Salta: Greenpeace denuncia un nuevo desmonte ilegal en la finca Cuchuy

Desde fines de enero, el empresario rural arrasó otras 300 hectáreas de bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. Desde Greenpeace responsabilizan al gobernador Urtubey.

 

Alejandro Braun Peña no se resigna. Greenpeace denunció que el terrateniente volvió a desmontar más bosques en la finca Cuchuy, pese a que el Gobierno de Salta le ordenó que detenga las topadoras, luego de recibir una intimación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

“Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques. Primero consiguió un permiso completamente ilegal del gobierno de Juan Manuel Urtubey y ahora, a pesar de las dos resoluciones, tanto de la provincia como de la nación, sigue desmontando de manera ilegal”, aseguró Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

Los miembros de la organización ambientalista, que detectaron la continuidad de los desmontes luego de sobrevolar la región, calculan que desde el 24 de enero (fecha en la que el gobierno provincial suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos que había autorizado) Braun Peña arrasó con unas 300 hectáreas protegidas por la Ley de Bosque, las cuales se suman a las más de 5 mil que ya había deforestado en la finca.

“Quien debe hacer cumplir este tipo de medidas es el gobierno provincial. Urtubey es responsable de no controlar, y, además, debería ahora de manera urgente multar a Braun Peña de manera ejemplificadora para el resto de los terratenientes que están arrasando también con los bosques, como para que ninguno se anime a violar esta resolución que frenó a 32 fincas que pretendían desmontar a los bosques protegidos”, agregó el activista.

La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco, que integra la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, de acuerdo al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, lo que implica que no se permiten ningún tipo desmontes.

La Resolución 56/2018, firmada por el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, fue publicada en el Boletín Oficial, estableció que los decretos provinciales 2211/10 y 3136/10, mediante los cuales el gobierno salteño había permitido rezonificar las regiones protegidas por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN), eran incompatibles con la Ley Nacional de Bosques. A partir de esos dos decretos, el gobierno de Urtubey había habilitado el desmonte en 32 fincas por pedido de los empresarios sojeros, que sumaban un total de 144.984 hectáreas de bosque protegido por la ley.

En la resolución, el Ministerio de Ambiente resolvió “instar a la autoridad local de aplicación de la Provincia de Salta a suspender los efectos de las autorizaciones respecto de los predios alcanzados pendientes de desmonte”. Como respuesta a la medida, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable salteño anunció al día siguiente en un comunicado que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados”, y explicitó que “en este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy”.

“Esperemos que el gobierno de Urtubey caiga con todo el rigor sobre estos terratenientes que no cumplen la ley de bosques. Lo de Braun Peña es insólito porque la propia provincia le había ordenado frenar”, afirmó Giardini. El activista señaló que “es hora de que Urtubey cancele los permisos que originalmente otorgó, porque la provincia de Salta lo que ha hecho hasta ahora es suspender la ejecución”. Sumado a esto, apuntó que “para frenar efectivamente los desmontes necesitamos que la deforestación sea un delito penal; no alcanzan las multas ni las resoluciones, ningún tipo de medida de los gobiernos es suficiente para que estos terratenientes voraces frenen la destrucción de los bosques”.

Los desmontes ilegales de Braun Peña (primo de Marcos Peña Jefe de Gabinete de la Nación e integrante de varias empresas de la familia Macri) salieron a la luz en 2014. Ese año Greenpeace comenzó a denunciar los desmontes y sufrió la detención de algunos de sus activistas por querer evitar el avance de las tareas, que continuaron su marcha. A pesar de una breve pausa, en diciembre pasado las topadoras volvieron y arrasaron cerca de 900 hectáreas más de bosques nativos. Como respuesta, la organización ecologista volvió a frenar el accionar de las máquinas y lo documentó a través de un video que fue visto por más de 10 millones de personas.

Giardini, por otra parte, aseguró que de concretarse el desmonte de las hectáreas restantes de la finca también se violaría la Ley de Territorios Indígenas, ya que viven 17 familias wichi y “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”.

El referente de Greenpeace explicó que “estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”.

Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”.

Fuente: Foro Ambiental