El cambio climático es un problema que afecta a todos y en particular a las generaciones venideras. Así lo ha hecho saber la Our Children’s Trust (OCT), una organización liderada por veintiún niños y niñas, luego de lograr que se puedan iniciar acciones legales contra el Gobierno de Estados Unidos si no aplica medidas para controlar los gases de efecto invernadero y garantizar una buena calidad de vida en el futuro.

 

Para llevar adelante esta demanda civil, los jóvenes de la ONG se basaron fundamentalmente en dos argumentos. En primer lugar, que el gobierno ha violado los derechos constitucionales de los niños a la vida, la libertad y la propiedad al permitir activamente el desarrollo de combustibles fósiles y estimular la severa desestabilización climática. En segundo, que se ha violado la doctrina de confianza pública, un principio basado en la ley común, que exige a los gobiernos soberanos ser los custodios y protectores de los recursos compartidos, como la tierra y el agua.

El reclamo, que comenzó en 2015 y se popularizó como “Juliana vs EE UU” (por Julia Olson, directora y jefa de asesores legales de la OCT), fue validado por decisión de la jueza Ann Aiken, y el caso avanzará a juicio.

«Con demasiada frecuencia, las cortes federales han sido cautelosas y deferenciales en el ámbito del derecho ambiental y el mundo ha sufrido por ello», justificó la letrada en su fallo.

De esta manera, la iniciativa de la OCT, que se gestó durante la última gestión de Barack Obama, podría marcar un punto de quiebre para el ahora presidente Donald Trump. Desde que el magnate asumió el poder en la Casa Blanca, sacó al país del Acuerdo de París y reimpulsó la industria de los combustibles fósiles, negándose a tomar acciones frente al cambio climático, al que considera un “cuento chino”.

“Este avance pertenece al grupo de casos innovadores que marcaron un antes y un después, como por ejemplo el de Obergefell vs. Hodges, con el cual la Suprema Corte legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo”, sostuvo Olson.

En forma simultánea, la OCT también impulsa que se puedan realizar este tipo de demandas en los tribunales para exigir que los gobiernos estatales cumplan con sus propios planes de reducción de emisiones. Por el momento, esto se ha logrado en los estados de Oregon, Massachusetts, New Mexico, Pennsylvania, Washington y Montana.

“Buscamos que se incluya a todos los órganos estatales que ponen en peligro el derecho a la vida, la libertad, la propiedad y los vitales recursos públicos”, concluyó Olson.

Revés al poder

Tiempo atrás, el Gobierno de Estados Unidos, con el apoyo de la Asociación nacional de manufactureros (NAM, por sus siglas en inglés), los Manufactureros norteamericanos de combustibles y petroquímicos (AFPM) y el Instituto norteamericano de petróleo (API), había querido vetar la iniciativa. Su oposición se basaba en la «falta de materia de jurisdicción y en la falta de una petición específica». Sin embargo, el juez Thomas Coffin, quien luego sería reemplazado por Aiken, rechazó la moción y otras posteriores apelaciones de la industria de combustibles fósiles.

Fuente: Foro Ambiental