Peligro: Vuelven las pasteras a Uruguay

Ex Botnia, la empresa finlandesa UPM-Kymmene, confirmó una inversión de más de 3.000 millones de dólares para construir una segunda planta de producción de pasta de celulosa en la ciudad de Fray Bentos, Uruguay. Estará sobre el río Negro, el mayor curso de agua interno del país, lo que vuelve a poner en foco el conflicto sobre los posibles impactos ambientales de este tipo de emprendimientos.

El proyecto ha generado críticas por parte de científicos, ambientalistas y ciudadanos que temen por el futuro del curso de agua. También de la oposición política, debido a que el contrato firmado entre el Gobierno de Uruguay y UPM para la construcción de la nueva pastera no fue revelado.

«No nos engañemos, UPM 2 va a afectar porque desaguará sus efluentes al Río Negro y éste al Río Uruguay, a unos 30 kilómetros de los efluentes de la ex Botnia. Habrá un efecto acumulativo innegable”, cuestionó Martín Alazard, médico e histórico referente de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.

La inversión contempla 2.700 millones de dólares para una planta industrial en el departamento de Durazno (centro) y 350 millones de dólares en instalaciones portuarias y logística, según un comunicado de la empresa. La usina comenzará a funcionar en el segundo semestre de 2022 y los trabajos de construcción arrancarán «de forma inmediata«.

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De los pocos datos que se conocen del acuerdo se resalta que la planta funcionará en un terreno en régimen de zona franca, con exoneraciones fiscales que otras empresas no tienen. “El Gobierno le aseguró a UPM el caudal mínimo del principal río del país, lo que alterara el régimen de las aguas de ese río, inundando miles de hectáreas fértiles, para asegurarle a la empresa el agua que necesita y endeudarnos a todos durante generaciones”, criticó el abogado Hoenir Sarthou, del Movimiento ciudadano UPM II No.

Un problema que lleva casi 15 años

El conflicto en la región por las pasteras estalló en 2005, con el anuncio de la instalación de dos plantas sobre el río Uruguay, cerca de la población uruguaya de Fray Bentos y la argentina de Gualeguaychú. Desde ese momento, se sucedieron numerosas marchas multitudinarias por parte de vecinos y organizaciones ambientalistas, que incluyeron en sus acciones el corte de rutas y el puente internacional Libertador General San Martín, que comunica Argentina con Uruguay.

Como resultado, una de las dos plantas pasteras anunciadas, que era propiedad de la empresa española ENCE, fue cancelada. Sin embargo, la otra, de la compañía finlandesa Metsa-Botnia (luego vendida a la empresa UPM-Kymmene, del mismo país de origen) fue finalmente construida y puesta en marcha el 8 de noviembre de 2007. 

El enfrentamiento fue en aumento de manera escalonada hasta 2010, cuando llegó a la Corte de La Haya una denuncia de la Argentina sobre la presunta violación del Tratado del Río Uruguay. Como consecuencia, el fallo posterior del máximo tribunal internacional prohibió que haya una segunda planta en el lugar (como estaba planteado originalmente) pero permitió que la que se había construido siga funcionando bajo un seguimiento bilateral del impacto ambiental.

Contaminación

A fines de 2016, a través de un extenso informe técnico, Uruguay y la Argentina dieron a conocer los resultados de un monitoreo conjunto sobre la pastera UPM (ex Botnia) como exigió un fallo de la Corte Internacional de La Haya y el resultado de este documento inédito hasta el momento fue contundente: se detectaron registros de contaminación en las aguas del Rio Uruguay tanto del lado de Fray Bentos como de Gualeguaychú.

La investigación fue presentada a las Cancillerías de ambos países y detalla con amplios datos técnicos la presencia de elementos contaminantes por encima de los valores aceptables a nivel internacional. El informe se realizó con un laboratorio canadiense acreditado por el Comité Científico de la Comisión Administradora del Rio Uruguay (CARU).

El Gobierno de Uruguay, sin embargo, reconoció un caso de contaminación por parte de la UPM recién en 2018. Aunque no fue de manera directa, la noticia se dio a conocer luego de que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente multara a la pastera por verter sobre el Río Uruguay sustancias tóxicas que superaron los límites permitidos. La sanción, de todas formas, fue de tan solo medio millón de pesos uruguayos (por entonces, casi 400 mil pesos argentinos).

Fuentes:

– Foro Ambiental

– Infobae

– AFP