La propuesta es impulsada por la legisladora Donda, que busca que se priorice el cuidado natural del medio ambiente y evitar que las poblaciones rurales están expuestas a problemas de salud.

Con la intención de desalentar el uso de cultivos modificados y promover una producción libre de tóxicos, la diputada nacional Victoria Donda, de Libres del Sur, presentó un proyecto de ley para prohibir las pulverizaciones aéreas con agroquímicos a nivel nacional.

«Los monocultivos se encuentran en las antípodas de lo que la naturaleza brinda a través de la biodiversidad de los ecosistemas. Los monocultivos no reproducen las condiciones de existencia, no nutren adecuadamente los suelos, ni contribuyen a la complejidad y relaciones que se establecen en los sistemas naturales», justificó Donda.

Desde que Argentina autorizó los cultivos transgénicos (1996), se produjo un aumento exponencial de las pulverizaciones con herbicidas.

La iniciativa también apunta a prohibir las aplicaciones terrestres dentro de un radio de 1.000 metros, con respecto a las áreas urbanas y periurbanas. Además, si se incumplen estas normativas, propone sanciones. En el caso de que una persona muera a causa de una fumigación aérea, la pena será de 10 a 25 años de reclusión en prisión.

Las fumigaciones -principalmente con glifosato- ha ido en aumento desde hace más de dos décadas atrás, cuando la Argentina habilitó el ingreso de los cultivos transgénicos. Debido a que estas semillas genéticamente modificadas son tolerantes a los herbicidas, afirma Donda, estos productos no solo terminan con las malezas sino que afectan directamente al resto de los cultivos no transgénicos.

Argentina es el mayor consumidor a nivel mundial de glifosato, que se encuentra clasificado como “cancerígeno probable” por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer (CICR, en francés), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Los herbicidas son capaces de generar una serie de problemas en el ambiente, entre los que se destacan la contaminación del agua, suelo, aire, intoxicaciones y hasta la muerte de personas», manifestó la legisladora, que incluyó el informe del organismo internacional en su proyecto.

La Red de Médicos de Pueblos Fumigados afirma que en los pueblos rurales un tercio de las muertes llega por alguna forma de cáncer, lo que representa un 50 por ciento más que en el resto del país.

El texto presentado, por último, especifica que sólo quedará exenta de la prohibición toda aquella fumigación aérea que se tenga que realizar por motivos sanitarios, «con el expreso consentimiento de la autoridad reguladora correspondiente».

En la actualidad, cerca de 400 municipios del país mantienen vigentes o discuten limitaciones a la aplicación de plaguicidas dentro o cerca del territorio urbano. También a nivel provincial, como ocurre con Entre Ríos o Santa Fe. En este último caso, el diputado Fabián Palo Oliver presentó un proyecto reciente para aumentar hasta un 100 por ciento el impuesto Inmobiliario Rural a los productores que usen agroquímicos en sus campos.

Frente a esta situación, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere (ex titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y ferviente defensor de la industrialización agraria) logró el apoyo de su par de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, para presentar una iniciativa que regule la aplicación de los productos fitosanitarios y crear un grupo interdisciplinario para promover lo que denominan “buenas prácticas agrícolas”.