El uso de agrotóxicos, una práctica que ya se fue de las manos

En el marco de la Segunda Jornada de “Relación de los agroquímicos con la salud humana y el derecho ambiental”, desarrollada en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), referentes de la salud y grupos ambientalistas analizaron la problemática y los posibles tratamientos sobre el aumento sostenido del uso de agrotóxicos y del consecuente incremento de los alimentos transgénicos.

“En dos décadas los productos químicos se han incrementado tanto en los campos que hicieron que hoy los transgénicos dominen más del 90 por ciento de las superficies cultivadas. Cada año se usan unos 350 millones de litros de sustancias como glifosato y otros pesticidas”, aseguró Jorge Yabkowski, presidente de FESPROSA en el marco de las jornadas que se realizaron en la UNLPam para debatir el impacto de los agroquímicos en la salud humana.

Los 350 millones de litros de veneno que se rocían en nuestro país, dados a conocer gracias a un trabajo que realizó Médicos de Pueblos Fumigados en 2015, representan un 1000 por ciento más de lo que difundió la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), quien dejó de emitir estadísticas en 2012.

Ante la falta de datos oficiales en el país, Yabkowski señaló que “se debe fomentar una campaña de difusión y concientización para que el Estado incorpore el tema en la agenda y no haga solo lo que le piden las grandes empresas y los propietarios de los núcleos sojeros que hoy imponen su lógica y llevan al país a un desastre sanitario”.

En esa misma línea, Mariano Rosa, del Colectivo Sanitario Andrés Carrasco, aseguró que “hay una manipulación de las estadísticas y un silencio de los organismos estatales. No hay un relevamiento serio por parte del Estado sobre el impacto que el modelo productivo está teniendo en la salud de la gente, por esa razón los muestreos y la información, se limita a los grupos ambientalistas, organizaciones de salud y otras entidades no gubernamentales”.

En el encuentro –que además del FESPROSA y el Colectivo Sanitario Andrés Carrasco, contó con organizaciones como la Cooperativa Regional de Electricidad (CORPICO), la Fundación Chadileuvú, Médicos de Pueblos Fumigados y Red Eco Socialista– se llevó a cabo la conformación del “Colectivo Sanitario de La Pampa”, una medida para nuclear a profesionales, científicos, productores “no agroquímicos” y activistas de la provincia, bajo una misma agrupación.

 

Una población envenenada

Años atrás cuando el envenenamiento por contacto con agroquímicos se hizo evidente y surgieron las primeras denuncias de vecinos de diferentes pueblos fumigados en las zonas sojeras de nuestro país, las autoridades nacionales no las tomaron en cuenta y los productores agrarios intentaron desacreditar los hechos demostrados por los médicos y científicos que se encargaron de atender a las víctimas. Pero esto se convirtió en la primera alerta de una problemática que ya no se podía ocultar, el envenenamiento por contacto con agroquímicos crecía acorde a las hectáreas sembradas con dicha tecnología.

“En los pueblos del interior la gente nos decía que se estaba enfermando, y los médicos veíamos como se enfermaban”, relató en su intervención Medardo Ávila Vázquez, Neonatólogo, Médico de Pueblos Fumigados y docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

De acuerdo a Medardo Ávila Vásquez, “los pueblos agrícolas de Argentina, como ocurre en la provincia de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y otros lugares, han cambiado el patrón de enfermedades. Predomina el cáncer y se incrementó la cantidad de niños que nacen con malformaciones porque de 10 nacimientos hay dos bebés que nacen con problemas congénitos porque su madre estuvo expuesta a sustancias tóxicas durante su embarazo. Además de otras afecciones que podrían evitarse si no hubiera fumigación o esa práctica se hiciera lejos de zonas pobladas”.

Desde que en el año 1996, de la mano del entonces secretario de Agricultura, Felipe Solá, el gobierno aprobó el cultivo con transgénicos, más de 12 millones de personas sufren fumigaciones de agrotóxicos en las zonas cercanas a las 25 millones de hectáreas que son sembradas con el paquete tecnológico de Monsanto. Aunque la utilización del glifosato en nuestro país data de al menos una década anterior.

En octubre de 2014, Ávila Vázquez se instaló junto a un grupo de técnicos y estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba en la localidad de Monte Maíz, por pedido de los vecinos y del intendente, un médico con cáncer.

“Allí hicimos un censo socio ambiental a los vecinos, y no solo estudiamos las enfermedades del lugar por el cáncer, las malformaciones, el asma y los abortos espontáneos, sino también del ambiente”, contó el médico.

 

Compromiso universitario

El vicerrector de la UNLPam, Hugo Alfonso, celebró que la jornada –que también incluyó ingenieros agrónomos que cuestionan el paradigma del “agronegocio”– se haya realizado en un ámbito educativo como un puntapié necesario para tratar la solución de una problemática que afecta a toda la sociedad.

“La universidad es el lugar adecuado para poder realizar una investigación que plasme la realidad, con una temática que ya es tenida en cuenta pero que requiere información fidedigna. A partir de la Facultad de Agronomía se podría trabajar para determinar si se está afectando en esta provincia a la salud de los ciudadanos y qué cambios se pueden pensar desde la educación y la formación profesional”, finalizó Alfonso.

Fuente: Foro Ambiental / Planbnoticias.com.ar (31.10.16)

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