Freno a la “Ley Bertero” que reducía las restricciones para el uso de agroquímicos en Santa Fe

Fin de la incertidumbre. El proyecto de ley sobre agroquímicos que durante tanto tiempo impulsó la diputada socialista Inés Bertero finalmente quedó fuera de carrera parlamentaria. Esto ocurrió luego de que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe decidiera no incluirlo en las sesiones extraordinarias para que sea tratado en la Cámara de Senadores.

Para reformar la Ley Nº 11.273, que regula el uso de productos fitosanitarios en la provincia, la propuesta de Bertero pretendía aplicar una reducción de las la distancia entre los centros urbanos y las zonas fumigadas, motivo por el cual durante los últimos años fue criticada con dureza por parte de agrupaciones sociales y ambientalistas.

“No podemos seguir sosteniendo un modelo de desarrollo en base a esa lógica que consiste en poner una planta (por ejemplo la soja) y matar todo lo que hay alrededor. La naturaleza no funciona así, sino en la diversidad”, sostuvo Eduardo Spiaggi, referente del Taller Ecologista y responsable de la cátedra de Biología y Ecología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

En detalle, el proyecto contemplaba que los agroquímicos de banda verde o azul (es decir, los “menos tóxicos”, entre los que se incluye el glifosato) pudieran aplicarse a partir de los 100 metros del límite urbano si existiese un borde vegetal de amortiguación y de los 200 metros si no estuviera esa barrera forestal.

Pero no solo ese aspecto era controvertido. También establecía un sistema de veedores, representados por ingenieros agrónomos, con el fin de que ellos mismos sean los que controlen el uso de los productos químicos.

María Victoria Dunda, abogada de la Red de Pueblos Fumigados y parte de la ONG Paren de Fumigarnos, celebró la caída del proyecto de Bertero pero lamentó que se “hayan perdido años debatiendo algo que de entrada se sabía iba contra las leyes". Spiaggi, por su parte, agregó que “esta decisión no soluciona el problema. En todo caso no lo agrava”.

La “Ley Bertero”, que desde 2015 contaba con la media sanción correspondiente de la Cámara de Diputados, había sido elaborada en base al consenso de ciertas entidades públicas y privadas como: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de la Producción, Universidad Nacional del Litoral (UNL), aeroaplicadores, ingenieros agrónomos, contratistas rurales, proveedores de insumos e instituciones ruralistas.

Luego de conocer la decisión del Ejecutivo, la diputada socialista lamentó la pérdida de un proyecto al que denominó “superador” y acusó a las áreas de salud del sector público y a grupos ambientalistas de haber “influido con falsas informaciones que generaron muchísimo temor en la población”.


Una reforma que vuelve a “foja cero”

En la actualidad, la Ley Nº 11.273 establece 500 metros de resguardo respecto del límite urbano para la aplicación de agroquímicos y dice que solo se puede fumigar en forma aérea a partir de los 3.000 metros. Debido a que su vigencia data del año 1995 y que además también es cuestionada por ambientalistas, volverán a tratarse proyectos para que sea modificada.  

“La ley vigente tiene una pequeña trampa según la cual con una receta agronómica y autorización de un ingeniero, los productos de banda verde se pueden usar a menos de esa distancia, dependiendo del límite agronómico que pongan los municipios, por eso es fundamental el papel del Estado en todo esto”, dijo Spiaggi.

De esta manera, nuevamente será postulado el proyecto del ex diputado José María Tessa (FPV), relanzado el año pasado por Carlos Del Frade (FSP), que bajo el título “Ley de Fomento a la Agroecología” plantea hasta 1.000 metros libres de agroquímicos en torno a cascos urbanos, escuelas y cursos de agua, así como la prohibición lisa y llana de las pulverizaciones aéreas en la provincia.

La propuesta de Tessa, que en su momento había luchado codo a codo con la “Ley Bertero”, es apoyada unánimemente por el sector ecologísta. El Observatorio del Sur, la Facultad de Veterinaria, Greenpeace Argentina, Paren de Fumigarnos, El Paraná no se toca, Taller Ecologista y el Centro de Protección a la Naturaleza (CeProNat) son algunas de las organizaciones e instituciones que adhieren en su defensa.

Carlos Manessi, titular del CeProNat, confirmó que “en los próximos días” enviarán la iniciativa para modificar la actual Ley 11.273, luego de tres intentos fallidos. “Vamos a volver a insistir con el proyecto, porque hay que insistir en la salvaguarda de la salud y el ambiente; y la única manera de llevar adelante este tema es con leyes que nos protejan y las hagamos cumplir”, manifestó.

Las organizaciones ecologistas insisten en que “es el paradigma productivo lo que hay que discutir para pensar cómo se van a seguir alimentando nuestras comunidades y si vamos a cuidar la soberanía alimentaria que implica producir nuestros propios alimentos. Hemos normalizado que para producir alimentos hay que echarles 5, 6 ó 7 aplicaciones de veneno”, alertó Spiaggi.

Además de las ONGs y organizaciones sociales de Santa Fe, el senador nacional Fernando Pino Solanas también volvió a pedir por la prohibición de la fumigación aérea, una iniciativa que viene encabezando desde hace casi una década.

En cuanto a la aplicación terrestre de agroquímicos, el ex candidato a presidente manifestó la necesidad de prohibirlos en distancias inferiores a 1.500 metros “de zonas urbanas, viviendas permanentes, escuelas rurales, asentamientos humanos, plantas apícolas, producción e industrialización de productos animales; ríos, arroyos, lagunas, cursos, espejos, embalses, diques y pozos de agua”.

Fuente: Foro Ambiental / Rosario3 (11.05.17)

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