Primero fueron los Panamá Papers. Esta investigación global, dada a conocer durante el año pasado, puso en vilo a todo el mundo tras revelar documentos con las propiedades que políticos, empresarios, entidades financieras, reyes, personalidades de los negocios, deportistas y artistas reconocidos, esconden en paraísos fiscales, con el fin de evadir impuestos. Ahora, el turno le llegó a los Paradise Papers.

 

En esta nueva investigación, que salió a la luz este mes y compromete a más de 120 mil personas y empresas, se conoció que la multinacional Glencore utiliza sociedades offshore para desarrollar sus millonarias operaciones mineras en la Argentina.

De acuerdo a los nuevos documentos, la compañía de origen suizo montó esas redes en paraísos fiscales de las Islas Bermudas y en las Islas Caimán. Allí creó seis sociedades que agrupan sus operaciones en la Argentina, donde afrontó cuestionamientos judiciales y sociales por la presunta evasión de impuestos y por las deficiencias de su política ambiental en la extracción de oro de la mina La Alumbrera.

Glencore compró el 50% de esa minera, en la provincia de Catamarca, por casi U$ 3.000 millones en 2013, para extraer oro y cobre, uno de los negocios más importantes que tiene en el país. Según los Paradise Papers, la adquisición de ese porcentaje (el resto les pertenece a las empresas canadienses Goldcorp Inc y Yamana Gold) se hizo con la intermediación de la primera red de sociedades offshore: Glencore SA Holdings Limited (en las Islas Bermudas) y Glencore South America Limited (en las Islas Caimán).

Un historial de escándalos

La Alumbrera representó un negocio turbulento para Glencore, que ya informó que cesará sus operaciones en junio de 2018.

Por un lado, en julio de este año, la Cámara Federal de Tucumán aceptó una medida cautelar y ordenó la «suspensión inmediata» de la extracción de oro ante las sospechas de contaminación, aunque la orden quedó sin efecto pocas semanas después. Por otro, afrontó varias las acusaciones sobre presunta evasión.

El Ministerio Público Fiscal de Tucumán, por ejemplo, denunció a La Alumbrera por el presunto ocultamiento de ganancias en 2010. Cinco años después, Glencore informó que pagó cerca de US$ 525 millones en la Argentina. Pero según Resource Project, una base de datos de código abierto sobre proyectos de petróleo, gas y minería que se nutre de datos oficiales, los pagos de Glencore PLC a los gobiernos provinciales y nacional para fines de 2015 y de 2016 apenas superó los US$ 45 millones entre regalías e impuestos.

En la misma línea, la Secretaría de Minería de Catamarca también acusó a Glencore de no cumplir con el pago de la totalidad de las regalías por la explotación de la mina, según se informó en el Boletín Oficial de esa provincia del 6 de mayo de 2016. La empresa rechazó el reclamo y el proceso iniciado por presunta evasión fiscal aún no concluyó.

También Glencore es investigada por la causa del megabasural clandestino de Los Pelambres que la empresa chilena Antofagasta Minerals instaló entre los años 2007 y 2012 en San Juan, con el fin de depositar 20 millones de toneladas de residuos peligrosos.

En marzo de 2015, un año después de instalarse en San Juan, Glencore denunció la presencia del complejo de desechos abandonados. Sin embargo, luego se supo que antes la empresa suiza había querido venderle su proyecto minero El Pachón a Antofagasta Mineral, operación que terminó frustrándose cuando se conoció el escándalo del megabasural. Por esta razón, la Justicia hoy investiga a Glencore, sospechada de esconder el tema para que prospere la millonaria inversión.

Una práctica tan oscura como común

Todo el entramado offshore de Glencore es, en sí, complejo y su difusión con los Paradise Papers levantó controversias en distintas partes del mundo. Entre otras, salieron a la luz supuestas evasiones en Colombia y Burkina Faso, el desarrollo de una flota naviera «fantasma» para operar con Irán y la cuestionada forma en que desarrolló un proyecto minero, de la mano de un cuestionado intermediario israelí, en la República Democrática del Congo.

El origen mismo de Glencore fue sospechoso. Durante sus primeros años se llamó Marc Rich & Co., en honor a su fundador, que por largo tiempo figuró entre «los más buscados» del FBI hasta que Bill Clinton lo indultó en 2001, en su último día como presidente de Estados Unidos.

Pero aquel comienzo no impidió su expansión. Considerada acutalmente la cuarta empresa minera más grande del mundo y la primera comercializadora de materias primas a nivel global, se apoyó para desarrollar todas sus operaciones en Appleby, uno de los tres estudios jurídicos más importantes y exclusivos para la creación y administración de entramados offshore.

Tal fue la importancia que adquirió Glencore para Appleby como cliente, que el estudio reservó una sala completa en sus oficinas de las islas Bermudas para gestionar sus operaciones. En total, los abogados de Appleby administraron 107 firmas offshore de la multinacional.

La otra red offshore

En la Argentina, mientras tanto, Glencore también utilizó una segunda red de sociedades offshores para la explotación de El Pachón, un yacimiento de cobre. La mina está controlada por Glencore El Pachón Limited (de las islas Bermudas), que a su vez es manejada por Glencore Holdings (también de las islas Bermudas). La multinacional recibe distintos beneficios para operar este proyecto, como por ejemplo, al pagar impuestos por un 25% de las exportaciones declaradas.

La multinacional también controla desde 2005 la empresa Ar Zinc SA (ex Sulfacid), la única productora de zinc electrolítico en la Argentina, cuyo polo de producción están en las afueras de Rosario. Y la compra de esa empresa fue a través de la offshore Glencore Finance Ltd (al igual que las anteriores offshore, de las islas Bermudas). La empresa, que contaba con 400 empleados, cerró el año pasado.

Sin embargo, allí no se acaban los negocios de Glencore en la Argentina, aunque no vinculados con la minería, que también opera a través de paraísos fiscales. Entre ellas, Oleaginosa Moreno (en la ciudad de Bahía Blanca) y Molino Libres (en la provincia de Corrientes), que son controlados también desde las islas Bermudas.

Fuente: Foro Ambiental