Procesan y embargan al ex CEO de la minera La Alumbrera por daños ambientales en Catamarca
En una decisión sin precedentes, el Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán procesó y le trabó un embargo de $ 500 mil a Julián Patricio Rooney, ex CEO de la minera La Alumbrera, como “partícipe primario” en la contaminación ambiental con metales pesados de la empresa en sus instalaciones en Catamarca, donde explotó por hace casi 20 años el yacimiento de cobre, oro y molibdeno a cielo abierto más importante del país.
El fallo dictado por la Justicia tucumana es el primero desde la sanción de la Ley de Residuos Peligrosos en 1991. Rooney había sido sobreseído en la misma causa durante 2016. Sin embargo, el grupo ecologista Pro Eco apeló la medida, lo que dio lugar a la reciente decisión del juez Fernando Luis Poviña, que había solicitado informes ambientales a la Dirección de Minería de Tucumán, donde la minera registra sus plantas de tratamiento.
Según la Justicia, Rooney priorizó las intereses de la empresa por sobre el bienestar ambiental y el cuidado de la salud de la población
Poviña revocó el sobreseimiento de Rooney luego de que se sumara una inspección ocular de Gendarmería Nacional a la causa iniciada en 1999 contra la minera La Alumbrera por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, que comparten las provincias de Catamarca, Tucumán, Córdoba, Salta, La Rioja y Santiago del Estero. A través de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses catamarqueña, el juez constató la existencia de decenas de depósitos de materiales contaminantes que incluyen metales, cubiertas de neumáticos, maderas, plásticos, cañerías, bobinas, residuos industriales y chatarra pesada.
De acuerdo a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, las penas van hasta los 25 años de prisión cuando se comprueban acciones contra el suelo o el agua, una condena aplicable a los directores de las empresas cuando la contaminación la produce una persona jurídica.
Denominado Bajo de la Alumbrera, el proyecto minero de cobre, oro y molibdeno se encuentra ubicado en el departamento de Belén, al este de la cordillera de los Andes, y comenzó a ser explotado por la Minera Alumbrera desde 1997. En la actualidad, la compañía pertenece a un grupo accionario integrado por la suiza Glencore (50%) y las empresas canadienses Goldcorp (37,5%) y Yamana Gold (12,5%). En 2017, todas aparecieron en los Paradise Papers por operar el yacimiento a través de cuentas offshores.
La posición de Pro Eco es rebatir el argumento de la minera que esgrime que no contamina porque aplica la legislación provincial de Tucumán. «Es lo que venimos denunciando, que eso no está permitido por una norma superior, como es la nacional. El fallo sostiene que esa es la legislación a aplicar», explicó Fredy Carbonell, representante de la ONG.
El fallo fue apelado por Rooney ante la Cámara Federal. De acuerdo a su abogada Roxana Piña, abogada de Rooney, «la empresa no contamina. Nuestras pruebas colectadas luego de la sentencia de Cámara son contundentes para descartar la hipotética contaminación por parte de la Minera Alumbrera que se investiga desde hace 20 años”.
Pese a los argumentos de la defensa, el juez Poviña afirma que se trata de un delito de peligro y no de uno concreto durante la explotación a cielo abierto que se realizó entre 1997 y 2018. Con inspecciones, la Justicia constató la existencia de depósitos de materiales contaminantes en la cuenca Salí-Dulce, que comparten Catamarca, Tucumán, Córdoba, Salta, La Rioja y Santiago del Estero.
El proyecto de La Alumbrera hace un año estuvo a punto de terminar con su periodo de vida útil, sin embargo, la minera decidió prolongar la explotación durante 10 años más. Con el objetivo de lavar su imagen, tras los escándalos ambientales, el anunció incluyó cambiar la extracción a cielo abierto por una subterránea, un modelo que –como alertan los ambientalistas– es vendido de manera menos dañina pero que también impacta de manera brusca en el medio ambiente por las grandes cantidades de agua y elementos tóxicos que se utilizan.
Fuentes:
Perfil
La Nación
Foro Ambiental