Glifosato: España y Francia con posiciones encontradas

El herbicida de glifosato, considerado el más usado en todo el mundo, acaba de sumar un nuevo capítulo a la lista de enfrentamientos que se generan a su alrededor. A la fuerte división de opiniones que ya hay entre agricultores, ambientalistas y científicos, ahora son los gobiernos de España y Francia los que asumieron posiciones opuestas sobre el uso de este producto que desde 2015 es considerado como "probablemente cancerígeno" por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

 

Francia dice NO

Mientras la Unión Europea se encuentra en pleno debate por la renovación de la licencia que permite el uso del famoso plaguicida, Francia ya ha tomado una decisión. Como una medida para la protección de la salud humana y el medio ambiente, el portavoz del gobierno, Christophe Castaner, ha anunciado que el glifosato estará totalmente prohibido (para todo tipo de usos) “antes de que termine el actual mandato del presidente Emmanuel Macron, en 2022”.

En esa misma línea, la oficina del primer ministro, Edouard Philippe, ha recordado en un comunicado, que desde principios de este año el producto está vetado en los espacios públicos abiertos y que a partir de 2019 se prohibirá también su uso en jardines particulares.

Como parte de esta iniciativa, el Gobierno francés ha pedido a los Ministerios de Agricultura y de Ecología la elaboración de un plan que implemente las “alternativas disponibles” para reemplazar el uso de este plaguicida que popularizó la multinacional Monsanto. De acuerdo a las autoridades nacionales, las conclusiones del estudio serán expuestas al resto de los Estados miembros de la Unión Europea y al Comisión para “encontrar las condiciones de una transición razonable hacia la salida del glifosato”.

 

España impulsa el SÍ

El pasado 11 de septiembre, en un acto sobre cooperativismo agrario celebrado en Valladolid, Miguel Arias Cañete, Comisario de Clima y Energía de la Unión Europea y ex ministro español de Agricultura, adelantó que la decisión final sobre el futuro del uso del glifosato en Europa se conocerá entre este mes y el próximo.

Independientemente del posicionamiento que ya asumieron algunos países como Francia, todo hace pensar que la Comisión Europea defenderá la concesión de un permiso de utilización del herbicida por un período de 10 años más, basándose en informes de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), en los que se afirma que “las evidencias científicas disponibles no reúnen los criterios necesarios para clasificar al glifosato como cancerígeno, mutagénico o tóxico para la reproducción”.

En el transcurso de las jornadas técnicas celebradas en Valladolid, y en respuesta a las preguntas de los periodistas, la actual ministra española de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguró que España sigue los dictámenes de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria “que vela por la salud” y afirmó que el país mantiene “una posición favorable a la continuidad del glifosato”.

García Tejerina admitió que “el voto a favor por sí solo de España no basta” y que se requiere el apoyo de más países. Para conseguir este objetivo, según informó la agencia EP, la ministra ha arengado a las organizaciones y cooperativas agrarias a que “muevan a sus gobiernos para que el glifosato siga estando en la agricultura”.

 

Reacciones del sector agrario francés  

En los últimos años, Francia se ha destacado como uno de los países que defiende con mayor energía el principio precautorio ante cualquier producto que pueda suponer un riesgo para la salud y el medio ambiente, independientemente del partido político que esté en el gobierno.

En el caso del glifosato, la postura adoptada por el anterior gobierno socialista y mantenida ahora por el presidente liberal Emmanuel Macron, ha despertado la crítica de grupos de agricultores que utilizan este producto en sus campos.

Chistiane Lambert, presidenta de la La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), el principal sindicato agrícola del país, consideró que el gobierno no puede actuar de forma independiente del resto de la UE y sostuvo que la prohibición absoluta del glifosato provocará pérdidas económicas para los productores del agronegocio.

Fuente: Foro Ambiental (09.10.17)

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