Sin resultados: exigen nuevas medidas para sanear el Riachuelo

Frente al fracaso de las políticas de la ACUMAR, los ambientalistas exigen mejorar los controles y las propuestas para recuperar la cuenca, considerada hoy uno de los sitios más contaminados del mundo.

 

Las ONG´s que integran el Cuerpo Colegiado creado por la Corte Suprema de Justicia para monitorear el cumplimiento de la recomposición del Riachuelo, presentaron un escrito al Juez Federal de Morón, a cargo de la ejecución de ese fallo, donde reclaman que se cambie el paradigma de saneamiento que desde hace más de diez años no logra revertir la contaminación de las aguas, el aire y los suelos de la cuenca.

En su escrito, se le pide al juez que disponga suspender los vertidos tóxicos autorizados por la Autoridad de la Cuenca (ACUMAR) e intime a esta para que presente una nueva resolución adecuada y cumpla con la sentencia dispuesta en el fallo del 8 de julio de 2008, cuando el máximo tribunal condenó al Estado Nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a resolver el daño ambiental del Riachuelo.

El Cuerpo Colegiado (compuesto por Asociación de Vecinos La Boca, CELS, FARN, Greenpeace, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y también por la Defensoría del Pueblo), afirma que es necesario salir del paradigma que omite regular las descargas cloacales de AySA y permite descargar determinada cantidad de contaminantes por volumen de efluente, sin considerar su carga másica total ni su efecto tóxico, complicado por la presencia simultánea de distintas sustancias.

En reemplazo de las actuales políticas, los activistas y defensores de la cuenca proponen adoptar un régimen que sólo acepte industrias que apliquen las mejores tecnologías disponibles desde el punto de vista ambiental, reconocidas como tales por la Comunidad Europea. Esto, sostienen, limitaría el volumen y mejoraría la calidad de los efluentes líquidos, eliminando así emisiones de gases tóxicos y partículas peligrosas para la salud.

Cabe destacar que la autorización para verter contaminantes, inclusive residuos peligrosos, otorgada por la ACUMAR y aún vigente, fue consensuada con las industrias sin consulta a la sociedad civil. Esto generó diversas objeciones contra la autorización por parte del Cuerpo Colegiado, que no fueron respondidas.

En marzo último, por ejemplo, se adoptó la Resolución 46/2017, que expresamente tolera la descarga de contaminantes orgánicos persistentes. En mayo, el Cuerpo Colegiado expuso sus objeciones a Gladys González, la entonces presidente de ACUMAR, y ese mismo mes las llevó ante el Juez Federal de Morón, que nunca recibió explicaciones de la ex titular del organismo.

El Cuerpo Colegiado también reclama que ACUMAR sólo permita la descarga de aguas residuales que hayan recibido tratamiento terciario, incluyendo su filtrado y desinfección. Los representantes de la sociedad civil, por este motivo, volvieron a exponer su rechazo a Dorina Bonetti, la reemplazante de González, en las reuniones mantenidas el 23 de noviembre y el 4 de enero últimos. Aún no obtuvieron respuesta.

Desde su creación en 2008, las políticas llevadas adelante por la ACUMAR han sido tan defectuosas que no existen indicios de que haya mejorado las condiciones de las aguas superficiales ni la calidad del aire en la cuenca baja del Riachuelo. En algunas sub-cuencas de aguas arriba, en cambio, hubo pequeños avances, pero aún así, están lejos de ser satisfactorios.

La Justicia pide explicaciones

Ante la falta de resultados sobre el saneamiento del Riachuelo, la Corte Suprema convocó a la ACUMAR, al Estado Nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a una nueva audiencia pública, fijada para el 14 de marzo, en la que los involucrados deberán exponer sobre el avance de la ejecución de la sentencia definitiva que ordenó la recomposición del daño ambiental.

A fines del año pasado, los magistrados habían emitido un duro fallo contra el organismo por la situación de la cuenca, uno de los sitios más contaminados del mundo. De acuerdo al dictamen, las tareas realizadas hasta el momento y el contenido del calendario resultan “insuficientes”, y lo más grave es que el último documento presentado no incluyó información que se había requerido en la anteúltima audiencia, llevada a cabo en 2016.

Fuente: Foro Ambiental