En un duro dictamen, la Corte Suprema reprobó las acciones de remediación que lleva adelante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y pidió detalles de información que se requiere al organismo hace más de una década. De lo contrario, multará a su presidenta Dorina Bonetti.

 

El fallo de la Justicia corresponde a un informe que Acumar había presentado a principios de este año explicando los avances del plan de saneamiento desde 2008, cuando el máximo tribunal condenó al Estado Nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental en la cuenca.

Para los magistrados, el contenido del calendario «es insuficiente», las acciones por objetivos carecen de referencias –lo que consideran «inentendible»– y lo más grave es que el documento presentado vuelve a omitir información ya requerida en la audiencia del año pasado por el tribunal.

En la actualidad, el Riachuelo está considerado uno de los sitios más contaminados del mundo y, de acuerdo a la Justicia, poco se ha hecho para cambiar esa realidad. En el dictamen se hace referencia a la presencia de basurales a cielo abierto y la gestión integral de residuos sólidos; la necesidad de expandir la red de agua potable y cloacas; conocer la cantidad y distribución geográfica de las personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación y cuántas de ellas están en seguimiento; el cumplimiento del Convenio Marco del Programa de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios celebrado en el mes de septiembre de 2010; la liberación del camino de sirga a la altura de las villas 21-24 y de la 26, y el estado del proceso de relocalización de los habitantes de Villa Inflamable.

«Es muy fuerte el llamado de atención que realiza la Corte; nos está diciendo que la gestión de Acumar es muy deficiente y es un llamado de atención para los jueces que tienen a su cargo la ejecución de la sentencia. El tiempo es trascendente: la Corte citó a una audiencia y casi un año después está generando este proveído. Es para estar alertas no solo respecto de la gestión de Acumar sino para todo lo que se tarda en cada una de las acciones», sostuvo Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y miembro del Cuerpo Colegiado.

Los riesgos ambientales para quienes viven a orillas del Riachuelo (por ejemplo, la cercanía de industrias contaminantes o la acumulación de la basura a cada paso), así como la posibilidad de contraer enfermedades asociadas (desde las vinculadas con la piel hasta las broncopulmonares y las intestinales), son conocidos y alarmantes. En ese marco, la falta de datos actualizados y de acceso público por parte de la Acumar resulta sumamente preocupante, y es otro de los reclamos más recurrentes.

En el informe que en julio pasado FARN presentó junto a la Asociación de Vecinos de La Boca, Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), se advierte que, en materia de hábitat, para los sectores vulnerables la situación en la cuenca continúa siendo «altamente problemática».

Ahora, tras la respuesta de la Justicia, Acumar deberá presentar un nuevo informe en 30 días para evitar una sanción a su actual presidenta, Dorina Bonetti. Las multas no habían sido mencionadas en el proceso desde que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, aplicó sanciones a los ex secretarios de Ambiente Homero Bibiloni, al ex intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, y a funcionarios de Vialidad y Berazategui por no liberar el camino de sirga en 2009.

Según destaca Infobae, desde el organismo no mostraron preocupación por el fallo. «Estamos respondiendo en tiempo y forma los requerimientos de la Corte. Y lo vemos como una oportunidad para informar sobre los avances», indicaron los voceros.

Desde el sector de las organizaciones ambientalistas coinciden con que el plan de saneamiento está virtualmente frenado hace casi cuatro años. Para Nápoli, es evidente que la Corte está mostrando con su resolución un malestar importante respecto de cómo se está manejando la Acumar.

“El año pasado decidió desaprobar la gestión, no solo en ese trámite en el que fue duramente cuestionada la autoridad de la cuenca y generó la renuncia de los funcionarios, sino que ahora sostiene que la información no permite evaluar la gestión. Lo que hace es dejar en evidencia el nivel de gestión que tiene la Acumar, que desde fines del gobierno anterior y desde el comienzo del actual no está dando respuesta y no está acertando en decisiones que tiene que llevar adelante», añadió el referente de FARN.

En los últimos dos años, desde que Cambiemos se convirtió en gobierno, la Acumar cambió cuatro veces a su presidente. La última, cuando asumió Bonetti, se debió a que su antecesora Gladys González se presentó en las últimas elecciones como candidata oficialista a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Foro Ambiental