Pese a la prohibición, continúan los desmontes ilegales en Salta

Mediante imágenes satelitales, la ONG Greenpeace detectó que las topadoras siguen derribando árboles a pesar de las resoluciones que emitieron el Ministerio de Ambiente de la Nación y el gobierno de Salta para que las detengan. En dos meses, se arrasaron cerca de 170 hectáreas de bosques nativos.

 

Los desmontes ilegales en Salta no paran, incluso aún cuando son descubiertos. Ese es el caso que protagoniza Bruno Mauricio Varela Marín. A pesar de que, tras las denuncias de Greenpeace, el Ministerio de Ambiente de Nación decidió anular los permisos provinciales que había obtenido para desmontar en la Finca “La Peregrina”, el empresario uruguayo continúa arrasando allí zonas protegidas por la Ley de Bosques.

“En Salta los empresarios desmontadores gozan de impunidad. A pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen arrasando los bosques nativos. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

Al igual que Alejandro Jaime Braun Peña, Varela Marín es uno de los empresarios más ligados a los desmontes ilegales en Salta. En 2014, Greenpeace denunció que el uruguayo, con la autorización del Gobierno provincial, también había logrado que se cambiara la categoría de su estancia para así poder modificar 7.054 hectáreas y destinarlas a la ganadería.

Esa situación continuó hasta el 24 de enero pasado, cuando Ministerio de Ambiente de la Nación avaló a la ONG, declaró ilegales los 32 permisos otorgados e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados. Aunque desde el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta reconoció el papelón, las topadoras de Varela Marín nunca se detuvieron. Mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, los propios activistas de Greenpeace comprobaron que se quitaron 170 hectáreas más durante los meses posteriores.

En los últimos años, tanto Varela Marín como Braun Peña fueron beneficiados por el Gobierno de Salta, que redujo las área de protección de sus fincas. Y pese a que estos permisos fueron revocados tras las denuncias de Greenpeace, ambos continuaron con las deforestaciones.

“El gobernador Urtubey debe controlar que ningún empresario siga con los desmontes ilegales en Salta, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar. Más allá de la suspensión de su ejecución, el Gobierno salteño debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos de desmonte que otorgó violando la Ley de Bosques”, exigió Giardini.

Ante el avance de la frontera agrícola y ganadera, las provincias del norte son las que más han sufrido la pérdida bosques nativos durante la última década. De acuerdo a los informes de Greenpeace, en la llamada región chaqueña (que integran Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco) se concentra casi el 80 por ciento de la deforestación de todo el país,

“Si existiera la ley de delitos forestales que estamos impulsando en el Congreso de la Nación, los funcionarios y los empresarios implicados en estos casos estarían con una causa penal”, concluyó Giardini.

Fuente: Greenpeace / Foro Ambiental