Cáncer y glifosato, una relación que vuelve a encender la alarma

La polémica alrededor del glifosato sigue siendo una de las disputas más complejas que existe en la actualidad. Las opiniones sobre este herbicida –el más utilizado en todo el mundo– varían. Desde los productores y empresarios de la industria agraria que lo consideran imprescindible para las cosechas hasta ONGs, instituciones internacionales y agrupaciones de DDHH que lo acusan de provocar un ecocidio contra la naturaleza y crímenes contra la humanidad.   

En un nuevo capítulo de este conflicto, una corte federal de los Estados Unidos brindó acceso a documentos que ponen en duda la seguridad y los métodos de investigación sobre el Roundup, el herbicida producido por la multinacional química Monsanto –comprada el año pasado por Bayer–.

Tanto el Roundup como otros productos similares son usados en sembradíos de todo el planeta, desde cultivos extensivos hasta jardines particulares. Gracias a esto es el producto insignia de Monsanto, que lo mantuvo patentado hasta el año 2000, y desde hace tiempo las investigaciones financiadas por la industria agroquímica lo consideran relativamente seguro.

Sin embargo, el juez federal Vince Chhabria, de San Francisco, ha desafiado esa conclusión al asegurar que Monsanto manipuló estudios sobre el glifosato.

Apoyado por estudios de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), que en 2015 incorporó el glifosato a la lista de substancias “probablemente cancerígenas para humanos”, Chhabria dio a conocer documentos que incluían correos electrónicos internos de Monsanto, así como intercambios de correos entre la compañía y organismos reguladores federales. Los registros sugieren que Monsanto habría desarrollado investigaciones que luego se atribuyeron a académicos, además de indicar que un funcionario sénior de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) pudo haber impedido que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos revisara el ingrediente principal de Roundup, el glifosato.

Los documentos también revelaron que había desacuerdos dentro de la EPA sobre su propia evaluación de seguridad.

En octubre del año pasado, víctimas, ambientalistas, médicos, técnicos y premios Nobel de todo el mundo llevaron a cabo el "Tribunal Internacional Monsanto", una iniciativa histórica en la que más de mil organizaciones se reunieron en la localidad de La Haya (Países Bajos) para reunir pruebas sanitarias y jurídicas que sirvan para incorporar la figura de “ecocidio” a los delitos juzgados por la Corte Penal Internacional de La Haya y así poder condenar a Monsanto.

Los documentos presentados en la corte muestran que Monsanto recibió un aviso sobre esta determinación por parte de un subdirector de división en la EPA, Jess Rowland, con meses de anticipación. Eso permitió que la compañía elaborara un plan de relaciones públicas contra la investigación mucho antes de su publicación. En sus correos, los ejecutivos de Monsanto también señalaron que Rowland había prometido resistir el esfuerzo del Departamento de Salud y Servicios Humanos que buscaba realizar su propia revisión.

Dan Jenkins, un ejecutivo de Monsanto, sostenía en un correo electrónico de 2015 que Rowland, en referencia a la posible revisión de la agencia, le había dicho: “Si puedo darle un carpetazo a esto, mereceré una medalla”.
La revisión nunca se realizó.

En otro correo, Jenkins le decía a un colega que Rowland planeaba retirarse, y que “podría ser útil mientras avanzamos con nuestra defensa del glifosato”.

La seguridad del glifosato no es un hecho científico establecido. Varias agencias, incluyendo la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la EPA han estado en desacuerdo con la IARC, restándole importancia a las inquietudes sobre el riesgo de cáncer. En uno de sus últimos informes, EFSA sostuvo que, en base a los estudios analizados, “es improbable que el glifosato sea genotóxico (provoque daños en el ADN) o suponga una amenaza de cáncer para los humanos”. algo que Monsanto ha defendido enérgicamente.

Sin embargo, los registros de la corte también revelan que existían desacuerdos en el interior EPA. La Oficina de Investigación y Desarrollo de la agencia planteó su inquietud por la solidez de una evaluación realizada por  la Oficina de Programas de Plaguicidas, donde Rowland era un funcionario sénior, y en diciembre de 2015 recomendó tomar acciones para “fortalecer” la “evaluación en la salud humana”.

Al respecto, Monsanto declaró: “El glifosato no es un cancerígeno”. Y añadió: “La afirmación de que el glifosato puede provocar cáncer en los humanos no coincide con las décadas de revisiones exhaustivas de seguridad realizadas por las principales autoridades regulatorias de todo el mundo. Los demandantes han presentado documentos aislados que se han tomado fuera de contexto”.

En otro correo electrónico que se divulgó recientemente, William Heydens, un ejecutivo de Monsanto, les decía a otros funcionarios de la compañía que podrían escribir investigaciones sobre el glifosato y luego contratar a académicos para que firmaran como autores de los artículos que redactaba Monsanto. “No gastaríamos tanto si nosotros escribiéramos, y ellos solo editaran y firmaran con sus nombres, por decirlo así”, escribió Heydens, y además citó una ocasión anterior en la que la compañía ya había hecho eso.

Cuando se hicieron preguntas sobre este intercambio de correos, Monsanto sostuvo que sus “científicos no escribieron de manera encubierta el artículo” al que se hacía referencia ni tampoco trabajos anteriores, y añadió que un artículo que finalmente apareció “pasó por todo el proceso de revisión rigurosa por parte de los evaluadores antes de su publicación”.

David Kirkland, uno de los científicos mencionados en el correo electrónico, dijo en una entrevista: “No publicaría con mi nombre un documento que hubiera escrito alguien más. No tuvimos interacción con Monsanto durante el proceso de revisión de los datos y la redacción de los artículos”.

Estas revelaciones son las dudas más recientes sobre la integridad de las investigaciones financiadas por las compañías agroquímicas. El año pasado, una revisión realizada por The New York Times mostró cómo la industria puede manipular la investigación académica o presentar engañosamente los hallazgos. En la revista Critical Reviews in Toxicology señalaban que los integrantes del panel de una investigación habían sido reclutados por una consultora. El intercambio de correos que se divulgó muestra que algunos funcionarios de Monsanto analizaron y discutieron qué científicos debían ser considerados, además de darle forma al proyecto.

“Creo que es importante que la gente le pida a Monsanto rendir cuentas cuando dicen algo que se contradice por completo en documentos internos muy francos”, dijo Timothy Litzenburg de la Miller Firm, uno de los despachos legales que conducen el litigio.

El asunto de la seguridad del glifosato no es trivial para los estadounidenses. En las dos décadas anteriores, Monsanto ha modificado mediante ingeniería genética el maíz, la soja y el algodón para que sea más fácil regarlos con este herbicida, y aproximadamente 100 millones de kilos de glifosato se usaron en 2015 en Estados Unidos.

“La gente debería saber que hay excelentes científicos en el mundo que no estarían de acuerdo con Monsanto y algunas evaluaciones de las agencias regulatorias, y que incluso dentro de la EPA hay desacuerdos”, dijo Robin Greenwald, un abogado de Weitz & Luxembourg, que también participa en el litigio. “Incluso dentro de la Unión Europea existe un gran desacuerdo entre países.


La huella del glifosato en Argentina

En nuestro país también es preocupante la problemática de los agroquímicos. El 2 de noviembre de 2016, el programa de TV italiano Le Iene, difundió su investigación sobre el drama argentino de los agrotóxicos, particularmente el caso del glifosato, donde se establecía una asociación entre la exposición ambiental a este agroquímico y múltiples enfermedades como el cáncer y las malformaciones en recién nacidos.

En Argentina se utilizan 200 millones de litros de glifosato por año y se afecta a más de 28 millones de hectáreas (370 millones de litros en total considerando todos los agroquímicos, según registros de 2012). Es importante remarcar que el glifosato es el herbicida de mayor uso en el país, superando el uso del kilo por habitante en comparación incluso con Brasil, que es otro gran productor de soja: 5 kg por argentino por año mientras que en Brasil está en 3 kg por brasileño por año.

En Santa Fe, y por la exigencia de organizaciones civiles, fue prohibido el agrotóxico 2,4D, el segundo más utilizado en el país y que también se emplea en la producción de soja transgénica. En 2013 finalmente se prohibió la elaboración de Endosulfán (el año anterior se prohibió su importación), luego de que muriera envenenado por contacto con la piel un pequeño de cuatro años en Corrientes. El glifosato particularmente es producido por Monsanto, Syngenta, Basf, Bayer, Dupont, Dow Agrosciences, Atanor y Nidera, entre otras empresas.

En mayo del año pasado la Red de Médicos de Pueblos Fumigados le solicitó al SENASA por medio de la justicia, que les otorgasen los estudios científicos con los cuales aprobaron el uso del glifosato hace más de 20 años. La respuesta fue negativa, argumentando que dichos estudios son de carácter secreto.

En julio de 2016 se dieron a conocer los resultados de un estudio publicado por la revista internacional Environmental Monitoring and Assessment, el cual reveló que la cuenca del río Paraná está altamente contaminada con glifosato.

En febrero de este año un estudio argentino que asocia la exposición ambiental al glifosato con el cáncer, fue publicado en la International Journal of Clinical Medicine. El trabajo, titulado Association between Cancer and Environmental Exposure to Glyphosate, estuvo a cargo del Estudio de Salud Ambiental de Monte Maíz, Córdoba, integrado por médicos de la UNC y data de 2014. Sin embargo el Consejo directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, un organismo político de gobierno, contradijo la veracidad científica de dicho estudio. Los autores de la investigación denunciaron un vínculo entre las autoridades universitarias y el agronegocio.

Fuente: New York Times, La Izquierda Diario, Foro Ambiental (05.04.17)

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