Mendoza le abre las puertas al fracking
(y a sus consecuencias)

A pesar de que esta actividad extractiva genera grandes cantidades de residuos químicos que afectan a los recursos acuíferos, el gobierno provincial autorizó su desarrollo.

 

La situación ambiental de Mendoza ha dado un vuelco rotundo. A través del decreto 248, el gobernador Alfredo Cornejo habilitó la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica del fracking, una práctica ampliamente rechazada por organizaciones ambientalistas y vecinales.

En conferencia de prensa, el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance y el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, detallaron que todas aquellas empresas que pretendan empezar a practicarlo, deberán seguir un “protocolo” para brindar datos de la explotación de los pozos (si son ya existentes o si se hacen perforaciones nuevas), del agua a utilizar, de los aditivos químicos y la sismicidad.

El fracking es una técnica que consiste en la perforación de un pozo, entubado y cementado, a más de 2.500 metros de profundidad, en el cual se inyecta agua, arena y químicos a alta presión, para fracturar la roca y así llegar a las reservas contenedoras de hidrocarburos.

A pesar de las críticas por contaminación de aguas superficiales y subterráneas –debido a la gran cantidad de fluidos químicos que se utilizan en el procesos de extracción– Mingorance defendió la polémica norma.

«Hoy la ley nacional establece que las provincias pueden llevar procesos de estimulación hidráulica», sostuvo el titular de la Secretaría de Ambiente, que estará a cargo del control de la aplicación.

Antes de que sea aprobada por decreto, la iniciativa fue presentada durante una audiencia pública en Malargüe, el pasado 28 de diciembre, y meses antes el gobernador Cornejo había llevado adelante una «serie de pruebas pilotos» en cuatro pozos petroleros de la misma localidad.

Fuerte rechazo ambientalista

Para Carlos Benedetto, presidente de la Federación Argentina de Espeleología (Fade) quien presentó un amparo contra el fracking que se realizó en Malargüe, este decreto desconoce el avance que están teniendo en la vía judicial.

A raíz del rechazo del amparo, el titular de la ONG presentó en febrero un recurso extraordinario en la Suprema Corte de la provincia. “Fue aceptado y estamos esperando que se resuelva, por lo que es extraño y desprolijo que se publique un decreto al respecto”, expuso. Recordó además que desde la organización impugnaron la audiencia pública y aseguró que en la resolución en la que se aprobó la audiencia se dejaron afuera importantes argumentos.

En tanto, Marcelo Romano, abogado ambientalista y senador electo (Partido Intransigente), aseveró que este decreto no respeta la ley ambiental 5.961. “Lo que necesitamos ahora es que la Legislatura dé a luz un nuevo proyecto de ley que comprenda todos los presupuestos mínimos de protección ambiental que no se han tenido en cuenta”, dijo.

Asimismo, adelantó que junto con los abogados ambientalistas Enrique Viale, Marcelo Arancibia y Diego Seguí presentará próximamente una denuncia penal contra los funcionarios involucrados en esta reglamentación.

“Sabemos que viola la ley porque a los pozos que están en explotación no les va a hacer falta una manifestación, sino un aviso de proyecto que es un procedimiento mucho menos exigente”, explicó.

Para Romano, lo que está haciendo el gobernador con este decreto es “sobreponer intereses económicos y empresariales al cuidado del agua y del ambiente”. En esa misma línea se manifestó Julieta Lavarello. La integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, sostuvo que el fracking “es una de las actividades que integran el modelo de saqueo, explotación y contaminación, como la minería y los agroquímicos”.

“Estamos hablando de estrujar el planeta para sacar dos gotas de petróleo. Es totalmente contrario a la política de Estado de cambiar paulatinamente a las energías renovables que decían sostener desde el gobierno”, cuestionó la activista.

Lavarello, por último, denunció que “favorecen económicamente a unas pocas personas, en su mayoría empresas transnacionales, a costa de la destrucción total o parcial de los bienes comunes” y destacó que en Argentina no existen los controles adecuados para que se lleve adelante.

Fuente: Foro Ambiental