La devastación ambiental como parte del “desarrollo”

La contaminación de la megaminería, las fumigaciones en escuelas rurales, el desalojo de pueblos originarios o la construcción de nuevas centrales nucleares son algunos de los temas que afronta a diario Enrique Viale, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas.

 

“La economía del desarrollo no es otra cosa que una construcción intelectual destinada a justificar y promover la expansión de un modelo y unos valores –los occidentales– como necesarios para superar el supuesto atraso de sociedades caracterizadas por otras referencias culturales, otra forma de organización social y otra forma de relación con la naturaleza”, resume.

Junto a la reconocida socióloga argentina Maristella Svampa, en 2014 presentaron el libro “Maldesarrollo”, donde se explica cómo a partir de la década del 50 Estados Unidos comienza a gestar la idea global de que la única manera que tenían los “países subdesarrollados” (o tercermundistas de Occidente) para progresar, era la apertura de las economías, el acceso a los créditos internacionales de los bancos y el arribo de las multinacionales.

“Estos factores alimentaron una matriz extractiva que instaló una dinámica de despojo o desposesión de bienes naturales, entrega de territorios y, por ende, una devastación socio-ambiental”, señalan los autores.

Para Viale, desde entonces, hay ejemplos concretos que demuestran el “maldesarrollo” de la Argentina: las 23 millones de hectáreas de soja transgénica plantadas en todo el territorio nacional, los proyectos de megaminería en la Cordillera de los Andes, la tala de ocho millones de hectáreas de monte nativo en los últimos 25 años, la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de fracking en la Patagonia y “de un extractivismo que tiene que ver con la especulación inmobiliaria, al que le damos el nombre de extractivismo urbano”, que se da en la ciudad de Buenos Aires, en el gran Buenos Aires, y en gran parte del resto del país.

En este último punto, es donde Viale hace hincapié para hablar del nivel de violencia que las grandes empresas, en connivencia con el Estado y el amparo de medios masivos de comunicación, ejercen por el uso de los territorios en Argentina. De acuerdo al abogado ambientalista, el caso de Santiago Maldonado –el joven argentino desaparecido desde el 1º de agosto, luego de que participara de una movilización mapuche en Chubut que fue violentamente desalojada por la Gendarmería Nacional– responde a esta situación. “Santiago Maldonado es un desaparecido por la tierra”, sostiene y agrega que en la actualidad existe una nueva “profundización de la campaña anti-indígena”, que busca generar un “consenso monocultural, de que otras culturas son atrasadas, primitivas, y de que hay que llevar el desarrollo a esos lugares”.

Aquellos territorios que tanto empresas como gobiernos de turno se apuran en localizar y vaciar, para instalar proyectos extractivos, son considerados por Viale como “áreas de sacrificio”. Un ejemplo concreto: el yacimiento de hidrocarburos no convencional de la formación Vaca Muerta. Considerada por gobiernos conservadores y también progresistas como “una bendición”, representa la posibilidad para Argentina de convertirse en “la nueva Arabia Saudita” y, por ende, que genere la llegada de inversiones y de puestos de trabajo.

“En nombre de la economía del progreso –apunta– las comunidades asentadas son invisibilizadas. Se desvaloriza cualquier otro tipo de economía, de cultura y de relacionamiento, entre nosotros o con la naturaleza”.

El progreso y el sometimiento de la naturaleza

En términos históricos, Viale plantea que fue en la Edad Moderna (comprendida entre el siglo XV y el XVII) que el hombre se desconectó de la naturaleza y comenzó a concebirla como un objeto de conocimiento y dominación.

“Los seres humanos se colocaron al margen de la naturaleza y, desde esa posición, asumimos el papel de conquistadores y dominadores de ella. Después el derecho de la propiedad privada completó el proceso”.

En ese sentido, el abogado explica que el derecho actual regula y propone resarcir el daño, mientras que el derecho ambiental busca evitarlo directamente. “El movimiento internacional de derechos ambientales empezó a direccionar al derecho hacia un modelo en el que la prohibición del daño ambiental empiece a tener algún protagonismo a la hora de actuar antes, en virtud de que no hay valor económico que pueda indemnizar un río, un glaciar; no todo tiene precio”, compara.

El abogado asegura que los postulados del derecho ambiental “chocan de frente con la lógica del derecho tradicional”, porque el principio preventivo (que busca impedir una actividad que sabe que provoca un daño) y el principio precautorio (que busca evitar una acción por desconocer las consecuencias que puede provocar) transforman la lógica del ordenamiento jurídico. Principalmente el principio precautorio, ya que “invierte la carga de la prueba”: se tiene que demostrar que la acción no provocará daño, detalló. Trastoca el derecho de propiedad, porque nadie puede hacer lo que quiera en su propiedad, como, por ejemplo, talar un monte nativo.

Aún así Viale considera que Argentina tiene una “legislación de avanzada”, sin embargo, no logra aplicarla. En ese sentido, acusa que los jueces evitan las demandas candentes y que se pierde hasta un año en definir qué juzgado tiene competencia.

Al igual que otros países regionales, como Uruguay, Argentina todavía no ha definido los delitos ecológicos. Las demandas se abordan por daño ambiental, lesiones a la salud o incumplimiento de la legislación. Es decir, se aplican multas a los responsables, pero casi nunca se les exige la remediación del daño ambiental.

Es por esta razón que desde la Asociación de Abogados Ambientalistas “se está promoviendo un giro de la visión antropocéntrica a una para la cual la naturaleza sea el foco de atención y sujeto de derecho”.

El proyecto pretende, entre otras cosas, la desmercantilización de la naturaleza y una relación armónica con ella. Esto, según Viale, no implica que se deje de cultivar, pescar o criar ganado, sino “mantener los sistemas de vida, los ecosistemas y las colectividades” y reducir “el nivel de consumismo actual”.

Fuente: Foro Ambiental