La Amazonía es una de las regiones que resguarda buena parte de la biodiversidad del planeta. Por esta misma razón, también ha sido víctima del avance de diversas actividades extractivas, el descontrol y la violencia, que atentan contra su bienestar y la salud de sus pobladores. En la parte de la selva que se encuentra dentro del Perú, hoy hay casi 400 comunidades que sobreviven a sucesivos derrames de petróleo, altos niveles de pobreza (del 45% al 59%), desnutrición crónica y falta de acceso a servicios de salud y educación.

En marzo de 2015, el Gobierno de Perú prometió realizar un estudio toxicológico de la población y tres años después se han conocido resultados preliminares: los habitantes de cuatro cuencas de la selva norte tienen en el organismo plomo, cadmio, mercurio y otros metales pesados. Durante un foro realizado recientemente, los apus (líderes de las comunidades originarias) exigieron al Estado atención sanitaria urgente, ya que sus fuentes de alimentación también están contaminadas.

Ermilda Tapuy, representante de la etnia kichwa de la cuenca del río Tigre, en la región de Loreto, explicó la dramática situación. “Mis cosechas de papaya y cocona ya no son buenas. Los productos como el plátano y la yuca se quedan a medio crecer y mueren; desde la raíz se pudren. Así como mis sembríos mueren, quizá también morirán mis hijos sin conocer el desarrollo: el petróleo trae desarrollo a los gobiernos, no a las comunidades”.

Los derrames comenzaron durante 2014 en el Oleoducto Norperuano, una infraestructura de 48 años de antigüedad y con más de 800 kilómetros de longitud de la estatal PetroPerú, con deficiencias de mantenimiento, de acuerdo con las propias autoridades. Un informe elaborado en mayo por el regulador Osinergmin para la Defensoría del Pueblo indicó que la mitad de las 51 fugas de crudo ocurridas entre 1997 y marzo del año pasado son responsabilidad de terceros, el 16% tienen origen en procesos de corrosión y un 2%, en fallos operativos de la petrolera.

Realidades que se tapan con controles permisivos 

El estudio toxicológico realizado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), dependiente del Ministerio de Salud peruano, se basa en muestras de sangre y orina de 1.168 personas en 39 comunidades de las cuencas de los ríos Corrientes, Marañón, Pastaza y Tigre. Además, con la colaboración de las cuatro federaciones indígenas y familias y el apoyo de una agencia de Naciones Unidas, los especialistas recabaron muestras de aire, tierra agrícola, suelos domésticos, agua de consumo, peces y alimentos.

Más de la mitad de los niños de la muestra tomada en las cuatro cuencas tienen niveles superiores a los aceptables de arsénico en la orina.

Tomando como referencia los estándares internacionales, el 57% de las personas tiene niveles superiores a lo permitido de plomo en la sangre (menos de 5 microgramos por decilitro). Sin embargo, existe otro problema: la norma peruana es más permisiva y su referencia es 10 microgramos de plomo por decilitro para niños y 20 microgramos para adultos.

Por este motivo, al aplicar el parámetro nacional las cifras cambian, el 22% de niños menores de 12 años y el 10% de la población de las cuencas afectadas por el crudo viven con niveles inaceptables para la salud. Tamy Okamoto, asesora de los dirigentes de las cuatro cuencas, precisó que los valores referenciales de Perú “no son aceptados por la comunidad científica”.

Además, un 26% de los adultos y un 22% de los niños presentan mercurio en la sangre en valores mayores al permitido, según la norma peruana de 5 microgramos de mercurio por gramo de creatinina excretada. La contaminación por mercurio tiene consecuencias en el sistema nervioso central, en especial en los niños y mujeres embarazadas.

“El olor fuerte (del petróleo) nos afectó la cabeza, hemos sufrido porque nos daba vueltas la cabeza. Los que han quedado peor han sido los niños, actualmente están con dolor de hígado”, explica en un documental una mujer de la etnia awajún del centro poblado de Chiriaco, región Amazonas, donde hubo un derrame de más de 7.000 barriles de crudo a inicios de 2016, ocasionado por corrosión y falta de mantenimiento, según la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

El reclamo por la atención en salud

“Las plantas que sembramos, el aire que respiramos, el agua que tomamos, y nuestro cuerpo están contaminados y no nos creían. Son 250 comunidades contaminadas en la cuenca del río Marañón y ¿qué solución tiene el Gobierno?”, afirmó el apu Alfonso López, líder de la etnia kukama de San Pedro de Tipishica.

El representante del Ministerio de Salud, José Bernabé, señaló que algunas brigadas de trabajadores de salud van a las cuencas pero que a veces no pueden ingresar a las comunidades por no haber coordinado previamente con las autoridades. Sin embargo, el presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, Carlos Sandi, respondió que los puestos de salud “están abandonados en equipamiento y sin medicinas” y las brigadas de salud “solo van por cumplir y entran sin coordinar con nosotros”.

“Pero vamos a seguir enseñándole al Estado a dialogar, a respetar y asumir responsabilidades. Nos da mucha preocupación por nuestros hijos enfermos, nosotros mismos estamos enfermos, el Estado hasta ahora nos da la espalda”, acotó.

El apu Igler Sandi, dirigente de los pueblos amazónicos kichwas fronterizos de Perú y Ecuador, añadió que si no hubieran sido vulnerados por la explotación petrolera, no estarían ahora pidiendo atención del Estado. “El Ministerio nos dice que no comamos pescado o evitemos las vísceras de los peces porque ahí se acumulan los metales pesados, pero hasta el momento no nos ha dicho con qué medicamentos nos van a curar, ingresan a nuestras comunidades y no dan ninguna solución al problema”.

El 28 de noviembre, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que en diciembre una empresa canadiense empezará la explotación de otro lote petrolero en la misma región, Loreto. El día anterior, PetroPerú informó de un nuevo derrame de crudo a 500 metros de la comunidad indígena de Mayuriaga en Loreto: el cálculo fue de 8.000 barriles vertidos en la zona que aún no se recupera de emergencias anteriores.

Fuentes: 

– El País 

– Foro Ambiental