¿Pueden los impuestos ser un recurso para combatir el cambio climático?

Uno de los mayores retos estructurales del mundo moderno es recuperar (o fundar, según se mire) el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Los modelos económicos que estimulan la explotación desenfrenada de la biodiversidad, el creciente nivel de industrias contaminantes y el consumismo obsceno, han causado serios fenómenos de transformación del medio ambiente, especialmente en relación con el cambio climático y la pérdida de especies.

Cambiar esta forma autodestructiva de estar en el mundo es una urgencia para la supervivencia de los seres humanos y se ha convertido en objeto central de numerosos estudios y debates globales. Teniendo en cuenta la gravedad de la situación y la complejidad de las posibles soluciones, el éxito de este esfuerzo sin duda dependerá de la utilización de todas las políticas públicas a favor de la restauración del equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible.

En este sentido la política fiscal junto a sus principales recursos –impuestos, gasto público e incentivos fiscales– puede unirse plenamente al esfuerzo de fomentar la preservación del medio ambiente.

"El objetivo de un impuesto es aportar recursos financieros para el Estado. En el mundo moderno, sin embargo, el impuesto es ampliamente utilizado con el fin de interferir en la economía privada, estimulando actividades, sectores o regiones económicas, desalentando el consumo de ciertos bienes y, finalmente, la producción de los más diversos efectos sobre la economía. Esta función moderna de los impuestos se llama función extra fiscal", según Hugo de Brito Machado, especialista tributario de Brasil.

En el mundo de hoy, los impuestos representan un factor fundamental en el armado económico de las naciones. Los cambios que se les introduzcan, son capaces de causar un fuerte impacto en el comportamiento social.


¿Cómo la política fiscal podría ayudar a salvar el planeta?

En primera instancia, es necesario implementar una política fiscal ecológica que premie las actividades económicas que contribuyan positivamente en el medio ambiente y “castigue” con mayor carga fiscal, o cualquier otra forma de compensación, a las que le causen daños.

En términos generales, así funciona la tributación ecológica, conocida también como green tax. Por lo tanto, en un mundo donde la biodiversidad se encuentra en peligro, resulta obligatorio renovar las viejas estructuras tributarias que nunca han considerado al capital ecológico como un factor clave para preservar y construir un sistema fiscal a favor de la naturaleza. Tanto en América Latina como el Caribe, 13 países ya cuentan con ingresos de los impuestos sobre los recursos naturales no renovables, que representaron un promedio del 6,1% y 5,5% de sus PIB en los años 2013 y 2014.

En segundo lugar, las políticas de gasto público se deben coordinan en conjunto con los incentivos fiscales para trabajar de manera complementaria y garantizar el bienestar del medio ambiente. Actividades económicas depredadoras y que pueden dañar el ecosistema, como por ejemplo la megaminería, no deben ser apoyadas y beneficiadas por los gobiernos con recortes de impuestos.

Los incentivos fiscales otorgados erróneamente pueden contribuir a estimular las actividades perjudiciales para el equilibrio ecológico y para permitir la extracción de recursos naturales sin compensación adecuada. Además de los daños al medio ambiente, estarán practicando un saqueo contra la propiedad pública y poniendo en peligro la supervivencia de las generaciones futuras.

Es un error imaginar, de todas formas, que sólo la acción del Estado puede lograr un cambio en el modelo destructivo de desarrollo económico y contaminante que ha caracterizado a los sistemas económicos durante al menos dos siglos.

A modo de complemento, se requerirá un amplio apoyo y un pleno compromiso de la sociedad en la aplicación de estos profundos cambios regulatorios y también la transformación de su comportamiento irracional y ecológicamente incorrecto.

Fuente: El País (24.04.17)

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