapeo de glaciares, y que las pequeñas geoformas no se comportan como reservas hídricas relevantes.

Al respecto, Forte sostuvo: “El hecho de que los glaciares de menos de una hectárea no puedan ser estimados como reservas hídricas no tiene ningún sustento científico. Hay muchas geoformas pequeñas y dudo que no tengan un aporte hidrológico. En efecto, he visto trabajos que demuestran su importancia en otras partes del mundo. Vale la pena realizar un trabajo así acá también”.

La glacióloga explica que, en la región en disputa, se despliegan los Andes Desérticos, partes de la cordillera sometidas a alta radiación solar, escasas precipitaciones y extrema aridez. Aquí, los glaciares se caracterizan por ser fríos, secos y pequeños, las bajas temperaturas hacen que el movimiento del hielo sea lento y que se encuentren expuestos durante prolongados periodos de tiempo a intensas radiaciones solares. Estas geoformas cumplen la función de reservorio para las dos cuencas hídricas que nacen allí: Jáchal y San Juan.

Los estándares internacionales a los que refiere Villalba, como el empleado por el proyecto GLIMS (Global Land Ice Measurements from Space), tienen como objetivo medir el impacto del cambio climático a escala global en grandes masas de hielo. Según Forte, estos patrones debieran discutirse en escenarios locales como San Juan, en los que cada cuerpo de agua cobra relevancia.

En este contexto, la exclusión de este tipo de geoformas resulta incongruente con los fines de la ley. “En lugares como la Patagonia y los Alpes –ejemplifica Forte– se aplican metodologías de inventario en los que se registran glaciares mayores a una hectárea, allí es razonable porque se trata de ambientes húmedos con glaciares enormes. En cambio, los ambientes áridos se caracterizan por tener muchas geoformas menores y un mayor desarrollo de ambiente periglacial”.

Si bien Forte indica que el trabajo que realizó IANIGLA es muy valioso como puntapié, ya que se trata del primer inventario de glaciares y geoformas periglaciares que se realiza en muchas regiones del país, expresa que la ley de presupuestos mínimos no puede limitar su aplicación a lo registrado hasta ahora, cuando todas las geoformas del ambiente glacial y periglacial deberían ser incluidas, sin importar sus dimensiones.

“Estoy segura de que las cosas hubieran sido diferentes si no se hubiese concentrado toda la labor en un solo grupo de trabajo, ya que cada ambiente es particular; no es lo mismo el ambiente cordillerano en el noroeste argentino (Andes Desérticos), que la región de Cuyo (Andes Centrales) o los Andes húmedos patagónicos. Cada ambiente tiene sus propias geoformas y cada población sus prioridades, creo que ese era el espíritu de la ley”, reflexionó la investigadora.

El fallo del juez Casanello, que también contó con los aportes de la Asamblea Jáchal No Se Toca y de los abogados ambientalistas Enrique Viale y Diego Seguí, sostiene que, de haberse cumplido la ley, los sucesivos derrames de cianuro de Barrick Gold podrían haberse evitado (entre ellos el de setiembre de 2015, considerado “el mayor desastre ambiental de la historia minera de la Argentina”), al igual que la actividad extractiva en esa región.

Para Forte, en ese sentido, el mayor problema está en la presión de los intereses económicos sobre organismos de control y aplicación de las leyes, y en la falta de diálogo con las comunidades y sus necesidades.

El Gobierno apuesta a la contaminación

A pesar de los males comprobados que la megaminería ha causado en el medio ambiente de todas aquellas regiones del país en donde se ha radicado, el Gobierno cuenta con un plan para que la actividad se profundice más aún.

Una de las primeras medidas que el presidente Mauricio Macri tomó, ni bien obtuvo el poder, fue quitarles las retenciones a las mineras. Luego, con el apoyo de casi la totalidad de los gobiernos provinciales, anunció el Nuevo Acuerdo Federal Minero, para reimpulsar la llegada de inversiones. Pero ahora, el paso sería mucho mayor: a la espera de la llegada del 2018, la intención es destruir el espíritu de la Ley de Glaciares a través de una reglamentación que desvirtúe la definición de glaciar y allane el camino para la instalación de mineras en zonas prohibidas.

En su momento, el Gobierno prometió 20 mil millones de dólares en inversiones mineras. El documento habla de más de 25 mil millones de dólares de inversiones potenciales, pero sabe (y sabía Macri cuando hizo el anuncio) que no menos 16.360 millones sólo llegarían si las condiciones internacionales y locales lo permiten, y si la ley de glaciares deja de existir.

De acuerdo a una serie de documentos diseñados por el propio Ejecutivo, cuya existencia reveló el periodista Juan Parrilla en Infobae, hay una lista de proyectos mineros “en conflicto” o “potencialmente conflictivos” por estar en zonas de glaciares o periglaciares que buscarán ser destrabados para garantizar las inversiones.

En primer lugar, están los que se encuentran en San Juan. Ellos son Altar, Pascua Lama, Los Azules y Pachón. Esta provincia, la más afectada por la megaminería, hoy es el principal objetivo del Gobierno. Las inversiones que allí estima para los próximos años son de 10 mil millones de dólares, sin embargo, aún están lejos de que se concreten. Además de la violación de la ley, Pascua Lama fue frenado por la Justicia chilena por contaminar dos glaciares y Pachón está absolutamente paralizado y en medio de un conflicto binacional con Chile por la escombrera de una minera trasandina que contaminó lagos y secó vegas en Argentina, entre otros incidentes ambientales.

En segundo orden, hay otros tres proyectos por 6.360 millones de dólares, con «potencial conflicto» con la ley de glaciares, debido a que se corresponden a lugares que todavía no fueron inventariados. En otras palabras, se trata de zonas que una vez que sean incluidas en el inventario de glaciares deberán ser protegidas. Estos proyectos son en las minas de Agua Rica, en Catamarca, donde esperan dar continuidad a Bajo La Alumbrera, el primer proyecto minero a gran escala del país (y también salpicado por hechos de contaminación y hasta de corrupción); y en las de Del Carmen y Constelación, en San Juan. El primero es la nueva apuesta de la conflictiva Barrick Gold, mientras que el segundo afectará directamente al glaciar El Potro, uno de los más grandes de Sudamérica.

Si hay algo que queda claro en estos documentos es el afán de la Secretaría de Minería de «ir por todo», lejos de la posición mucho más medida –pero a favor de la reglamentación– del Ministerio de Ambiente. Es lógico: el secretario de Minería es Daniel Meilán, un emblema del esquema minero libre de impuestos promovido durante el menemismo y un crítico de las leyes a favor del medio ambiente que, dice, carecen de sustento. Por caso, tampoco estaría de acuerdo con reglamentar las herramientas vinculadas al desarrollo sustentable, como pretende el Ministerio de Ambiente.

El documento filtrado, de acuerdo a Parilla, plantea una estrategia que luego se ve plasmada en el borrador de reglamentación. Aunque hay algunas cuestiones muy técnicas, hay recomendaciones muy concretas. La primera idea es excluir a los llamados glaciares de escombro del ambiente periglacial, que está protegido por la ley y que el IANIGLA incluyó en las cuencas del inventario que ya fueron publicadas.

En el documento se explica expresamente cómo hacer «para exceptuarlos del área a proteger». Para ello, la Secretaría de Energía propuso incluir un requisito extra para que sean resguardados por la ley: contar con un «Estudio de Significancia Hídrica», que parecería que en el Ministerio de Ambiente, al menos en un principio, no están de acuerdo con exigir. Lo mismo se propuso para los glaciaretes, que son parte del ambiente glaciar protegido por ley. Es decir, la intención es que para que los glaciares y el ambiente periglaciar sean protegidos se debe demostrar que son «recurso hídrico estratégico», algo que la ley no exige.

Muy lejos de esa interpretación maniquea, la norma actual define a todos los glaciares y al ambiente periglaciar, como recursos estratégicos e incluso aclara que no es la única finalidad de protección: también hay que resguardarlos «para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico». En resumen, por más que se demuestre que un glaciar no tiene «significancia hídrica», aún así está protegido por ley. Daniel Meilán y su equipo, entonces, quieren reducir a uno sólo los seis objetivos de la ley propuestos por el Congreso nacional.

«Algunos glaciares de escombro tienen en la nariz un arroyito que nace de ellos. Estos caudales se pueden medir. Pero hay glaciares de escombro que no tienen estos arroyos, porque el agua de ellos se va en forma subterránea, aflorando varios kilómetros abajo. Así, el proyecto dejará afuera a estos glaciares de escombro que cumplen su importante función hidrológica», explicó el abogado Seguí, que encabeza la querella junto a Viale.

Esta interpretación sesgada de la ley se ve mucho más clara cuando se analiza el borrador de la reglamentación. Por ejemplo, el Gobierno pretende proteger, solamente, a los glaciares que tengan más de una hectárea, pese a que la ley aclara expresamente que quedan resguardados todos los glaciares «cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación». De esta forma, por ejemplo, quedaría afuera del inventario el glaciar binacional Toro 1, que tiene poco más de 700 metros cuadrados del lado argentino de la frontera y sobre el cual está diseñado el rajo del proyecto Pascua Lama. Ese glaciar ya fue contaminado por Barrick Gold.

No obstante, lo más curioso es que el IANIGLA ya había decidido utilizar ese criterio, lo cual demuestra que la decisión de las autoridades a cargo del inventario no fue basada en ningún aspecto legal. Pero, además, como aclaró Seguí, «cualquier geoforma que tiene dimensión inferior a una hectárea también cumple una función hídrica, y de hecho en ambientes áridos, como la cordillera andina central, es normal que esos cuerpos sean pequeños, lo que se compensa con la gran cantidad que hay».

Por último, Parrilla hizo referencia a enorme cantidad de recursos que el Estado ha destinado para desarticular la Ley de Glaciares. Son los abogados y equipos técnicos del Poder Ejecutivo los que realizaron el trabajo de las mineras. Más allá de la gravedad ambiental que implica, resulta curioso que este sea el esquema de desarrollo promovido por el Gobierno. Si bien la minería se suele publicitar como un “motor de progreso y empleo”, las zonas mineras –en todo el mundo– son las que peores indicadores tienen.

Argentina, claramente, no es la excepción. El mayor desempleo de San Juan está en los cinco departamentos con proyectos mineros. Es más: las provincias con minería a cielo abierto, como Catamarca, San Juan y Santa Cruz, son de las que peores indicadores socioeconómicos tienen del país. Entonces, ¿qué hay detrás?

Fuente: Foro Ambiental / Agencia CTyS / Infobae