Saneamiento del Riachuelo: un papelón ante la Corte

A 10 años de que la Corte Suprema ordenara limpiar la cuenca más contaminada del país, las políticas del ACUMAR son muy defectuosas y persisten las dudas sobre el cumplimiento de la sentencia.

 

Falta de cloacas y agua potable, basurales a cielo abierto, desechos industriales sin tratar, villas de emergencias a la vera del río y propagación de enfermedades. La situación de la Cuenca Matanza-Riachuelo podría definirse en tres palabras: contaminación, marginalidad y desidia. A pesar de que en julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado Nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a resolver el daño ambiental, una década después casi no ha habido cambios y, peor aún, no se sabe cuándo será saneado.

En una audiencia pública convocada por el máximo tribunal, la presidenta de ACUMAR (el organismo encargado de llevar adelante las políticas de limpieza), Dorina Bonetti, reconoció que «hoy resulta imposible establecer una fecha precisa para el cumplimiento total de la sentencia».

Ante la falta de resultados, los jueces de la Corte habían manifestado su preocupación a fines del año pasado. Por entonces, emitieron un duro fallo contra el organismo por la situación de la cuenca, considerado uno de los sitios más contaminados del mundo, en el que cargaron contra las tareas realizadas hasta el momento y exigieron respuestas inmediatas.

Durante la audiencia, los miembros de la Corte –Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti– volvieron a mostrarse críticos ante el progreso de las obras y pidieron en reiteradas oportunidades conocer los plazos de cumplimiento. Bonetti, que asumió la presidencia de ACUMAR en reemplazo de Gladys González –hoy senadora de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires– sin embargo, sólo agregó que «existen procesos administrativos para mejorar».

Familias abandonadas y en peligro

Uno de los puntos más cuestionados fue el incumplimiento del Convenio Marco del Programa de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios. Durante la audiencia, Maqueda recordó que este plan firmado en 2010 «se proponía alcanzar 17.771 soluciones habitacionales, pero a diciembre de 2017 sólo se terminaron 3.882 viviendas”.

«¿Son conscientes de que en diez años se cumplió sólo con el 22% de las viviendas que debían ejecutarse?», cuestionaron los magistrados.

Ante la pregunta de cuánto falta para terminar todas las viviendas, el director nacional de Vivienda Social, Ramiro Masjuan, contestó: «Tendría que agarrar la calculadora, pero serían unos seis años”. A lo que Lorenzetti apuntó: «¿Acaba de hacer la estimación ahora? ¿No es demasiado precario? ¿No deberían haber acuerdos firmados?».

Las poblaciones que viven cerca del Riachuelo, de acuerdo a los estudios epidemiológicos, tienden a sufrir problemas respiratorios, enfermedades cutáneas, desnutrición y altos índices de plomo en sangre.

«Fallecen niños a causa de leucemias crónicas. Esto es todo un proceso con el que venimos luchando desde el principio, desde hace 30 años», describió Judit, vecina de Villa Inflamable, un asentamiento donde viven 1.800 familias al que hace diez años, la Corte Suprema de Justicia, declaró como zona no apta para vivir, por el riesgo ambiental que representa.

La jueza Highton de Nolasco, por su parte, mostró preocupación ante las denuncias que recibió el tribunal sobre la falta de servicios básicos en algunas de las viviendas nuevas. «No tienen cloacas, gas, luz ¿Cómo puede ser?».

De los 632 barrios populares que están a la vera de la cuenca y fueron identificados en el mapa de emergencia, 231 se encuentran en «riesgo alto» o «muy alto». En el caso del espacio que ocupa la villa 21-24, particularmente, hoy está catalogado como de «muy alto riesgo».

La información detalla que este último asentamiento lleva más de 2 años sin relocalizaciones y solo se han reparado (y mal) 8 viviendas de las cientos que se necesitan de manera urgente. Según se especifica, las urbanizaciones de los asentamientos «El Pueblito» y «Magaldi» se encuentran detenidas desde el año 2011. En tanto, las soluciones para el barrio Lamadrid recién se encuentran en instancia de diseño.

Los jueces de la Corte recriminaron que «los vecinos ya relocalizados siguen viviendo en riesgo y muchas de las viviendas entregadas no reúnen requisitos de vivienda digna, como es el caso del Complejo Urbano Mugica (ubicado en el barrio de Lugano). A la fecha no existe un conjunto de acciones públicas destinadas a superar ese riesgo producto de la propia política de relocalización”.

De acuerdo a Bonetti, las demoras en las ejecuciones se deben a que las obras son más complicadas de lo estimado en el plan inicial, y sostuvo que para 2019 estarían relocalizados el 100% de los vecinos de la 21-24.

En la Ciudad de Buenos Aires, 1.265 familias de un total de 2.084, faltan ser reubicadas, lo que implica un incumplimiento de más del 65%.
Mario Gómez, que tiene su casa sobre el Camino de Sirga de la villa 21-24, no tiene esperanzas de que el nuevo plazo propuesto por Bonetti se cumpla. «El gobierno porteño es un mentiroso serial. Las relocalizaciones deberían haber estado listas en 2013», manifestó.

Desechos industriales y basurales a cielo abierto

Las ONG´s que forman el Cuerpo Colegiado creado por la Corte Suprema para monitorear el cumplimiento de la recomposición del Riachuelo, afirman que otros de los déficits de ACUMAR son los problemas para controlar la contaminación industrial y la permanencia de basurales a cielo abierto.

En la actualidad, el organismo omite regular las descargas cloacales de AySA y permite que las empresas puedan descargar determinada cantidad de contaminantes por volumen de efluente, sin considerar su carga másica total ni, su efecto tóxico, complicado por la presencia simultánea de distintas sustancias.

Andrés Nápoli, referente de FARN –una de las ONG encargadas de controlar los avances del plan– denunció falta de voluntad política: «En nombre de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, expuso una funcionaria de bajísimo rango: una asesora de la Subsecretaría de Hidráulica».

Aunque el activista mencionó que hubo algunos avances, como «el mejoramiento el acceso a la información y la limpieza de los márgenes», ratificó que los resultados dejan mucho que desear y dijo que cuando la Corte se expida podría fijar sanciones a los funcionarios responsables.

En la audiencia, la ACUMAR admitió que en 2016 se ejecutó solo el 54% del presupuesto pero aclaró que la cifra se elevó al 95% en 2017 y que para 2018 se estima el mismo valor. Lorenzetti consideró, sin embargo, que con entusiasmo solo no alcanza: «Siempre se les echa la culpa a los funcionarios anteriores. Pero si hicieron las cosas mal, ¿por qué no hubo una demanda penal? Cada funcionario nuevo establece otros plazos».

Fuente: Foro Ambiental