El glifosato comenzó a ser comercializado por Monsanto bajo el nombre de Roundup en la década de 1970 y hoy es distribuido por todas las grandes multinacionales químicas del mundo, por lo que vende en más de 160 países. Argentina es el mayor consumidor a nivel mundial. Cada año, en el territorio nacional se utilizan unos 200 millones de litros, que son aplicados sobre más de 28 millones de hectáreas.

El producto estrella del modelo agroindustrial afronta sus días más difíciles. En sólo ocho meses, diferentes tribunales de justicia de Estados Unidos condenaron a Monsanto-Bayer por producir cáncer a través del uso del glifosato. Durante la última sentencia, incluso, se destacó que la multinacional ocultó los riesgos para la salud del herbicida.

Este declive comenzó en agosto del año pasado con el juicio que inició el jardinero Dewayne Johnson, que logró que el gigante agroquímico le pagara 78 millones de dólares por demostrar que existía una relación entre el cáncer que padece y la sustancia química de uno de sus herbicidas.

El caso sentó un precedente inédito en el mundo. Pese a que desde el 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que el glifosato es “potencialmente cancerígeno”, fue la primera vez que un jurado reconocía que los herbicidas de Monsanto (que fue comprado por Bayer en 2018), específicamente su producto Roundup, puede contribuir «sustancialmente» a la enfermedad terminal de una persona.

En la última condena, otro tribunal de California le ordenó pagar 80 millones de dólares a un jubilado estadounidense que también sufre de cáncer. Se trata de Edward Hardeman, de 70 años, quien alegó que el Roundup que usó durante 25 años le produjo un Linfoma no Hodgkins. En esta ocasión, el jurado determinó que la compaía fue «negligente» al no hacer lo suficiente para advertir al usuario del riesgo de su producto.

“El jurado responsabilizó a Monsanto por sus 40 años de conducta delictiva corporativa”, explicaron las abogados del demandante, Jennifer Moore y Aimee Wagstaff, quienes además aportaron pruebas contra Monsanto por llevar adelante una política de lobby para comprar científicos, medios de comunicación y funcionarios.

Según la causa judicial, conocida como “Monsanto Papers”, la multinacional habría trazado nexos con funcionarios, con autoridades y miembros de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para que oculten las consecuencias de su producto principal, que es aplicado tanto en campos como en jardines de hogares particulares. De hecho, la reconocida revista Science, precisó que se llegaron a pagar hasta 250.000 dólares para que ciertos científicos defiendan el uso de agroquímicos.

Tras una larga pelea administrativa, a mitades del 2017, este entramado fue denunciado en primera instancia por investigador internacional Christopher Portier, quien tuvo acceso a estudios confidenciales que Monsanto entregó a las autoridades de la Unión Europea. Según el especialista, que fue director de organismos como el Programa Nacional de Toxicología (NTP) de Estados Unidos y titular del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS), allí se encontraron evidencias sobre la injerencia del glifosato en varios casos de cánceres comprobados que fueron omitidos en los informes oficiales.

Los casos Dewayne Johnson y Edwin Hardeman, considerados “pioneros” por el juez californiano Vince Chhabria, son los primeros de 11.000 juicios que esperan a Monsanto-Bayer en Estados Unidos. Tras la última sentencia, las acciones de la agroquímica llegaron a caer 12 por ciento. De acuerdo a la consultora británica Jeffries LLC, los juicios pendientes podrían representar pérdidas por 680.000 millones de dólares.

Tras conocer el fallo de primera instancia por la denuncia de Hardeman, la multinacional emitió un comunicado en el que criticó la decisión del tribunal. «Estamos decepcionados pero seguimos creyendo firmemente que la ciencia confirma que los herbicidas a base de glifosato no causan cáncer», sostuvo en el escrito, que anunció que apelará. «Confiamos en que la evidencia en la fase dos demostrará que la conducta de Monsanto ha sido apropiada”.

Fuentes:

• EFE
• Semana

Foro Ambiental