Luego del escándalo y las denuncias, el gobernador Urtubey debió dar marcha atrás y quitó la autorización para desmontar los bosques nativos en la finca Cuchuy   

 

Parece que Alejandro Jaime Braun Peña esta vez no se saldrá con la suya. Tras las denuncias de Greenpeace, el Ministerio de Ambiente de Nación decidió anular los permisos que el Gobierno de Salta le había dado al terrateniente para desmontar en la finca Cuchuy, la cual se encuentra dentro de un área protegida por la Ley de Bosques.

“Celebramos que tomen la decisión de defender a los bosques y su gente. Se estaba cometiendo un crimen y violando impunemente la Ley de Bosques, y la casa, el almacén y la farmacia de comunidades indígenas. Gracias a la presión de la gente, Braun Peña deberá sacar ya a las topadoras del bosque”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.

El caso se hizo público en 2014, cuando Greenpeace denunció los desmontes y sufrió la detención de algunos de sus activistas por querer evitar el avance de las tareas, que continuaron su marcha. A pesar de una breve pausa, en diciembre pasado las topadoras volvieron y arrasaron cerca de 900 hectáreas más de bosques nativos. Como respuesta, la organización ecologista volvió a frenar el accionar de las máquinas y lo documentó a través de un video que fue visto por más de 10 millones de personas.

La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosques nativos de la ecoregión del Chaco Seco, que integra la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, de acuerdo al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, lo que implica que no se permiten ningún tipo desmontes. Pese a esto, de acuerdo a un informe presentado por Greenpeace, allí se removieron 2.264 hectáreas en 2014, 378 en 2015, 1.141 en 2016, y unas 400 hectáreas más en 2017.  

Giardini aseguró que la idea de Braun Peña incluía desmontar las hectáreas restantes de la finca y que de esa forma también hubiera violado la Ley de Territorios Indígenas ya que “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte, en donde viven cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja. Si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”.

“Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, manifestó.

Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están “limpios”, añadió.

Tras la resolución nacional, que fue publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta tuvo que dar el brazo a torcer y “suspender la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados”.

“La medida insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo. En este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy”, afirmó la cartera provincial en un comunicado.

Aunque la decisión fue celebrada por los ecologistas, desde Greenpeace señalaron que el dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña, primo de Marcos Peña (Jefe de Gabinete de la Nación) e integrante de varias empresas de la familia Macri, amenazó a la organización e inició acciones legales para dar marcha atrás a la disposición.

Por una Ley de Delitos Forestales

Según Giardini, bajo la legislación nacional actual, la deforestación ilegal en Argentina sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur.

“Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini.

Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmonte ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios” detalló, y acusó que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña del radicalismo María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.

Fuente: Foro Ambiental