Argentina: integrantes de la comisión que aprueba los transgénicos vinculados a las agroquímicas que los producen

Hubo que esperar 26 años para que el Ministerio de Agroindustria informara quiénes integran la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio clave en la aprobación de transgénicos en Argentina. Tal como denunciaron y anticiparon, por décadas, organizaciones sociales, ambientalistas y académicos críticos, ahora queda en evidencia que los investigadores que se encargan de aprobar los cultivos genéticamente modificados están estrechamente vinculados a las propias agroquímicas que los producen.

Bayer, Monsanto, Syngenta, Indear/Bioceres, Pioneer/DuPont y Don Mario, son algunas de las grandes firmas agroquímicas que dominan el organismo. También están involucrados una parte de los empresarios del agro (Aapresid, Aacrea) y académicos con conflictos de intereses. Las aprobaciones que realiza la Conabia, se basan en estudios de las mismas multinacionales (el Estado no realiza análisis propios) y los expedientes son secretos, con la justificación de que así se resguarda la “información confidencial” de cada compañía.  

La Conabia fue creada en 1991 durante el mandato de Carlos Menem. Cinco años después se aprobó la primera semilla transgénica y luego, tras un debate récord que duró 81 días, se dio luz verde para que la soja –con uso de glifosato– modificara radicalmente el agro argentino.

Los distintos gobiernos, posteriormente, se desligaron del tema y evitaron informar quiénes eran los “científicos” que aprobaban los transgénicos. Sin embargo, diferentes grupos ambientalistas y sociales fueron los que presionaron para revelar la verdad. De acuerdo al periódico cooperativo MU, de 34 integrantes confirmados, 26 pertenecían a las empresas o tenían intereses dentro de la industria agroquímica. El dato, que se filtró en junio pasado, fue replicado por la ONG inglesa GMWatch, traducido al inglés y distribuido en instituciones académicas de Estados Unidos y Europa. La noticia, bajo el título “La corrupción transgénica”, comenzó así a circular en ámbitos científicos.

La Conabia está integrada (entre otros) por Miguel Rapela y Fabiana Malacarne, de la Asociación de Semilleros de Argentina (ASA), donde confluyen todas las empresas multinacionales de semillas transgénicas); Gabriela Levitus de Argenbio (organización de lobby científico-político fundada por las empresas Syngenta, Monsanto, Bayer, Basf, Bioceres, Dow, Nidera y Pioneer); Alejandro Petek y Luis Negruchi (de la organización de empresarios Aapresid, espacio de lobby transgénico, hoy presentes en el Ministerio de Agroindustria), y Silvia Lede (vinculada en el pasado a la multinacional Basf); Abelardo Portugal, ex presidente y referente de Aianba (Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires) y parte de la organización “Maizar” (donde participan todas las empresas del sector). Aianba es auspiciada por Bayer, Dow y Monsanto.

El Ministerio de Agroindustria tuvo especial cuidado en ocultar a integrantes que hasta hace poco tiempo participaron y tuvieron influencia en la aprobación de numerosos transgénicos: Miguel Alvarez Arancedo (Monsanto), Magdalena Sosa Beláustegui (Bayer), Mirta Antongiovanni (Don Mario), Gerónimo Watson (Bioceres/Indear), Atilio Castagnaro (Estación Experimental Obispo Colombres, de los grandes ingenios azucareros de Tucumán), Alejandro Tozzini (ex Monsanto, actual Syngenta), Gustavo Abratti (DuPont-Pioneer), Claudio Gabriel Robredo (ex Monsanto), Mauro Meier (de la Asociación de Cooperativas Argentinas).  

Por ejemplo, Martín Lema, director nacional de Biotecnología desde 2011 y máxima autoridad de la Conabia, tiene “papers científicos” firmados con las mismas empresas que debiera controlar: Monsanto, Bayer, Syngenta, Basf y Dow Agroscience.

Durante la última reunión de Conabia, la información que se filtró, fue tema de discusión. A pesar de la gravedad de los hechos, en el seno del organismo celebraron que ningún diario de tirada nacional haya tomado el tema y decidieron hacer público el listado de integrantes (previa exclusión de los más polémicos). Además, gestaron dos campañas: una “caza de brujas” para controlar estrictamente que no se filtre más información y acudir a periodistas y medios de comunicación masivos para mejorar su imagen mediante las famosas “publi-notas”.

Carla Poth, investigadora de la Universidad Nacional de San Martín –que en su tesis doctoral aborda la situación de la Conabia– sostiene: “Que se conozcan 26 años después es una muestra clara de que funcionó en la oscuridad total. Fue eso lo que permitió la rapidez y homogeneidad en las decisiones para aprobar las semillas genéticamente modificadas, pilar fundamental del modelo de agronegocio”. La investigadora no tiene dudas de que la Conabia es “antidemocrática” y que se trata de un espacio “asociado y consustanciado con las necesidades de las grandes empresas” de semillas transgénicas y agrotóxicos.

En el listado también aparecen científicos que figuran con pertenencia a instituciones públicas, pero con conflictos de intereses con las grandes empresas de semillas y agrotóxicos. Ellos son Dalia Marcela Lewi, Fernando Bravo Almonacid, Mónica Liliana Pequeño Araujo, Hugo Permingeat, Lucas Lieber, Mariano Devoto, Elba María Pagano.

“La Conabia es un ejemplo de conflictos de intereses, donde sus integrantes son juez y parte. Desde las cámaras empresarias que son parte del negocio y también ‘evalúan’ la inocuidad de sus semillas, hasta los investigadores de universidades públicas u organismos estatales que tienen convenios con las mismas empresas. Son un ejemplo de la ciencia al servicio del mercado”, afirmó Poth.

Fernando Cabaleiro, abogado de la ONG Naturaleza de Derechos que también denunció el accionar de la Conabia, precisó que en ninguno de los documentos de decisión emitidos se puede deducir quiénes los suscribieron y si existieron oposiciones.

En el caso de la soja “Intacta” (de Monsanto) “se desconocieron principios esenciales de la evaluación de riesgos” de organismos genéticamente modificados, indicó el especialista y agregó que “la soja solo fue evaluada para la Pampa Húmeda y no en el resto de las 'bioregiones' donde se siembra (NEA y NOA)”. Hoy, el juicio por la aprobación de la soja “Intacta” se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, que tiene muy demorado su fallo.

Desde su creación, el organismo responsable en liberar semillas de soja, maíz, algodón, papa y caña de azúcar no cuenta con ningún científico crítico a los transgénicos. Tampoco permite la participación real de entidades de la sociedad civil. En 1996, la Conabia aprobó 41 transgénicos (de soja, maíz, algodón y papa). Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, Tecnoplant y Pioneer y Nidera, entre otras. Las mismas que controlan la institución y prometen que “los transgénicos son seguros”.

Fuente: Foro Ambiental / Página 12 (28.08.17)

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