La instalación de un megabasurero petrolero en la ciudad de Catriel divide a los habitantes

El proyecto para instalar un enorme depósito de residuos petroleros provocó una crisis en el norte de la Patagonia argentina y volvió a poner en primer plano el debate sobre el impacto ambiental de las industrias extractivas.

 

Ubicada en la provincia de Río Negro y a unos 1.000 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, la ciudad de Catriel experimentó una gran transformación a partir de 1959, año en el que se descubrió un yacimiento petrolero dentro de su territorio. A partir del hallazgo, Catriel experimentó un gran crecimiento poblacional y en la actualidad ronda los 30.000 habitantes.

Desde entonces, y más allá de la generación de nuevos empleos y del aumento del poder adquisitivo, la región no ha quedado exenta de los problemas ambientales que arrastra toda actividad petrolera. Catriel es el origen de buena parte de los metales pesados que mantienen en un estado de contaminación alarmante al Río Colorado, así como también de los efluentes cloacales que allí se tiran sin ningún tipo de tratamiento. Tal como lo denuncian desde hace años los grupos ecologistas, la planta depuradora que posee la ciudad se encuentra en estado de abandono y su funcionamiento es cada vez más deficiente.

El origen del conflicto

En 2016, el municipio anunció su intención de instalar un “depósito de residuos especiales”, sobre una superficie de 300 hectáreas, para dar destino final a los restos inservibles de la actividad petrolera del área. La totalidad de los barrios de Catriel abarcan 675 hectáreas, por lo que el predio pasaría a ocupar casi la mitad de la ciudad.

El proyecto generó división social y resistencias que culminaron en noviembre del año pasado, cuando los opositores lograron una modificación a la Carta Orgánica Municipal (la norma suprema a nivel local), que declaró a Catriel “zona protegida” y prohibió la instalación del “megabasural”, al considerarlo un foco de contaminación.

“Queda prohibida la radicación o instalación de centrales nucleares, reservorios, basureros, repositorio de disposición final o transitoria de material contaminado proveniente de la industria petrolera, nuclear, química o de cualquier actividad contaminante”, dice el artículo 94 de la nueva norma, que entró en vigencia el 1 de enero.

El intendente Carlos Johnston calificó de “bochornosa” la reforma, cuyos impulsores habían sido elegidos mediante una votación popular especial que se realizó en abril pasado, y pidió a la Justicia que restaure la versión anterior, con el argumento de que quienes redactaron el nuevo texto se excedieron en sus atribuciones.

“En todo momento nos fue prácticamente imposible acceder a información. Cuando fuimos a preguntar, el municipio nos dio un documento que tenía un mapa de donde se quiere ubicar la planta y prácticamente nada más”, dijo Natalia Castillo, una empleada administrativa que integra la Asamblea Socio Ambiental de Catriel.

A la espera de la decisión de la Justicia, la activista y vecina de la ciudad afirmó:

“Estamos muy preocupados por el impacto que puede tener la planta y estamos intentando concientizar a la gente. El problema es que muchos acá trabajan en la industria petrolera y prefieren no meterse con este tema”.

El intendente Johnston, por su parte, ratificó su posición y justificó: “Tenemos pasivos ambientales desde 1959. Es nuestra obligación, como Estado, tratarlos. Mucho peor sería no hacerlo”.

De acuerdo al mandatario local, que afirmó que “la autorización ambiental corrió por cuenta de las autoridades provinciales” y reconoció que “puede ser que haya faltado hasta ahora dar una mayor información a la sociedad”, los residuos que se aceptarán en la planta serán los de Catriel y no de otros municipios de la provincia de Río Negro.

Sin embargo, desde las organizaciones ambientalistas descreen de esta versión y advierten que “debido al gran tamaño del predio que está pensado para construir el depósito, se podría recibir residuos de la actividad petrolera de toda la zona y no solo de Catriel”.

Un contexto complejo

Vaca Muerta

Además de tener que afrontar sus propios problemas relacionados con la industria petrolera, Catriel se encuentra inmersa en la llamada Cuenca Neuquina, la principal área hidrocarburífera del país, y a pocos kilómetros del desarrollo de Vaca Muerta, el segundo yacimiento más grande de gas y el cuarto de petróleo a nivel mundial.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos estimó las reservas recuperables en los 30.000 kilómetros cuadrados de Vaca Muerta en nada menos que 27.000 millones de barriles de petróleo y 802 billones de pies cúbicos de gas.

“El problema es que el ‘fracking (fractura hidráulica)’, que se utiliza para extraer los hidrocarburos no convencionales, genera residuos a una escala muy superior que la explotación convencional”, afirmó Martín Álvarez, investigador del no gubernamental e interdisciplinario Observatorio Petrolero Sur (OPSur).

Tal como explica el referente ecologista, con esta tecnología que perfora las rocas a grandes profundidades mediante grandes inyecciones de agua y aditivos, “no solo hace que vuelvan a la superficie las sustancias químicas utilizadas para realizar la perforación y la fractura hidráulica, sino también materiales radiactivos de origen natural que están en el subsuelo”.

“Hay una saturación de residuos petroleros en la Cuenca Neuquina a partir del fracking, que es una técnica sucia. Entonces surgió este nuevo negocio, el acopio de residuos, que tiene un impacto ambiental enorme porque los contaminantes pueden filtrarse en las aguas subterráneas”, agregó el experto.

Vínculos con el poder

De concretarse el proyecto, un dato al menos curioso, es que la instalación de la planta de tratamiento estará a cargo de Crexell Soluciones Ambientales. Con fuertes vinculaciones políticas, la compañía pertenece a Nicolás Crexell, hijo de la histórica dirigente política Luz María Sapag (1944- 2010), hermano de Lucila Crexell, actual senadora nacional, y sobrino de Jorge Sapag, quien fue gobernador de la provincia hasta 2015.

Sin lugar para los ambientalistas

Junto a FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) y Greenpeace Argentina, el OPSur realizó un pedido de acceso a la información a distintos organismos provinciales de Río Negro. Además, emitió un documento crítico, en el que llamó la atención sobre las dimensiones del proyecto. Con sus 300 hectáreas, la ONG, afirmó que superaría en casi 10 veces a la que es actualmente la mayor planta sudamericana de este tipo, que tiene 34 hectáreas y también está en Neuquén.

El documento se refiere a Comarsa, un depósito de residuos petroleros que está a solo 135 kilómetros de Catriel y cerca de la capital. La instalación es cuestionada desde hace años por los vecinos, lo que obligó a las autoridades locales a prometer su cierre definitivo para noviembre pasado, aunque ello no se concretó aún.

Las organizaciones ambientales consideraron, por otra parte, que durante la audiencia pública en la que se discutió el proyecto (el 31 de marzo de 2017), muchas preguntas y objeciones de los participantes no fueron respondidas. También cuestionaron la aprobación de la evaluación de impacto ambiental que realizó la Secretaría de Ambiente de Río Negro, “a pesar del rechazo de distintos sectores de la comunidad catrielense”.

Frente a estas demandas, Johnston –que ganó las últimas elecciones con 35 por ciento de los votos– rechazó la posibilidad de convocar a un referéndum popular sobre la instalación de la planta, como había solicitado la Asamblea Socio Ambiental de Catriel.

En un comunicado, la organización repudió la postura del intendente y manifestó: “¿Qué va a pasar cuando las patologías de visibilicen en las personas que habitamos Catriel, debido a la contaminación ambiental del basurero petrolero?”.

Fuente: Foro Ambiental