El Trébol, empresa clave en el avance del fracking en Mendoza, ahora pretende explotar un yacimiento

La petrolera solicitó la concesión para el área Puesto Rojas en el yacimiento del Cerro Pencal. El subsecretario de Energía y Minería de la provincia, confirmó que está en evaluación el pedido.

 

Mendoza vive tiempos turbulentos en materia ambiental. Luego de que el gobierno provincial autorizara la técnica del fracking para explotar hidrocarburos no convencionales, la petrolera El Trébol ya anunció que pretende quedarse con el Yacimiento de Puesto Rojas –una de las reservas hidrocarburíferas más importantes de la región–, en el área de Cerro Pencal, cerca de Malargüe.

El Trébol (perteneciente a Petsa, subsidiaria de la compañía suiza Mercuria) ha sido un factor clave para el avance del fracking en la provincia. Meses antes de que la iniciativa fuera aprobada por decreto, el gobierno hizo que la compañía llevara adelante una “serie de pruebas piloto” en cuatro pozos petroleros de Malargüe, con la intención de impulsar la actividad y promocionar la zona como un punto próspero para la llegada de inversiones. “Mendoza tiene el mejor clima de negocios para el desarrollo del petróleo no convencional” sostuvo el gobernador, Alfredo Cornejo, en el marco de la última Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Mientras está en marcha la prueba piloto, donde efectivamente ya se halló no convencional, estamos estudiando la inversión prevista que se podría ejecutar en un período de unos 35 años. Las concesiones en no convencional son por más tiempo, por el riesgo y los elevados montos de inversión que se necesitan en esta variante de la producción de petróleo”, afirmó Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería de la provincial.
De acuerdo a lo informado oficialmente, El Trébol ya desembolsó 70 millones de dólares hasta el momento. “Si estos pozos llegan a alcanzar su máximo rendimiento, a lo largo de varios años, podemos estar hablando de una inversión de mil millones de dólares”, proyectó el funcionario.
Marcelo Romano, abogado ambientalista y senador electo (Partido Intransigente), asegura que el decreto del Gobierno de Mendoza no respeta la ley ambiental 5.961. “Lo que necesitamos ahora es que la Legislatura dé a luz un nuevo proyecto de ley que comprenda todos los presupuestos mínimos de protección ambiental que no se han tenido en cuenta”, dijo.
Asimismo, adelantó que junto con los abogados ambientalistas Enrique Viale, Marcelo Arancibia y Diego Seguí presentará próximamente una denuncia penal contra los funcionarios involucrados en esta reglamentación.
“Sabemos que viola la ley porque a los pozos que están en explotación no les va a hacer falta una manifestación, sino un aviso de proyecto que es un procedimiento mucho menos exigente”, explicó.
En esa misma posición se encuentra el presidente de la Federación Argentina de Espeleología (Fade), Carlos Benedetto, quien presentó un amparo contra el fracking que se realizó en Malargüe.

A raíz del rechazo del amparo, el titular de la ONG presentó en febrero un recurso extraordinario en la Suprema Corte de la provincia. “Fue aceptado y estamos esperando que se resuelva, por lo que es extraño y desprolijo que se publique un decreto al respecto”, expuso.
Julieta Lavarello, integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, por su parte, destaca que el fracking “es una de las actividades que integran el modelo de saqueo, explotación y contaminación, como la minería y los agroquímicos”.

“Estamos hablando de estrujar el planeta para sacar dos gotas de petróleo. Es totalmente contrario a la política de Estado de cambiar paulatinamente a las energías renovables que decían sostener desde el gobierno”, cuestionó la activista.

El fracking es una técnica que consiste en la perforación de un pozo, entubado y cementado, a más de 2.500 metros de profundidad para fracturar la roca y así llegar a las reservas contenedoras de hidrocarburos. Debido a la gran cantidad de fluidos químicos que se utilizan en los procesos de extracción, representa un gran riesgo para la contaminación de aguas superficiales y subterráneas.
“Favorecen económicamente a unas pocas personas, en su mayoría empresas transnacionales, a costa de la destrucción total o parcial de los bienes comunes”, criticó Lavarello y destacó que en Argentina no existen los controles adecuados para que se lleve adelante.

Fuente: Foro Ambiental