Afirman que la actualización provincial de la Ley de Bosques desprotegería al menos nueve zonas de entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Los bosques de Neuquén podrían estar en peligro. Así lo asegura Greenpeace y demás organizaciones ambientales, que aseguran que el proyecto presentado por el gobierno provincial para actualizar la Ley 2.780 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos impone una serie de favores para el desarrollo de negocios inmobiliarios.   

 “La modificación que el gobierno de Neuquén está proponiendo en la Ley de Bosques es completamente ilegal ya que está hecha para permitir el avance de los proyectos inmobiliarios sobre bosques protegidos”, explicó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. “Los cambios en las leyes ambientales deben ser para aumentar la protección, no para disminuirla”.

El proyecto presentado por el gobernador Omar Gutiérrez, en concreto, propone aumentar la cobertura de 543.917 a 594.628 hectáreas. La categoría de áreas en rojo, donde no se puede modificar, tendría un incremento del 86%. Sin embargo, el problema está en la verde de menor protección, que se elevaría por encima del 43%. En cambio, la amarilla de uso sustentable decaería un 33%. Estos cambios, aseguran los grupos ambientalistas, en concordancia con académicos y grupos aborígenes, habilitará la transformación de al menos nueve aéreas clave en San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

La Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativo, más conocida como la Ley de Bosques, indica que cada provincia debe realizar su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y actualizarlo cada cinco años, a través de un proceso participativo y de acuerdo a criterios de sustentabilidad ambiental establecidos en su articulado y anexo.

“Reducir la superficie forestal protegida de los desmontes, viola la Ley Nacional de Bosques 26.331 y sus principales objetivos, promover la conservación y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes”, advirtieron los referentes de Greenpeace. 

Además, la ONG recordó que el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) dispuso, mediante la resolución 236/12, los criterios con los cuales se puede modificar un ordenamiento territorial, “en el cual se zonifican las áreas protegidas y establece que deberán realizarse teniendo en cuenta el concepto de no regresividad en materia ambiental, que consiste en que no debe ser modificada si esto implica retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad, con lo que se evita que se produzcan daños ambientales irreversibles o de difícil reparación”.

En el caso de Neuquén, el primer eje de disputa ronda alrededor de Chapelco, Cerro Bayo y la última pista de esquí de Caviahue. Las cortas temporadas invernales llevaron a que para hacer rentables los medios de elevación las empresas necesiten extenderse a nuevos desarrollos. El segundo punto de tensión está ligado a las comunidades mapuches y sus reclamos por las tierras ancestrales. En este aspecto, el conflicto se extiende también a áreas de Vaca Muerta y otros puntos con valor turístico.

Sobre esto último, investigadores de la Universidad Nacional de Comahue difundieron un comunicado en el que expresan preocupación por «la intención de concretar de manera expeditiva una iniciativa que no cuenta con el acuerdo de sectores de la sociedad civil de las comunidades que habitan esos territorios«. Además, agregaron que es “llamativo en un contexto internacional en el que la cuestión ambiental se instala como tema prioritario de las agendas públicas”.

El Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, por su parte, también criticó el proyecto. “El nivel de disputa con diversos actores locales y las comunidades mapuches en Cerro Bayo y Cerro Chapelco, donde el interés para emprendimientos inmobiliarios es evidente”. 

Pese a la insistencia, por el momento, el oficialismo del Movimiento Popular Neuquino no consiguió los votos en la Comisión de Medio Ambiente de la provincia para tratar el proyecto de manera exprés antes del recambio legislativo. Esto significa que quedará en stand by hasta que asuman los nuevos legisladores provinciales, ya que que no perderá estado parlamentario.

 Fuentes: 

– Diario Rio Negro

– Ámbito 

– Greenpeace