Unos 700.000 niños y adolescentes que estudian en escuelas rurales están en riesgo por las fumigaciones con plaguicidas que se realizan en los campos aledaños a los centros educativos.

 

Así está ratificado en los datos oficiales, que fueron difundidos durante una audiencia pública del Parlamento argentino. Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Corrientes, Neuquén, Entre Ríos y Santiago del Estero son algunas de las provincias en las que las escuelas rurales conviven a diario con la producción agraria y la aplicación de venenos.

El caso más representativo de lo que ocurre en el país se encuentra en la región del Litoral. A través de un monitoreo ambiental, en agosto pasado, un estudio del CONICET reveló que el poblado entrerriano de Urdinarrain cuenta con la mayor acumulación mundial de glifosato, herbicida que en 2015 fue declarado “cancerígeno” por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Lo que ocurre es que no se trata de un caso aislado, sino un ejemplo de lo que pasa en muchas partes del país. Si el trabajo se hacía en cualquier otro pueblo fumigado, el resultado hubiera sido muy parecido, porque no se trata del lugar sino del modelo de producción”, explica Damián Marino, el investigador que lideró el trabajo.

En Santa Fe, a su vez, Fernanda Sández, autora del libro » La Argentina Fumigada: Agroquímicos, enfermedad y alimentos en un país envenenado», afirma que hay 700 escuelas fumigadas. “El 80 por ciento de las escuelas fueron fumigadas por lo menos una vez en horario de clase», detalla.

Otro ejemplo es el de Coronel Suárez. Ubicada a unos 450 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, en esta localidad bonaerense un reciente estudio llevado a cabo por el municipio mencionó que 23 escuelas rurales fueron en algún momento de los últimos cuatro años rociadas con herbicidas por lindar con campos sembrados.

El informe, que también contempla las fumigaciones en la cercanía de escuelas situadas en las ciudades de Pampa del Infierno y Pampa del Indio (Chaco), Ranqueles (Córdoba), Departamento Uruguay (Entre Ríos) y Los Toldos (Buenos Aires), indica que entre los problemas de salud que sufren los estudiantes por las fumigaciones están dolor de cabeza, adormecimiento de los labios, sequedad en las mucosas, irritabilidad en la vista, náuseas, vómitos y angustia.

Coronel Suárez, a partir de los resultados, fue incluido en el documento «Riesgo Ambiental de la Niñez en la Argentina», elaborado en conjunto por la Defensoría del Pueblo de Argentina, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Por este motivo, la Defensoría del Pueblo emitió una resolución en la que recomendó al Estado disponer medidas «para minimizar los riesgos por el uso de agroquímicos, especialmente en cercanía de la población y las comunidades educativas rurales a donde asisten niños, que se ven expuestos a los tóxicos como consecuencia de las actividades productivas».

En Córdoba se encuentra Monte Maíz. En este municipio de 8.000 habitantes, un grupo de 70 docentes y estudiantes de la UNC (Universidad Nacional de Córdoba) y la UNLP (Universidad Nacional de La Plata) durante 2014 realizaron un estudio y encontraron tres veces más casos de cáncer que en la capital.

“En cuanto a la prevalencia de cáncer, por entonces Argentina contaba con 700 casos cada 100.000, y en Monte Maíz había una prevalencia de 2.200 casos por cada 100.000 habitantes”, explica Medardo Ávila Vázquez, investigador de la Facultad de Medicina y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.

A pesar del valor de su descubrimiento, el trabajo recibió un sumario administrativo desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias que lo acusó de “carecer de asidero científico” y señaló que no había sido autorizado el relevamiento por la casa de estudios y que no contaba con la aprobación de un Comité de Ética.

Mientras en diferentes regiones del país se debate la posibilidad de acortar las distancias para fumigar, como en el caso de la Provincia de Buenos Aires donde existe un proyecto avalado por autoridades nacionales para que las pulverizaciones terrestres se puedan realizar a tan solo una cuadra y las aéreas a 200 metros, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados sostiene que todos aquellos pueblos rurales que están expuestos a las fumigaciones y al uso de agroquímicos en general tienden a sufrir severos casos de alergias, problemas respiratorios y neurológicos, malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer, o directamente la muerte.

En la actualidad, Argentina es el tercer país que más agroquímicos usa en el mundo, detrás de Estados Unidos y Brasil. Pero no solo eso, de acuerdo a la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, es el mayor consumidor mundial del herbicida glifosato, cuya comercialización la comenzó Monsanto hace casi cinco décadas atrás bajo el nombre de Roundup y hoy es vendido por todas las grandes multinacionales químicas, como Syngenta, Basf, Bayer, Dupont, Dow Agrosciences, Atanor y Nidera, entre otras.

Testigos directos

“Las docentes rurales somos testigos directos del costo humano de este sistema basado en transgénicos y venenos”, manifiesta Ana Zabaloy, referente de la Red de Docentes por la Vida, en la que se agrupan maestras y maestros rurales de diferentes ciudades bonaerenses que padecen los efectos de las fumigaciones con glifosato.

Con 55 años, trabajó como directora con grado a cargo en la escuela N° 11 José Manuel Estrada, ubicada a 20 kilómetros de San Antonio de Areco, y desde el 2014 lucha contra las fumigaciones que caen sobre las escuelas, enferman a los chicos y contaminan el ambiente.

Ella vivió en carne propia las consecuencias luego de que una mañana el establecimiento fuera rociado con el peligroso veneno 2.4D, el cual produjo intoxicaciones entre los chicos y que ella tenga la cara dormida durante semanas. Lejos de amedrentarse y como una manera de registrar esa terrible experiencia, Ana les propuso a sus alumnos que expresen mediante dibujos lo que habían vivido.

“Los dibujos terminarían circulado en forma de denuncia, desde la mirada de los chicos. Fue una forma más de guardar el registro de esto”, destaca la maestra.

Tiempo después, esos trabajos pasarían a integrar parte de una exposición en el Hospital Garrahan (donde han muerto chicos que llegan por intoxicación con estos venenos, como José Carlos Rivero), y también de la muestra “El Costo Humano de los Agrotóxicos”, del fotógrafo Pablo Piovano en el Palais de Glace.

“Yo creo que el dueño de la semilla, que domina el alimento, domina todo. Ahora Bayer te enferma y también te vende los remedios que te curan de las enfermedades que la misma empresa provoca. Es un circo muy bien armado”, dice Zabaloy, que además afirma que “no solo el veneno mata, sino también la indiferencia social”.

La Red de Docentes hoy cuenta con el apoyo de Fernando Cabaleiro, abogado y titular de Naturaleza de Derechos, la ONG que este año consiguió acceder a documentos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que detallan operativos en los que se constataron partidas de frutas y verduras fumigadas con hasta 22 pesticidas, mercadería que se encontraba a la venta en los mercados centrales de Buenos Aires, Mar del Plata y La Plata.

Fuente: Foro Ambiental