Nuestro país no está exento de esta encrucijada mundial alrededor de los problemas ambientales, muchos existentes desde hace décadas pero cada vez más visibles. La actividad económica depende fuertemente de los recursos naturales, del mismo modo que la calidad de vida de sus habitantes, pero la tierra, el agua, los bosques y los mares ya exhiben la huella de la sobreexplotación. 

En este escenario, los especialistas destacan seis puntos álgidos que la Argentina debe resolver con urgencia: la gestión de los residuos urbanos, la degradación de los suelos, la deforestación, la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, la minería de alta montaña, especialmente en la provincia de San Juan, y el descarte de la pesca en el Mar Argentino.

A juicio de Manuel Jaramillo, director de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), hay dos preocupaciones fundamentales: la conversión de los ambientes naturales, y la producción y consumo de energía. “Un estudio que realizamos en 2017 sobre la salud de los ecosistemas terrestres pone en evidencia una fuerte tendencia a la disminución de estos servicios”. 

El referente de la organización ambientalista asegura que “la presión sobre nuestros recursos a través de los cambios en inundaciones, sequías, olas de calor, desplazamiento de poblaciones, la contaminación del aire y el agua. Estos síntomas no afectarán únicamente a las generaciones futuras; las proyecciones muestran que, a medida que pase el tiempo, van a empeorar”.

Con él coincide Andrés Nápoli. El director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) agrega que, aunque la conciencia ambiental crece en el mundo, especialmente entre los jóvenes, al mismo tiempo las crisis económicas profundizan el modelo existente para producir divisas. “Los temas ambientales maduran en el largo plazo y lo que manda son las ganancias de las empresas. Para avanzar en un caso como el del Riachuelo, hay que hacer un juicio en la Corte Suprema”.

Según el magíster en derecho ambiental graduado en la Universidad del País Vasco, España, los daños de la minería a cielo abierto no son “para los trabajadores y la gente que vive en las capitales, sino para los que viven cerca. Pero es difícil avanzar con el cumplimiento de la regulación porque el Estado es el principal socio de estos emprendimientos, no un actor independiente en la operación, está involucrado en el proceso”.

El Riachuelo representa, para Antonio Brailovsky, docente de la UBA y la Universidad de Belgrano, y ex defensor adjunto de la CABA, la cuenca en peor situación del mundo. “Combina dos cosas: un río altamente contaminado, pero que además afecta a una cantidad muy grande de gente –afirma–. Las normas de vertidos industriales son iguales que antes de la sentencia de la Corte; se sigue tirando lo mismo que hace 12 a 15 años”.

El especialista advierte que en la zona seca del país, todo el Oeste, “vamos hacia la emergencia hídrica. San Juan lleva tres años de sequía continuada. Necesitamos una contabilidad ‘maniática’ del agua, saber cuántos centímetros cúbicos hay en cada lugar y cómo los vamos a usar. Tiene que haber una previsión que estime con precisión cuánta agua le estamos dando a los cultivos, a las ciudades y al fracking. Hay que sincerar que necesitamos racionar el agua. Mendoza lo hizo hace un siglo con respecto a los cultivos. Ahora hay que pensarlo todo de nuevo”.

El secretario de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, por su parte, no prefiere hablar sobre las materias pendientes, sino destacar los logros de su gestión. “Transformamos una Argentina que no tenía política ambiental en una que sí la tiene, aunque haya temas pendientes”, opina. Entre los avances, destacó que haber “vuelto al mundo” le exige al país cumplir estándares ambientales internacionales y con una agenda de desarrollo sostenible y reportar anualmente los avances en las Naciones Unidas. 

Además, el funcionario, que llegó a decir que lo mejor era “rezar” frente a las incendios que consumían bosques en el NOA durante el 2018, considera positivo haber creado el gabinete nacional de cambio climático, promovido el desarrollo de energías renovables (que impulsó más de 175 planes y proyectos de energía solar, eólica y biomasa), creado la plataforma forestal 2030 o apoyado la agricultura de precisión o digitalizada para el gran debate sobre el uso de fitosanitarios, entre otros.

Según la Facultad de Agronomía de la UBA, sin embargo, “en el ranking de países de la región, la Argentina, con un 2,3% de su territorio dentro de áreas protegidas, está en la tercera peor posición, sólo por encima de Guyana y de Uruguay. Los países que encabezan la lista son Chile, con 18,3%, Venezuela, con un 15,2%, Colombia, con 11,8%, y Brasil, con 5,6%”.

Riachuelo, la cuenca más contaminada del mundo

La cuenca abarca 2.240 km2 en los que viven alrededor de 3.500.000 personas y hay unas 12.700 industrias. La contaminación de ese río de 64 km de largo “es uno de los temas con mayor relevancia socioambiental del país”. Aunque se pueden destacar algunos avances, como la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza- Riachuelo (ACUMAR) para impulsar el plan de saneamiento, y las tareas de remoción y limpieza de más de 1.400 toneladas de residuos sólidos del espejo de agua y de los márgenes, que en el caso de la CABA permite ampliar los sistemas de recolección de residuos, y el progreso de obras de infraestructura cloacal, el plan integral para descontaminar “cuenta con un bajo nivel de implementación”. 

No mejoraron las condiciones de las aguas superficiales del río ni la calidad del aire de la cuenca baja, siguen habiendo basurales a cielo abierto, las industrias continúan vertiendo desechos sin tratar. “No existe política eficiente para controlar las descargas de las industrias. Las normativas que rigen no son adecuadas para el Riachuelo, ya que permiten tirar todo lo que deseen las empresas si lo diluyen en agua”, dice Antonio Brailovsky.

Además, se destaca la presencia de las villas de emergencias a la vera del río y la propagación de enfermedades a las que éstas están expuestas. En ese sentido, existe un gran incumplimiento del Convenio Marco del Programa de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, que debe garantizar el traslado las familias que deberían ser relocalizadas.

Residuos urbanos: saturación de rellenos sanitarios, Ley de Basura Cero y regreso de la incineración 

Se calcula que, en promedio, cada argentino produce un kilo de basura por día. Recogerlo y trasladarlo hacia los sitios de deposición solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires exige más de 2500 camiones cargados de 18.000 toneladas diarias de desechos que se vierten en los rellenos sanitarios. Solo el 13% de esa cifra se procesa o se recicla para su reutilización. Pero las autoridades de la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), compañía creada por los estados de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, ya advirtieron que en cinco años la capacidad de esos espacios quedará colmada. 

Pese a que había sido prohibida hace más de una década, este año las autoridades porteñas rehabilitaron la incineración, una tecnología fuertemente cuestionada por su costo, porque compite con la economía circular y resulta obsoleta para la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los especialistas destacan que el problema es que la basura viene determinada no por el consumidor, sino por el productor. Si hay materiales que pueden servir, ¿para qué gastar tanto en quemarlos? Los especialistas también reclaman una ley de residuos peligrosos.

Deforestación y desmontes: desde 1990,  el territorio nacional perdió una cantidad de bosques del tamaño de Bélgica junto a Holanda.

En cuanto a reglamentación, Argentina cuenta con un fuerte avance: la Ley de Bosques. El problema es, como casi siempre, la poca voluntad política para cumplir con sus lineamientos y financiamiento. En ese contexto, el ensanchamiento de la frontera agrícola junto a la urbanización desproporcionada y los negocios inmobiliarios, entre otras actividades, quebrantan a diario una reglamentación destinada a proteger los arboles nativos y las estabilidad ambiental de nuestro país. 

Según datos oficiales, entre 1990 y 2017, el país perdió 7,7 millones de hectáreas de bosques, una superficie a la suma del territorio de Bélgica y Holanda. La zona del Gran Chaco es una de las que más lo padeció. Según Greenpeace, cuatro provincias concentran el 80% de este flagelo: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. A otras como Córdoba, por su parte, le queda menos del 3% de sus bosques originales. 

Estudios de Vida Silvestre y el INTA calcularon que, si nada cambia, en 2028 el país habrá perdido una superficie equivalente a 200 veces la Ciudad de Buenos Aires. Como contracara, otro informe presentado por la ONG muestra que si la Ley de Bosques se cumpliese de forma estricta se podrían evitar deforestaciones por 1,81 millones de hectáreas. Y, además, si se hicieron acuerdos públicos y privados para no talar sería posible mantener un crecimiento 2,3 millones de hectáreas de la superficie agrícola y otras 1,7 millones de la ganadera. “Nuestra economía está dejando una hipoteca ambiental para el futuro”, critica Nápoli. 

Megaminería: sin control y contaminación a gran escala 

Se practica, sobre todo, en la zona de la Cordillera de los Andes y consiste en remover una gran cantidad de rocas para extraer recursos no renovables. Pero más allá de los grandes territorios que se remueven, los especialistas ponen el foco en las enormes cantidades que se usan de agua y cianuro en el proceso, y generalmente cerca de áreas glaciares y periglaciares. 

Las minas de Veladero y Pascua Lama, ambas ubicadas en la provincia de San Juan y propiedades de la minera canadiense Barrick Gold, son un caso testigo de la falta de regulación. A pesar de cuatro derrames en donde vertieron millones de litros de solución cianurada en varios ríos de la región, “la Argentina es el único país de América Latina que no tiene ley de impacto ambiental, ya que se rige por normativas provinciales o sectoriales”, explica Nápoli. “La Ley General del Ambiente tiene dos principios al respecto que nadie respeta”, completa. 

Entre el 12 y 13 de septiembre del 2015, Barrick Gold produjo el mayor desastre ambiental minero de la historia del país, luego de que una cañería rota en Veladero derramara más de un millón de litros de cianuro que terminaron contaminando a cinco ríos diferentes. Jaramillo asegura que “hay continuas fallas en los sistemas de control y fiscalización. No hay minería sustentable pero si puede haber un responsable, mejores prácticas y que reinvierta parte de los beneficios económicos en proteger a los recursos naturales”. 

Desde el Gobierno de San Juan se defienden de las acusaciones. “Sergio Uñac fue el único gobernador que le puso los puntos a las mineras. En la provincia hay minería responsable, con absolutamente todos los controles necesarios”, según un vocero. 

Erosión de los suelos: anegamiento y monocultivo intensivo  

Según la FAO, las pérdidas económicas del país debido a la erosión hídrica  (que producen la lluvia y los anegamientos cuando no hay cubierta vegetal), ascienden a 700 millones de dólares por año. El informe ambiental 2017 de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nacion, calcula que la superficie sometida este proceso supera los 100 millones de hectáreas y anualmente se suman 2 millones más. Esto equivaldría a un tercio del territorio nacional.  

“Hay varias regiones del país que evidencian la erosión de sus suelos por diversos motivos”,  indica Fernando Salvagiotti, investigador del INTA. “Además de las inundaciones y la erosión eólica, también se registra este fenómeno por el exceso exponencial que han tenido los monocultivos”, agrega. 

La falta de rotación agrícola y el uso de agroquímicos exponen a los campos a un proceso de explotación del cual muchas veces no se recuperan. “Un caso puntual es lo que se da en la cuenca del río Carcarañá”, ejemplifica el especialista. El INTA estima que en las últimas tres décadas que el déficit hídrico en el país se incrementó en 250.000 hectáreas por año. “Los fitosanitarios son grandes responsables. Somos el país del mundo en donde más se aplican”, sentencia Brailovsky. 

La destrucción del Mar Argentino 

En el Mar Argentino, como las poblaciones de merluza y langostino comparten el espacio, con frecuencia las redes recogen ambas especies al mismo tiempo. Pero como predomina la motivación de maximizar los beneficios económicos en el corto plazo, lo que tiene más valor (el langostino) se guarda y lo que tiene menos valor, se descarta. Esto hizo que en 2017 los barcos de pesca vaciaran de sus bodegas 111.928 toneladas de merluza (muerta), una cantidad equivalente a casi el 40% de la captura máxima permisible. 

“El descarte es un uso irracional de nuestro patrimonio natural, que tiene impacto sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas marinos”, explica el biólogo Guillermo Cañete, que produjo un informe detallado del tema para Vida Silvestre. 

El Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (Inidep) destaca que en los últimos años el descarte fue creciendo, aunque hay métodos de discriminar la captura para que eso no suceda. Según aseguró Cañete en su trabajo, “aunque la ley de pesca lo prohíbe, no existe un marco legal que trate el tema ni medidas concretas para mitigarlo”.

Fuentes: 

– La Nación / Nora Bär 

– Foro Ambiental