La Justicia pidió explicaciones a YPF. La petrolera estatal tendrá que contar los impactos ambientales de la actividad que desarrolla en Vaca Muerta, el yacimiento de petróleo no convencional más importante de América Latina. El fallo fue dictado por el juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires, que dio lugar a un reclamo de FARN sobre el acceso a la información pública.

«Es un hito más dentro de la batalla por la transparencia de actividades que pueden causar impactos en el ambiente y en la salud de la población. Pedir información sobre cómo se desarrollan las actividades es una de las prioridades que deberían existir entre las empresas y las autoridades es llevar información y tranquilidad a la población. Hoy se gastan millones de dólares en programas de TV, en distintos medios para explicar las bondades de Vaca Muerta y no se gasta un solo peso en establecer transparencia, y lo que se busca es sancionar leyes que impidan la transparencia y que la población no se entere ni conozca la información», indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN.

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De acuerdo a la jueza Cecilia De Negre, en este caso existe la total validez, vigencia y preeminencia de la Ley Nº 25.831 de Acceso a Información Pública Ambiental. Además, determinó que no cuenta con ninguna cláusula que restrinja a la población el acceso a la información pública sobre actividades desarrolladas por las industrias y sus posibles impactos en la salud y el ambiente.

Hace dos años FARN presentó dos pedidos de acceso a la información con varios puntos.  Entre ellos, se destacan la cantidad de pozos que se explotan, las condiciones en que se realiza la actividad, el detalle de los informes de impacto ambiental presentados, la cantidad de agua que se utiliza para realizar la fractura hidráulica así como también los químicos y las compañías que lo realizan, los incidentes industriales (como derrames), entre otros.

«Vamos a seguir bregando por que todas las empresas que tienen impacto en el ambiente, tanto YPF como explotaciones mineras y las empresas que fabrican agroquímicos, brinden información y estén en la misma condición que cualquier otra persona», agregó Nápoli.

Las autoridades de YPF, por su parte, ya adelantaron que apelarán la sentencia. La petrolera, con 51% de participación estatal, respondió mediante un comunicado: «La empresa planea apelar por considerar que el mismo se aparta del marco legal vigente, tanto en lo que hace a la naturaleza jurídica de YPF S.A., como en lo relativo a la información pública ambiental. Por fuera de las particularidades de este caso, YPF tiene como política de comunicación mantener informados a los distintos públicos de interés de la compañía, tanto sobre su sistema de gestión ambiental y su desempeño, así como sobre cualquier evento ambiental de relevancia que ocurriera en el marco de sus operaciones».

YPF también dijo que «cuenta no sólo con la información enviada a medios de comunicación, sino con su Reporte de Sustentabilidad basado en las más exigentes normas y estándares internacionales». Y, además, «brinda la información pertinente de manera regular y asidua a los organismos de aplicación y control de los tres niveles de gobierno según sea el caso, cumpliendo con todas las obligaciones que fijan las leyes que regulan su actividad y operando según estándares altos y exigentes en materia ambiental».

Desde FARN, sin embargo, indicaron que del mismo modo que se brindan estos detalles a las autoridades, debería ser de acceso público esa información. «Este fallo es el primero en Argentina que brinda reconocimiento y validez al Acuerdo de Escazú, pionero en América Latina y el Caribe en lo referido a proteger, promover y garantizar el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en temas ambientales, y del cual nuestro país es parte. Asimismo, se trata de uno de los primeros casos de acceso a la información vinculado a temas ambientales que involucra a una petrolera luego de que el Congreso sancionara la Ley de Acceso a la Información Pública, que crea una excepción al derecho para mantener en secreto la información referida a empresas que cotizan en bolsa», agregaron en la ONG.

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Los acuerdos y la información secreta en Vaca Muerta tiene una larga historia. Una de los primeros capítulos ocurrió con el acuerdo que se firmó entre YPF y la americana Chevron, causa que llegó hasta la Corte Suprema que ordenó que se revelara por considerarlo de interés público. Rubén Giustiniani, por entonces senador nacional por el socialismo y actual diputado de Santa Fe, inició una causa judicial porque YPF se negaba a dar a conocer el acuerdo. La empresa alegaba que el decreto 1172/2003 de acceso a la información pública no la alcanza y que su difusión podría violar acuerdos comerciales que se comprometió a mantener en secreto. La confidencialidad fue avalada primero por el gobierno de Cristina Kirchner y luego por el de Mauricio Macri.

Fuentes:

– Infobae / Laura Rocha

– Foro Ambiental