Saneamiento del Riachuelo: la Corte Suprema exige plazos ciertos y concretos

Tras los reiterados incumplimientos de las obras, el máximo tribunal le ordenó a la ACUMAR que presente de inmediato un nuevo plan para remediar la cuenca.

 

Una década ha pasado desde que la Corte Suprema de Justicia condenó al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental producido en el Riachuelo, la cuenca más contaminada del país. Sin embargo, hoy los problemas persisten como si el tiempo casi no hubiera pasado.
Falta de cloacas y agua potable, basurales a cielo abierto, desechos industriales sin tratar, villas de emergencia a la vera del río y propagación de enfermedades. Todas las miradas hoy apuntan a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el ente encargado de llevar adelante las obras de saneamiento, cuyas políticas son deficitarias.
A raíz del bajo nivel de cumplimiento constatado en el Plan de Saneamiento Ambiental (PISA), el máximo tribunal decidió intimar a las autoridades responsables para exigirles que en 30 días (es decir, hasta mitades de mayo) establezcan un plan para limpiar el Riachuelo de una vez por todas.

«Los informes presentados en la causa y las exposiciones realizadas en la (reciente) audiencia pública por Acumar, el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Cuerpo Colegiado permiten observar un estado de avance en la ejecución del PISA muy lejano al de su pleno cumplimiento», sostuvieron los jueces en su fallo.

Ante la falta de resultados, en marzo pasado la Corte Suprema convocó a una audiencia pública para conocer el estado de situación. Allí, la presidenta de la ACUMAR, Dorina Bonetti, llegó a decir que «hoy resulta imposible establecer una fecha precisa para el cumplimiento total de la sentencia». Frente a semejante desconcierto, fue que los magistrados tomaron la decisión de exigir un plazo “cierto y concreto” de las obras.
«Creemos que los plazos están bastante agotados hace tiempo. El escaso avance en algunos rubros, como la solución habitacional para quienes viven en las márgenes de la cuenca que solo alcanzó el 22% del cumplimiento desde 2010, lo demuestra», resaltó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una de las ONG encargadas de controlar los avances del plan.

Un fallo con duras críticas

Entre los principales señalamientos que la Corte Suprema emitió en su último dictamen, se recrimina la falta de calidad institucional de la ACUMAR y los reiterados problemas con la medición de los niveles de contaminación.
De acuerdo a la Auditoría General de la Nación, esto tiene que ver con la subejecución presupuestaria (cercana al 41% en 2016), la falta de continuidad en la ejecución de proyectos, y las fallas en el sistema de control sobre el Fondo de Compensación Ambiental.
En la medición de contaminación, se “constata que dichos indicadores a veces remiten a datos desactualizados o carecen de la posibilidad de ajustarse a la dinámica de su evolución», de acuerdo a lo consignado en el fallo.
Otro de los aspectos que expone a las autoridades del organismo responsable de recomponer el Riachuelo es el incumplimiento del Convenio Marco del Programa de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios. A pesar de que este plan, firmado en 2010, proponía alcanzar 17.771 soluciones habitacionales, para diciembre de 2017 sólo se habían terminaron 3.882 viviendas, de las cuales algunas encima cuentan con denuncias por la falta de servicios básicos.
De los 632 barrios populares que están a la vera de la cuenca y fueron identificados en el mapa de emergencia, 231 se encuentran en «riesgo alto» o «muy alto». En el caso del espacio que ocupa la villa 21-24, particularmente, hoy está ponderado de «muy alto riesgo».
Las ONG´s (Greenpeace, FARN, Asociación Vecinos de la Boca, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y CELS) que forman el Cuerpo Colegiado creado para monitorear el cumplimiento de la recomposición del Riachuelo, remarcan que la ACUMAR tiene “serios problemas para controlar la contaminación industrial y la permanencia de basurales a cielo abierto”.
En la actualidad, el organismo omite regular las descargas cloacales de AySA y permite que las empresas puedan descargar determinada cantidad de contaminantes por volumen de efluente, sin considerar su carga másica total ni su efecto tóxico, complicado por la presencia simultánea de distintas sustancias.
El máximo tribunal, por último, manifestó la necesidad de precisar si se finalizará el emisario subfluvial de la planta Berazategui en el 2022, si se concluirá el Parque Industrial Acuba en 2020 o si se liberará el camino orillero de la Ciudad de Buenos Aires en el 2019, entre los objetivos que fueron planteados por los administradores de la cuenca y hoy tienen un destino incierto.

Poco lugar para los vecinos

Pese a que son los más afectados, los habitantes situados en los asentamientos a la vera del Riachuelo cuentan con un escaso lugar en los debates sobre la situación de la cuenca. Por esta razón, Luis Duacastella, defensor adjunto penal de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, criticó a la Corte y dijo que el fallo es insuficiente.
«No hay una visión ordenadora de quienes están padeciendo la contaminación y cuya salud está afectada. Los reclamos de los vecinos de la cuenca no son escuchados –ni siquiera les permiten participar de las audiencias– solo se oye a los funcionarios hablar de los inconvenientes con las obras», indicó.
Duacastella, que patrocina a un grupo de vecinos que vive en la cuenca, dijo que «se vuelve a dar un plazo, pero parece que el criterio para ordenar esta causa se basa solo en las obras públicas». En ese sentido, el defensor afirmó que tribunal debería considerar qué sucede con la gente afectada y qué medidas se plantean para mejorar su calidad de vida mientras se terminan los trabajos.
Fuente: Foro Ambiental