Humedales en peligro: el negocio inmobiliario y la industria agropecuaria al acecho

El crecimiento compulsivo de los barrios privados, los desmontes y el uso de agroquímicos, el aumento de las temperaturas y la sucesión de lluvias que ocasiona el cambio climático han sido un combo muy perjudicial para la integridad de los humedales en la Argentina, ecosistemas que hasta hace poco tiempo eran (erróneamente) considerados pajonales o yuyeríos.

Sobre esa conflictividad creciente entre intereses públicos y apetencias privadas indagaron Sofía Astelarra, Victoria De la Cal y Diego Domínguez, investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según los resultados del trabajo, de los veintidós sitios del país que la Convención de Ramsar considera que representan humedales de importancia internacional, catorce son pretendidos para negocios inmobiliarios o rurales.   

En la provincia de Santa Fe, que cuenta con tres de estos territorios, esa tensión se hace presente en la zona del Delta del Paraná. Desde 2001, se han incrementado notablemente las  denuncias judiciales y las querellas por el avance de la formación de endicamientos y la contaminación del agua, suelo y aire que producen las actividades agropecuarias a gran escala y la construcción de barrios privados.

Para los investigadores, que plantean contribuir a una "ecología política de los humedales en la Argentina", estos sitios enfrentan en la actualidad una conflictividad creciente por la oposición de una lógica que busca el beneficio económico, contra otra que expresa el deseo de pobladores y organizaciones de mantener intacto esos espacios que contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático y son garantía de biodiversidad.

En esta zona, la aparición de grupos de ciudadanos autoconvocados como “El Paraná No se Toca” (que nació en 2012 en oposición al intento del entonces gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, de convertir las islas en una enorme producción arrocera) es una muestra local de esa conflictividad.

 

Un recurso primordial del país (y del mundo)

Ramsar es un tratado internacional que actualmente está integrado por 119 países, entre ellos Argentina. Se aprobado el 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar –de ahí su nombre–, y es su función establecer políticas mundiales para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.

En Argentina, de acuerdo a datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, los 22 sitios Ramsar ocupan un 23 por ciento del territorio nacional con una enorme diversidad biológica y climática. Esto se debe a que los humedales no sólo están en las zonas cálidas sino que también aparecen en provincias tan alejadas entre sí como Tierra del Fuego o Jujuy.

“El área potencial que ocupan los humedales es de cerca del 23% de la superficie del país y es uno de los ecosistemas más degradados”, sostuvo el ministerio en el nuevo “Informe del Estado del Ambiente”.

Sus servicios ambientales son múltiples: depuración de las aguas, amortiguamiento de las inundaciones y sequías, regulación climática e hídrica, generación de suelo y reproducción de biodiversidad son algunos de ellos.

Además de depurar las aguas y amortiguar inundaciones y sequías, los humedales también sirven para garantizar la supervivencia de especies animales y vegetales, por lo que son considerados grandes amortiguadores ambientales.

Desde hace un tiempo, sin embargo, el interés por este tipo de espacios geográficos no para de crecer. Los científicos han establecido sus funciones ecosistémicas, lo que hizo que se valoraran aún más en el marco de los debates sobre crisis ecológica y cambio climático. Pero, como contrapartida, estas revelaciones despertaron el interés del sector agropecuario (principalmente el sojero) y del privado (en algunos casos también del público) por explotar de manera económica estas tierras, que antes eran presentadas como improductivas u ociosas.

"En la Argentina la mayor parte de los sitios Ramsar presentan algún tipo de conflicto relacionado con la utilización o la tenencia de los bienes de la naturaleza, y eso plantea un desafío socioeconómico", explicaron los académicos de la UBA.

De acuerdo al documento oficial, “actualmente 5,6 millones de hectáreas de humedales están catalogadas como de importancia internacional”. Al igual que el Banco Mundial, el diagnóstico sostiene que la región más afectada del país es el corredor fluvial de los ríos Paraná y Paraguay, en donde se encuentran emplazadas grandes obras hidráulicas, viales y centros urbanos.



Un conflicto ambiental latente

Ante el intento de apropiación para usos productivos particulares de estos territorios, muchas han sido las formas de resistencia que se tomaron para evitarlo. Desde denuncias judiciales o mediáticas hasta acciones directas, presiones o incluso gestiones administrativas que buscan instalar el conflicto en la arena pública.

"En todos los conflictos se observa el involucramiento de las poblaciones locales que son las que se perciben como afectadas tanto por los daños ambientales, como por la depredación de ecosistemas que definen como vitales para sí mismos", detallaron los especialistas.

De acuerdo al trabajo de la UBA, esta presencia de las poblaciones locales se expresa de diversas formas: a través del trabajo de grupos ambientalistas, asambleas de vecinos, comunidades indígenas y asociaciones de productores familiares, entre otros.

En la mayoría de los casos, esta reacción aparece ante prácticas privadas que van contra las leyes en su intento de ocupación de los territorios: falta de estudios de impacto ambiental o consulta popular, títulos de propiedad imperfectos y desalojos extrajudiciales son algunos ejemplos.

"Las poblaciones que participan de estos conflictos comparten el hecho de tener ligada su reproducción social a la sustentabilidad de un recurso o ecosistema", expresaron los investigadores.

En definitiva, el conflicto desnuda dos maneras de ver el territorio: unos pretenden conservarlo para garantizar su supervivencia y sus servicios ambientales, mientras que otros solamente lo ven como posibilidad productivista. "Estamos frente a una conflictualidad que ha acentuado la importancia económica, cultural y política de los humedales", concluyó el documento.

Fuente: Foro Ambiental (07.08.17)

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