La Corte Suprema declara que la Ley de Glaciares es constitucional

Tras casi una década de incertidumbre, la Ley 26.418 será ratificada como constitucional por la Corte Suprema, confirmaron fuentes cercanas al máximo tribunal. La Ley de Glaciares, como se la conoce popularmente, impedirá así el avance de los 44 proyectos mineros que hoy hay identificados en zonas glaciares o periglaciares y que violan la normativa, según informes de la Dirección de Gestión Ambiental, Recursos Hídricos y Acuáticos de la Nación.

El fallo representará un histórico revés para la megaminería. Sobre todo para la multinacional canadiense Barrick Gold. Desde la aprobación de la norma en 2010, la mayor productora de oro a nivel mundial, reconocida en Argentina (y en los otros países donde opera) por sus escándalos ambientales, fue la que exigió su nulidad ante la Justicia de San Juan, un asunto del cual la Corte Suprema ahora tomó posición a favor de la constitucionalidad.

«Barrick evidenció siempre un enorme desprecio por la legislación ambiental de nuestro país. Siempre supo que su emprendimiento minero Veladero y el proyecto Pascua Lama violan la Ley de Glaciares, por eso la cuestionó judicialmente. Ahora no hay más excusas, desde hace años que venimos pidiendo la aplicación efectiva de la Ley de Glaciares, especialmente en las zonas donde están en peligro», destacó el abogado ambientalista Enrique Viale.

Argentina es el segundo país de América Latina con más glaciares.

La Ley de Glaciares impide el establecimiento de actividades extractivas y el uso indiscriminado de recursos hídricos (millones de litros diarios) en zonas de glaciares y periglaciares con el fin de garantizar el consumo humano, la agricultura responsable y la protección de biodiversidad, así como también el resguardo del atractivo turístico.

El artículo 6, que prohíbe las actividades que puedan alterar su condición natural, era el más cuestionado por la industria minera encabezadas por Barrick Gold y el que desató varios de los amparos judiciales -respaldados por gobernadores de las provincias que impulsan estas actividades- que hicieron que su aplicación nunca sea plena y que la explotación minera siga funcionando.

«Hay dos intereses en juego: el agua de todos los argentinos y el oro de una empresa minera que quiere destruir glaciares en territorio argentino. Los glaciares son la fábrica de agua del país y nutren todos los ríos. Ellos quieren hacer minería bajo esas zonas: para hacerlo no hay otra forma que destruir el glaciar», agregó Viale.

Barrick Gold siempre ha sido una empresa rodeada de controversias. Desde 2005, la multinacional originaria de Toronto explota la mina Veladero en la provincia de San Juan y tiene aún mantiene el proyecto Pascua Lama, que supo ser el primer proyecto binacional minero del mundo (Argentina- Chile) pero que nunca entró en operación y en 2018 fue dado de baja del lado chileno por las irregularidades y hechos de contaminación.

En nuestro país, la actividad de Barrick Gold ha tenido un fuerte rechazado por parte de los pobladores y diversas ONG´s, que critican los impactos de la megaminería en la salud y el ambiente. Tanto en Veladero como Pascua Lama, la compañía ha sido responsable de grandes incidentes ambientales comprobados, principalmente derrames de cianuro.

El más grave ocurrió entre el 23 y 24 septiembre de 2015, cuando se produjo la fuga de un millón de litros de agua contaminada en Veladero. Considerado el mayor desastre minero de la historia de la Argentina, el líquido terminó afectando los ríos Potrerillos, Las Taguas y La Palca. No obstante, pese a la multa y el repudio social, la multinacional consiguió un permiso para seguir operando y ahora busca otro guiño judicial para proyectar nuevas explotaciones.

«Si la Argentina no tiene una Ley de Glaciares, la apropiación feudal de algunos recursos mineros en ciertas mineras va a afectar claramente al resto del país por el simple hecho de que esas provincias tienen la suerte de tener minería en su territorio y por lo tanto adquieren groseramente la decisión de destruir los glaciares para valerse de los dividendos de la explotación”, explicó el periodista ambiental Sergio Federovisky, presidente de la Fundación Ambiente y Medio.

Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros habían manifestaron que lo que suceda con la ley será clave para dar previsibilidad a los proyectos de largo plazo.

«No es una ley antiminera sino de protección de un recurso muy valioso como son los glaciares, que son los proveedores de agua dulce donde no la hay; como los Andes áridos de provincias como Mendoza, La Rioja, Catamarca y San Juan», expresó Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). «Son recursos que trascienden el territorio de las provincias por lo que hay que hacer valer la ley”.

Argentina es el segundo país con más glaciares de la región latinoamericana, con casi 17.000. A nivel nacional, Santa Cruz es la provincia que contiene la mayor superficie (3.421 km2 y 2.420 unidades). En segundo lugar se encuentra Mendoza, con 1.239 km2 y 4.172 cuerpos de agua inventariados, mientras que San Juan completa el podio, 615 km2 y 4572 glaciares inspeccionados.

El caso de San Juan es el más emblemático. Del total de los proyectos ilegales que se detectaron, 28 se encuentra en la provincia cuyana. «La Ley de Glaciares ha sido aprobada por la presión popular después del famoso veto Barrick a la primera ley», dijo Gonzalo Strano, de Greenpeace, en alusión al veto que la ex presidenta Cristina Kirchner hizo en 2008, al poco de ser sancionada, argumentado que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución.

En la actualidad, el 80 por ciento de las reservas de agua dulce del planeta se encuentra en los glaciares. Por eso Strano plantea que «no podemos darnos el lujo de que, por unas toneladas de oro que sacan de la montaña para luego depositarlas en las bóvedas de los bancos, perdamos un recurso tan importante como los glaciares y su ambiente«.

Fuentes:

– Infobae / Laura Rocha

– Foro Ambiental