El Gobierno de Entre Ríos apeló el fallo judicial que prohibió fumigar a menos de mil metros de escuelas rurales

La justicia provincial, en un fallo sin precedentes, había prohibido las fumigaciones terrestres a menos de mil metros y las aplicaciones aéreas a menos de tres mil. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, apeló la decisión de la justicia.

 

El 23 de agosto de 2018, el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), habían presentado un amparo ambiental colectivo ante la justicia provincial.
Se reclamaba al Gobierno de Entre Ríos que en un plazo razonable fije “una franja de 1.000 metros alrededor de escuelas rurales, libre de uso de agrotóxicos. Y una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal cuyo objetivo sería impedir y/o disminuir el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos”.
También requerían un “sistema de vigilancia epidemiológica”, “estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno” y que la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos, haga análisis sobre el agua que consumían los alumnos.

Fallo histórico

El primero de octubre, Oscar Daniel Benedetto, integrante de la Cámara Segunda de Paraná – SALA II, falló a favor de las organizaciones que habían presentado el exhorto en dicha dependencia.
Con su sentencia, el magistrado daba a entender que estaban dadas las condiciones para proceder con el amparo ambiental colectivo presentado por AGMER y el Foro Ecologista de Paraná.
En un fallo histórico, ordenó el cese de “fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil alrededor de dichos establecimientos educativos” ya que, “existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior”.
Ordenó también “suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
Además de prohibir la fumigación en un radio de 1.000 y 3.000 metros, Benedetto resolvió “condenar al Estado Provincial y al Consejo General de Educación a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros de todas las escuelas rurales”.
En el mismo fallo solicitó “que, a través de sus reparticiones, [el Estado Provincial] efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos”.
La prohibición se mantendrá “hasta tanto se determine, por las áreas estatales específicas que se obtendrán idénticos efectos preventivos para la salud de alumnado y personal que asiste a los mismos con distancias diferentes”.

Argumentaciones sustanciales

Qué hacer con la certeza

Al evaluar la viabilidad del amparo ambiental presentado por la ONG y el gremio, el juez Benedetto destacó que “la falta de certeza científica [sobre las consecuencias de la aplicación de los agrotóxicos] no me parece un argumento que justifique la improponibilidad de la acción, sino todo lo contrario, ya que no es posible soslayar que se trata de una situación extremadamente delicada y sensible, estando en juego la salud de miles de niños entrerrianos, a lo que se debe agregar el hecho absolutamente irrebatible que ningún producto químico que sea esparcido en el ambiente o derramado sobre la superficie terrestre resulta inocuo o carente de efectos”.

Un Estado que no cumple ni protege

En el punto 15 de la sentencia, el magistrado planteó que “nos encontramos ante una ausencia de normativa específica respecto a las distancias de aplicación de las escuelas rurales de la Provincia, y una clara omisión estatal en orden a la prevención que este tipo de prácticas requiere. Es evidente que el sistema de denuncias instaurado es insuficiente, en tanto es posterior al daño causado; y más allá de las medidas de difusión y educación realizadas, las accionadas no han acreditado [en torno a la escuelas rurales] llevar a cabo ningún tipo de medida idónea de prevención”.

El daño, es el daño

En el mismo punto 15, Benedetto argumentó también que “no hay daño ambiental inocuo o completamente reparable, y que el Estado debe prevenir la producción de los riesgos con anticipación, ya que la función resarcitoria en estos casos es tardía y disfuncional”.

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Material relacionado:
“Entre Ríos: amparo ambiental para impedir fumigaciones a menos de mil metros de escuelas rurales”

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Primeras alegrías

Una vez conocida la sentencia favorable al amparo ambiental, desde AGMER manifestaron a través de un comunicado que “celebramos este fallo, por ser parte de la presentación inicial y por su orientación a prevenir los efectos nocivos de tales prácticas, pero también porque es un paso más logrado en una lucha colectiva que vamos construyendo cada día, en conjunto con las comunidades educativas afectadas por estas prácticas; con la mirada puesta en la implantación de un modelo productivo que elimine la utilización de los agrotóxicos y en las normativas que preserven la salud junto a su correspondiente cumplimiento”.

El exgobernador y actual Presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Sergio Urribarri, manifestó sobre lo expresado por el Juez, que el fallo “representa un avance clave en el abordaje de esta problemática tan importante y urgente” “y entendemos que va en línea con el proyecto de ley que presentamos días atrás para declarar la emergencia sanitaria y ambiental en el territorio entrerriano”.
La iniciativa legislativa a la que se refiere Urribarri ya ingresó a la Cámara Baja y es parte de las acciones que el diputado viene impulsando con representantes de diversas organizaciones ambientales de la provincia para declarar “por un plazo mínimo y prorrogable de dos años, el estado de Emergencia Sanitaria y Ambiental en el territorio de la Provincia de Entre Ríos”.

Otras repercusiones. El Estado es responsable

Gabriel Guiano, presidente del Colegio de Profesionales de la Agronomía (en la provincia), opinó sobre el fallo del camarista que “el Estado provincial es el principal responsable de este tipo de amparos por ausencia de controles y falta de presupuesto” y bregó para que este fallo “sea un disparador que nos siente a todos en una gran mesa con mucha responsabilidad, para encontrarle una solución a esta problemática”.
Guiano también señaló que desde el Colegio de Profesionales de la Agronomía coinciden en el espíritu del fallo, dado que, “si se llegó a esta situación es porque hay una clara ausencia del Estado”.

Apelar por costumbre

El martes 2 de octubre, Julio Rodríguez Signes –fiscal de Estado– recurrió el fallo del juez Benedetto ante la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
La decisión de avanzar contra lo dispuesto por Benedetto la tomó el secretario de Producción, Álvaro Gabas.
“La sentencia nosotros la apelamos y es lo normal que hacemos con los fallos, porque no podemos dejar firme una sentencia de primera instancia”, explicó el fiscal de Estado.

Y agregó, suavizando la posición oficial, que “La apelación es un escrito en el cual solamente se manifiesta que se apela”.

No estamos en contra, pero nos perjudica

“Quiero dejar a salvo que nadie está en desacuerdo con establecer todas las protecciones posibles”, insistió Signes pero agregó: “como está planteada la sentencia nos genera más problemas que soluciones”.

La abogada de la Coordinadora y del Foro Ecologista de Paraná, Aldana Sasia, manifestó al respecto: “Pareciera que en el Gobierno prima la lógica de preservar el beneficio económico particular por sobre la defensa de un bien colectivo como la salud y la vida de nuestros niños y niñas que aprenden en contextos de absoluta vulnerabilidad”.

Link al texto completo del Juez Benedetto.
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Fuentes:

  • Fallo por fumigaciones: “El Estado es el principal responsable”, aseguraron profesionales de la Agronomía / AFP Digital
  • Fumigaciones: el Gobierno apeló el fallo / La Voz
  • El Gobierno provincial apeló el fallo que prohibió fumigaciones en escuelas rurales / Agenda abierta

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