El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias el empeño por flexibilizar los objetivos contra el cambio climático. Para lograrlo, el Ejecutivo federal va a rescindir la autoridad que tiene California desde hace medio siglo para establecer sus propios límites a las emisiones de gases contaminantes. El Estado ya ha anunciado que responderá en los juzgados. Más allá de la ideología, se trata de una batalla de alto riesgo para el mercado de coches.

La decisión, que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) tenía previsto dar a conocer oficialmente, es la culminación de una larga batalla anunciada que empezó a concretarse a mitades del 2018, cuando la Casa Blanca, tras años de presiones de la industria automovilística, rebajó sustancialmente los objetivos federales de emisiones contaminantes. Desde 2012, los objetivos de California, los más ambiciosos del país, se habían convertido en el estándar para todo el país tras un pacto entre Sacramento, Washington y la industria.

La pelea por destruir la herencia en materia de regulación medioambiental del Gobierno demócrata se ha convertido en algo personal para Trump. El presidente desactivó las restricciones de emisiones a petición de la industria. Pero la actitud de California de mantener las suyas dejó a los fabricantes ante un escenario de pesadilla: dos mercados distintos dentro de EE UU. Hay 15 Estados cuya regulación en este ámbito está ligada a lo que diga California. Entre todos, suponen un tercio del mercado automovilístico del país.

El vértigo de los fabricantes ante esta batalla hizo que cuatro de los más grandes (Ford, Honda, BMW y Volkswagen) anunciarán un acuerdo con el Gobierno de California por el que aceptaban unos límites de gases más parecidos a los del Estado que a los de Washington. El impacto para la Casa Blanca fue letal. Trump lo ve como una traición y piensa que su propuesta es la mejor para la industria y que ignorar los objetivos medioambientales supone crear empleo. El Departamento de Justicia anunció una investigación anticompetencia contra estos cuatro fabricantes.

California, por sus características de población (39 millones de habitantes), tamaño y parque automovilístico (25 millones de coches registrados), tiene un permiso federal por el que está exenta de los límites fijados por Washington y puede fijar objetivos medioambientales más ambiciosos. Ese permiso es lo que ha revocado la Administración Trump recientemente.

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Las autoridades de California salieron inmediatamente a condenar el movimiento y prometieron una batalla judicial que ya se venía preparando. “California no va a esperar permiso de Washington para proteger la salud y la seguridad de los niños y las familias”, dijo el gobernador, Gavin Newsom, en un comunicado. “California, los mercados globales y la madre naturaleza prevalecerán”.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, que ya ha presentado más de medio centenar de denuncias contra Trump en todo tipo de asuntos, anunció una nueva acción judicial. “No tiene ninguna autoridad ni base para retirar la excepción”, dijo Becerra. “Estamos listos para luchar por un futuro que usted parece incapaz de comprender; nos veremos en el juzgado si se interpone en nuestro camino”.

California fijó los primeros límites a las emisiones de coches en EE UU en 1966. Eran los años en que el smog de ciudades como Los Ángeles provocaba alertas sanitarias. Un año después, el Gobierno Federal reconoció la autoridad del Estado para fijar sus propios objetivos de emisiones contaminantes. El republicano Ronald Reagan era gobernador y el demócrata Lyndon Johnson presidente. Tres años después, con el republicano Richard Nixon como mandatario, se aprobó la Ley de Aire Limpio que ratificó la excepción de California por su tamaño y la velocidad con la que estaba creciendo su población y su parque automovilístico.

Fuentes: 

– El País 

– Foro Ambiental