Y un día Rosario, la capital nacional de la soja transgénica, le cerró las puertas al glifosato. En una decisión histórica, el Concejo aprobó el proyecto presentado por los ediles Osvaldo Miatello (PJ) y Pedro Salinas (Ciudad Futura) para prohibir el uso del herbicida en la ciudad.

 

«Se trata de un tema que se venía planteando hace tiempo en el consejo asesor de Ecología y Medio Ambiente y, además, tiene como antecedente la presentación de otro proyecto por parte de un particular, que ya planteaba la prohibición de venta de glifosato» explicó Miatello, quien fundamentó el proyecto en el hecho que «son muchos los informes e investigaciones que arrojaron resultados alarmantes sobre los efectos que tiene el herbicida».

Los concejales, en ese sentido, destacaron en primer lugar que desde 2015 el glifosato fue declarado «probable carcinógeno para los seres humanos” por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, siglas en inglés), una organización de investigación científica dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de las Naciones Unidas.

En el proyecto además se hizo hincapié en que el glifosato, que también está considerado nocivo por su uso en espacios públicos y jardines particulares, es el herbicida de mayor uso en la agricultura a nivel mundial y que su utilización en Argentina es intensiva ya que está asociada al paquete de semillas transgénicas de Monsanto, cuya adopción fue realizada en masa por los productores agrícolas desde la década de los 90.

“En la ciudad de Rosario, un total de 309 hectáreas están afectadas a la siembra y producción de soja”, detalló Salinas.

La ordenanza, por otro lado, también se sustentó en una investigación elaborada en 2014 por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA), perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que “evidenció que estas sustancias tóxicas también se evaporan y caen con las lluvias” y a otro informe realizado por científicos del CONICET, que determinó la presencia de “altos niveles de glifosato” y su degradación en toda la cuenca del Paraná.

“Es un gran paso hacia al futuro. Esto no solo va a cambiar la calidad de los alimentos de Rosario sino que va a impulsar a otras grandes ciudades a tomar este tipo de acciones”, destacó el biólogo Damián Marino, quien participó de ambos estudios sobre los efectos del glifosato, y celebró que la iniciativa se haya apoyado “en información científica independiente y opiniones de organismos internacionales”.

En contraposición, quien criticó la medida fue Pedro Vigneau, presidente de la Asociación de Productores en Siembra Directa (Aapresid), cuya sede está en Rosario. “La prohibición del glifosato generará un impacto negativo en millones de personas alrededor del mundo”, dijo, y agregó que “la prohibición del glifosato que se analiza en la Unión Europea tendría un alto costo para la economía mundial y para la agricultura argentina”.

En la actualidad, de acuerdo a la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Argentina es el mayor consumidor mundial de glifosato, cuya comercialización la comenzó el propio Monsanto hace casi cinco décadas atrás bajo el nombre de Roundup y hoy es vendido por todas las grandes multinacionales químicas, como Syngenta, Basf, Bayer, Dupont, Dow Agrosciences, Atanor y Nidera, entre otras.

Al mismo tiempo, según datos oficiales en 2016, el país está tercero en el ranking mundial de producción transgénica con 23,8 millones de hectáreas, sólo superado por Brasil y Estados Unidos. Esto significa el uso de entre 3,5 y 4 millones de toneladas de agroquímicos por año a nivel país, una cifra estimada en base a las ventas (declaradas) ya que Argentina no posee estadísticas oficiales sobre el mercado de ese insumo clave.

La prohibición del glifosato en Rosario, donde están los puertos y fábricas aceiteras que reciben, procesan y exportan más del 80% de la soja transgénica producida en el país, se produce en un momento en donde diferentes regiones debaten la posibilidad de acortar las distancias para fumigar. Una de ellas es la Provincia de Buenos Aires, que cuenta con un proyecto avalado por autoridades nacionales para que las pulverizaciones terrestres se puedan realizar a tan solo una cuadra y las aéreas a 200 metros.

Frente a esta posibilidad, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados sostiene que todos aquellos pueblos rurales que están expuestos a las fumigaciones y al uso de agroquímicos en general, tienden a sufrir severos casos de alergias, problemas respiratorios y neurológicos, malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer, o directamente la muerte.

Fuente: Foro Ambiental