Por riesgo ambiental, exigen la clausura del Aeropuerto de El Palomar

La ONG Isla Verde presentó una medida cautelar ante la Justicia para frenar el emprendimiento por irregularidades e impulsar nuevos estudios de impacto ambiental.

 

Desde que el Aeropuerto de El Palomar fue autorizado como base de operaciones de los vuelos low cost, vecinos y ambientalistas han denunciado que provocará contaminación ambiental y destruirá espacios naturales protegidos. Por este motivo, la organización Isla Verde presentó una medida cautelar que, si es aceptada por la justicia federal de San Martín, podría clausurarlo.

Guillermo Iracheta, el abogado de la ONG denunciante, explicó que “aunque dependa de la Nación, el predio está sujeto a la jurisdicción de Buenos Aires”. Esto quiere decir, que “se le debe pedir permiso a la Provincia para que evalúe el emprendimiento proyectado, pero no por su funcionamiento interno como lugar en que aterrizan y despegan aviones, sino con respecto al impacto que generará en el medio ambiente y los habitantes cercanos”.

Para el letrado, en ese sentido, es clave el artículo 28 de la Constitución bonaerense, donde se “declara que la provincia tiene el dominio ‘eminente’ del medio ambiente en todo su territorio”. Por lo tanto, “el gobierno de María Eugenia Vidal debería velar por las condiciones ambientales de los vecinos”.

Entre los principales problemas, habitantes de la localidad y ambientalistas mencionan que el aeropuerto contaminará a los arroyos Morón, Corvalán y Céspedes (que corren dentro del predio y son afluentes del río Reconquista) y aseguran que Aeropuertos Argentina 2000 tendría la intención de taparlos.

De acuerdo al Iracheta, es necesaria la intervención de la Oficina para el Desarrollo Sustentable (OPDS), así como también de la Autoridad del Agua (ADA) y del Comité de Cuenca del Río Reconquista (Comirec). El predio, además, está declarado Sitio de Memoria y una prueba fundamental en los juicios de lesa humanidad, ya que desde allí partían los “vuelos de la muerte” durante la dictadura. 

“Queremos que haya una clausura a nivel nacional para que estos entes provinciales hagan tres estudios de impacto ambiental nuevos y saber en qué condiciones está el lugar”, afirmó.

Desde las organizaciones ambientalistas cuestionan que el estudio de impacto ambiental del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) fue presentado en el tiempo récord de una semana. Cabe destacar, además, que la low cost Flybondi comenzó a vender pasajes antes de que la jueza federal de San Martín, Martina Forms, lo aprobara.

Inundaciones, contaminación industrial y pérdida forestal

Debido a que el gobierno de Vidal tiene jurisdicción sobre los ríos interiores, Iracheta indicó que debería actuar a través del ADA para evitar el entubamiento, que “tiene una capacidad de 50 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, los caudales de drenaje son insuficientes cuando las lluvias son intensas, generando inundaciones y reflujo en zonas altamente pobladas”. 

El abogado explicó, en ese sentido, que Morón podría sufrir  “algo similar a lo que pasó con la construcción de countries en Pilar durante los últimos años», cuyas obras afectaron a humedales de la zona y provocaron que la cuenca del Río Lujan se desborde.

Los vecinos y ambientalistas, además, temen por el aumento de la contaminación industrial del Reconquista, por lo que piden que el Comirec -responsable de llevar adelante los controles de saneamiento- vele por la seguridad del río. “Es un organismo que maneja para sus fines un crédito del BID de 280 millones de dólares y puede verse entorpecido por un proyecto de aeropuerto que en su estudio de impacto ambiental ignora las cuencas hídricas”, destacó.

Como si fuera poco, la reconversión del Aeropuerto de El Palomar también representa un riesgo para los bosques protectores que rodean al complejo. En ese sentido, Iracheta recordó que desde el Conicet se llamó a preservar la flora y fauna de la zona mientras se queman pastizales y se hacen obras sin cartel.

El escrito de Isla Verde fue presentado ante la jueza Forms, que deberá evaluarlo y determinar un fallo. Cualquiera sea su decisión, podría haber una segunda instancia en la Cámara de Apelaciones por parte de la Nación o la ONG. “Si es necesario, iremos ante organismos internacionales”, concluyó el letrado.

Fuente: Página 12