Gualeguaychú, Rosario, La Plata o la Ciudad de Córdoba. Cada vez más gobiernos locales deciden impulsar ordenanzas o discutir proyectos para prohibir el herbicida.

 

En el último tiempo, decenas de municipios del país han manifestado sus intenciones de prohibir o limitar el uso del glifosato en sus territorios. Algunos, de grandes ciudades como Rosario y Gualeguaychú, ya dieron un paso en esa dirección y hoy tienen ordenanzas que impiden tanto la aplicación como el acopio y la comercialización del herbicida dentro del ejido urbano.

El doctor Marcos Filardi, abogado especializado en Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), destacó la potestad de los gobiernos locales para legislar sobre el glifosato –considerado potencialmente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud desde 2015– y los agroquímicos en general.

“El caso de Gualeguaychú es un paso hacia la dirección correcta para garantizar los derechos a la salud y a la vida”, destacó el especialista, que también señaló “la gran expectativa ante la posibilidad de que esto se replique en otras ciudades del país”.

La Ordenanza N° 12.216/18, aprobada en abril pasado, volvió a poner a Gualeguaychú a la vanguardia de la lucha ambiental, como ocurrió durante el conflicto con la ex Botnia. El doctor Filardi, al respecto, sostiene que los gobiernos locales tienen la obligación de proteger, garantizar y adoptar medidas efectivas para la concreción de los derechos humanos, ya que estos incluyen el derecho a la vida, la salud, la alimentación adecuada, la educación y a un ambiente y hábitat saludables.

Gualeguaychú y Rosario, ya dieron luz verde a ordenanzas para prohibir el glifosato. Y la movida suma otros puntos importantes del país, como la Ciudad de Córdoba y La Plata, donde se presentaron proyectos similares, que aún deben ser tratados. Incluso, la Legislatura de Misiones se encuentra analizando varios proyectos que buscan regular el uso y comercialización del herbicida en toda la provincia.

“Estamos hablando de una problemática general en nuestro país. El 75 por ciento de la superficie cultivable está destinada a cultivos transgénicos basados en la aplicación sistemática de agroquímicos. Y está suficientemente probado por numerosas investigaciones científicas avaladas internacionalmente, que el glifosato y los agroquímicos son altamente riesgosos para la salud”, explica Filardi.

Radiografía del agronegocio

En Argentina se fumigan a diario decenas de escuelas rurales, los tumores y las malformaciones se reproducen en los pueblos donde se practica la agricultura industrial, y los agroquímicos están presentes en la mayoría de los alimentos que consumimos. El país se encuentra entre los tres países que más agroquímicos usan y es el mayor consumidor de glifosato en el mundo. Cada año, en el territorio nacional se utilizan unos 200 millones de litros, que son aplicados sobre más de 28 millones de hectáreas.

Estudios llevados adelante por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el CONICET han comprobado que 6 de cada 10 frutas y verduras del país tienen al menos un agrotóxico, que Urdinarrain (Entre Ríos) es la ciudad con mayores concentraciones de glifosato en el mundo o que las moléculas del herbicida no son biodegradables –como juran desde la industria química– sino pseudo-persistentes. Es decir, resisten en el suelo el paso del tiempo.

A través de estudios médicos y monitoreos, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, por su parte, ha visibilizado que en los pueblos rurales una de cada tres personas muere de cáncer, mientras que en el resto del país es una cada cinco. Es decir, en las regiones agrarias, hay entre un 40 y 50 por ciento más de fallecimientos a causa de esta enfermedad.

En ese sentido, el doctor Filardi resalta que informes de carácter internacional dan cuenta de la problemática de los agrotóxicos a nivel mundial. “Según la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación para las Naciones Unidas, unas 200 mil personas en el mundo mueren al año por intoxicación aguda, como consecuencia de este modelo agroindustrial dominante, basado en los agroquímicos”. Y añade que “en el informe la Relatoría también se señala el impacto de intoxicaciones crónicas. Y a su vez sugiere que la agricultura debe apostar a la producción de alimentos sin utilizar químicos”.

Gualeguaychú tiene derecho

Pese al gran avance que representó, la ordenanza que prohíbe el glifosato en Gualeguaychú debió recorrer un camino tortuoso. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el paceño Guillermo Bernaudo, dijo que era “inconstitucional”, un grupo de empresarios de la agroindustrial pidió su nulidad ante la Justicia Federal y el juez Pablo Seró, la suspendió transitoriamente. Sin embargo, el magistrado Eduardo Ferreyra, confirmó la competencia local y la legitimidad del Municipio para legislar al respecto.

“En caso de no aceptar la inhibición (por Seró), se requiere al magistrado la elevación de la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de dirimir la contienda planteada, previo informar al Juzgado correspondiente”, decretó Ferreyra en el fallo.

El viceintendente de Gualeguaychú, Jorge Mardey, dijo que “esta sentencia es una buena noticia para nuestra comunidad, y un acto de justicia. Gualeguaychú no va a resignar sus derechos, ni abandonar el sendero elegido, por la vida, la salud y el ambiente”

Filardi, en este sentido, destacó jurisprudencia nacional que sustenta la potestad de los Estados locales para legislar sobre la problemática de los agrotóxicos, y recuperó las experiencias de otros municipios en la regulación del uso de plaguicidas. “Los Estados locales, por conocer las prácticas productivas y ambientales de cada territorio, deben generar legislación y políticas públicas en pos de garantizar y hacer efectivos los derechos humanos”.

Según el Artículo 41° de la Constitución Nacional, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

El juez Ferreyra, cuyo fallo se apoya en los conceptos del extracto, sostuvo que “toda autoridad que en virtud de las leyes de la Nación sea ejercida en el territorio de la Provincia deberá respetar los derechos y garantías que esta Constitución acuerda, y será obligación de los magistrados imponer sin demoras su efectivo cumplimiento”.

El magistrado, por último, le pidió a Seró “que en un prudente plazo se inhiba de seguir actuando en los asuntos mencionados y remita las actuaciones a efectos de continuar su trámite ante el Juzgado de Primera Instancia de Gualeguaychú que corresponda”.

Fuentes:

• La Justicia reconoció la autonomía del Municipio de Gualeguaychú para legislar sobre el glifosato / diariojunio.com.ar
• Viceministro de Agricultura alerta que los municipios no pueden prohibir el glifosato / La Capital
• Se prohibió el uso del glifosato en Gualeguaychú / misionesonline.net
• Cada vez más municipios buscan prohibir el glifosato / Infobae
• Misiones se suma al debate sobre la prohibición del glifosato / Infobae

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