Luego de que el Ministerio de Ambiente de la Nación le denegara los permisos que había otorgado a empresarios para desmontar sobre tierras protegidas, el gobernador Urtubey impulsó una nueva evaluación técnica para que se concreten los desmontes.

 

Salta quiere dar rienda suelta a los desmontes ilegales. El gobierno provincial firmó un acuerdo con la Sociedad Rural Salteña, la Asociación PROGRANO y la Federación de Entidades Rurales Salteñas para evaluar, al cabo de un mes, la ejecución de los 32 permisos de desmontes en bosques protegidos por la Ley 26.331.

En un comunicado, Greenpeace repudió la medida y denunció que “se está elaborando, con la colaboración de las asociaciones de grandes productores agropecuarios, una legalización de los desmontes que infringen la Ley de Bosques”.

La nueva evaluación técnica estará a cargo de la provincia con la colaboración de los ministerios de Ambiente y Agroindustria de la Nación. Fue impulsada luego de que la cartera ambiental, a través de la resolución 56/2018, le ordenara a la provincia suspender esos permisos que había entregado y reforestar los desmontes ya realizados.

“Es insólito que los mismos responsables del delito son quienes van a juzgar si lo cometieron. En lugar de cumplir con la Ley de Bosques, el gobernador Urtubey prepara un indulto para los desmontadores. Destruir bosques es un crimen que no debe quedar impune”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

Salta es una de las provincias en donde más bosques protegidos por ley se destruyeron en los últimos años. Pero además de eso, también está entre las que más áreas recategorizó para permitir que empresarios modifiquen la superficie de los suelos y realizar actividades productivas.

A principios del 2018, fue un duro informe de la Auditoría General de la Nación el que advirtió sobre las violaciones a la Ley de Bosques en la provincia de Salta y reveló –entre otros puntos– que entre julio de 2013 y diciembre de 2016 el Gobierno de Salta había cambiado la categoría de protección de 32 fincas. De ese total, unas 58.611 ha fueron habilitadas para ser desmontadas, de las cuales un 60% (es decir 35.443 ha) terminaron siendo taladas.

En el caso de Greenpeace, desde hace años viene impulsando diversas campañas contra varios de los beneficiarios de esos desmontes ilegales. Entre los más resonantes, están Alejandro Braun Peña, primo segundo de Marcos Peña y responsable de arrasar más de 5 mil hectáreas de la Finca “Cuchuy”; Bruno Mauricio Varela Marín, el empresario uruguayo que llegó a quitar unas 200 hectáreas de la Finca “La Peregrina”; y Pedro Cignetti, quien modificó 540 hectáreas de la Finca “Los Pozos”.

“El gobernador de Salta no puede ser cómplice de estos criminales. Debe multar a quienes siguieron deforestando y cancelar los 32 permisos que se otorgaron violando la Ley de Bosques. Las fincas desmontadas deben reforestarse”, señaló Giardini.

Entre las fincas que recibieron permisos de desmonte en bosques protegidos, también se encuentra La Moraleja S.A., que deforestó 3.000 hectáreas y es uno de los principales proveedores de jugo concentrado de limón de The Coca-Cola Company. A pesar de que Greenpeace presentó un reclamo para que se reforeste toda el área desmontada, las compañías sólo se comprometieron a restaurar 1.400 hectáreas.

Fuentes:

• El gobierno de Salta legalizará los desmontes que infrigen la Ley de Bosques / Greenpeace
• Autorizar lo prohibido / Página 12

Foro Ambiental