La provincia aprobó una ley para prohibir el uso del polémico herbicida en ejidos urbanos y algunos espacios rurales a partir de 2020.

 

Misiones quiere avanzar hacia un modo de producción agrícola más amigable con el medio ambiente. La Cámara de Diputados de la provincia aprobó un proyecto de ley que prohíbe el uso del glifosato en ejidos urbanos y algunas zonas rurales a partir del año 2020.

De acuerdo al artículo 1º, se prohíbe la aplicación del glifosato, sus componentes y afines “en los ejidos urbanos del territorio provincial, comunidades de pueblos originarios, establecimientos educativos y sanitarios cualquiera sea su denominación o rango”.

La reglamentación surgió de un proyecto elaborado por el legislador Martín Sereno (Partido Agrario y Social) y contó con un amplio apoyo de la Cámara de Representantes de Misiones, el único cuerpo legislativo que posee la provincia.

Entre sus fundamentos, la nueva ley hace referencia a estudios científicos y posicionamientos por parte de organismos internacionales respecto a las consecuencias del glifosato, como el de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que clasifica al insecticida como “potencialmente cancerígeno”.

“La exposición a plaguicidas se ha vinculado al cáncer, a la enfermedad de Alzheimer y a la enfermedad de Parkinson, a trastornos hormonales, a problemas de desarrollo y a esterilidad. Los plaguicidas también pueden tener numerosos efectos neurológicos, como pérdida de memoria o de coordinación o reducción de la capacidad visual o motriz”, señaló Sereno.

En el texto se especifica que el herbicida tampoco se podrá aplicar en “reservas naturales de cualquier tipo y denominación (ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas), centros turísticos, cursos de agua dulce que proveen para consumo humano ni para la producción agrícola ganadera”.

“La ley representa un triunfo para quienes no queremos más pueblos fumigados, no queremos que los agrotóxicos sigan enfermando y matando. Es necesario que este tipo de legislaciones se apliquen en resguardo del derecho a la salud de los pueblos”, destacó el secretario general de ATE, César Fariña.

A partir del artículo 2º, además, se establece que queda prohibida «la inoculación y/o fumigación mediante la utilización de aeronaves o medios análogos, de plaguicidas u otros químicos de naturaleza biocida, además de los que se encuentren prohibidos por normas nacionales o internacionales, en todo el territorio provincial».

Dado que la norma implica renunciar al sistema de agricultura intensiva dependiente de plaguicidas que da beneficios en el corto plazo, la ley entrará en vigencia a partir del 1 de abril de 2020 para dar tiempo al sector primario a cambiar su modo de producción más sustentable y responsable. Para acompañar a los productores y las productoras, la provincia anunció que brindará capacitaciones y campañas de concientización.

Derrota del glifosato

Durante el año pasado, la ONU advirtió que los insecticidas y herbicidas son responsables de 200.000 muertes por intoxicación aguda al año, de las cuales el 99% se produce en países en desarrollo, y pidió poner en marcha “un proceso global para la transición hacia una producción agrícola y alimentaria más segura y saludable”.

Entre ellos, el mayor apuntado de todos es el glifosato. Según la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Argentina es el mayor consumidor mundial de este herbicida. En el territorio nacional, cada año se utilizan unos 240 millones de litros, que son aplicados sobre más de 28 millones de hectáreas.

La misma organización ambientalista sostiene, además, que en los pueblos rurales del país una de cada tres personas muere de cáncer, mientras que en el resto del país es una cada cinco. Es decir, en las regiones agrarias, hay entre un 40 y 50 por ciento más de fallecimientos a causa de esta enfermedad.

El glifosato comenzó a ser comercializado por Monsanto en 1974, como el principal componente del Roundup. Pero, a medida que se intensificó la industrialización del campo, el producto pasó a ser distribuido por todas las grandes multinacionales agroquímicas. Entre ellas, están Bayer (que acaba de comprar a Monsanto), Dow-Dupont, Syngenta (que fue adquirida por la china Chem-China), Basf y FMC, las cuales manejan casi la totalidad del mercado agroalimentario del planeta.

Otros estudios nacionales, impulsados por investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), han comprobado que las moléculas del herbicida no son biodegradables –como siempre juraron desde la industria química– sino pseudopersistentes y que 6 de cada 10 frutas y verduras del país tienen al menos un agrotóxico.

“Los plaguicidas, que se han promovido de manera agresiva, generan preocupación a nivel mundial en lo concerniente a los derechos humanos, y su utilización puede tener consecuencias muy perjudiciales para el disfrute del derecho a la alimentación”, concluyó Sereno.

Fuentes:

• Misiones prohibió el uso del glifosato en ejidos urbanos y algunas zonas rurales / Infonews
• Festejan sanción de ley que prohíbe el glifosato en Misiones / primeraedicion.com.ar
• Los plaguicidas provocan 200.000 muertes al año / La Vanguardia

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