En el año, se detectaron alrededor de 3.700 potenciales focos de incendio en esta ecorregión. Especies calcinadas, pérdida de vegetación y humedales dañados, entre los mayores impactos ambientales. La Justicia investiga si se debe de nuevo a la quema de pastizales por parte de ganaderos.

 

 

Por Manuel Casado.

En lo que va del 2020, se detectaron mediante datos satelitales más de 3.700 potenciales focos de incendio en el Delta del Paraná. La zona más afectada forma parte de la provincia de Entre Ríos, sobre la costa este del río Paraná y frente a la ciudad de Rosario, cuyos habitantes fueron invadidos por espesas nubes de humo y cenizas, como si la crisis ocasionada por el brote del coronavirus no fuese suficiente. El desastre que viven esta ecorregión de islas es tal que ya alcanzó la categoría de emergencia ambiental, una decisión que tomó el Ministerio de Ambiente de la Nación.

La culpabilidad una vez más apunta a los empresarios ganaderos de la zona, que suelen iniciar quemas de pastizales con el fin de aumentar la superficie de pastura. A esto se suma la bajante histórica del río y la falta de lluvias que ha tenido esta temporada: la superficie es mayor y se secaron muchos arroyos que antes cortaban el avance del fuego. La situación ha sido declarada emergencia ambiental por el Gobierno Nacional y más de un centenar de brigadistas han trabajado para contener el fuego.

“Tenemos la firme voluntad de detener estas quemas. Lamentablemente, sabemos que es una práctica que se ha intensificado en los últimos años pero vamos a combatirla por la gravedad de las consecuencias que provoca para el ambiente y la salud pública, afectando mucho a los habitantes de las zonas aledañas”, dijo el ministro de Ambiente, Juan Cabandié.

De acuerdo a los grupos ambientalistas, las consecuencias de los incendios son diversas y profundas para la biodiversidad. Una vez que el fuego se extiende, muchos animales no pueden huir y mueren calcinados. Y, si logran sobrevivir, quedan con lesiones permanentes y un hábitat destruido. Los suelos, a su vez, pierden fertilidad y se debilitan tanto la vegetación como el sombreado. Además, toda quema libera gases a la atmósfera, principalmente dióxido de carbono, lo que incrementa el efecto invernadero.

Las ONG’s reclaman que se sancione el proyecto de Ley de Humedales.

El Delta del Paraná ocupa unos 19.300 kilómetros cuadrados de bosques, pastizales, lagunas y arroyos que cumplen un rol fundamental para el equilibrio de la naturaleza. Sus humedales se encuentran dentro del Convenio Ramsar (1971), por lo que tienen una relevancia de nivel internacional. Estos ecosistemas son centrales a la hora de evitar tanto sequías como inundaciones, funcionan como purificadores de agua y amortiguan los efectos del cambio climático.

“Las quemas no son compatibles con los humedales, en estos, la regulación de la vegetación se produce por el agua durante las crecientes; y la vegetación y la fauna están adaptados a ello. Los incendios en las islas son intencionales, con fines productivistas, y generan un efecto devastador en las especies que ahí habitan”, afirmaron desde la organización El Paraná No Se Toca.

Su deterioro coincide con la implementación de la ganadería en la región, que se intensificó a partir de comienzos de la década del 2000. Además la limpieza de los campos mediante incendios, esta actividad incurre en el sobrepastoreo o el pisoteo por sobrecarga de cabezas de ganado, el uso de químicos para la producción rural y en la construcción de terraplenes o diques para evitar el ingreso de aguas de las crecientes. También han conspirado contra el bienestar de los humedales los negocios inmobiliarios, la siembra de soja y la pesca furtiva.

La investigación es encabezada por la Fiscalía Federal de Victoría (provincia de Entre Ríos), cuyo titular es el Dr. Carlos García Escalada, en el marco de «delitos de incendios, entorpecimiento de los transportes por tierra, agua o aire, lesiones y contaminación del ambiente». Las penas tienen un mínimo de entre dos meses y tres años de prisión hasta el máximo de 15 años, en el caso de incendio. Hasta el momento, hay siete personas indagadas. Se les imputa una serie de incendios ocurridos entre fines de febrero y comienzos de marzo de este año en las islas del Alto Delta.

En el Delta del Paraná se han registrado focos de incendio que han cubierto unos 250 kilómetros cuadrados, un poco más de la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

Del Delta del Paraná dependen alrededor de 700 especies de plantas como también 50 especies de mamíferos, 260 de aves, cerca de 300 de peces, 27 de anfibios, más de 30 de reptiles y una enorme variedad de invertebrados. Entre las especies amenazadas en la región está el ciervo de los pantanos, en peligro de extinción. Por su parte, entre las comunidades vegetales arbóreas, se destacan el bosque fluvial mixto, constituido por especies como el sauce criollo, el aliso de río, el canelón y el laurel. La selva en galería o “selva ribereña”, actualmente es relictual y está compuesta por leñosas como la palmera pindó, el ingá, el anacahuita y el sauco.

Frente a esta nueva propagación de incendios en las islas, tanto autoridades nacionales como provinciales han informado que reactivarán el llamado Plan Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (Piecas-DP), el cual fue lanzado durante el 2008 por la entonces Secretaría de Ambiente, pero que hasta el momento no tuvo avances significativos.

«El Delta del Paraná es un inmenso humedal y como tal, además de albergar una rica diversidad biológica, cumple funciones como la recarga y descarga de acuíferos, el control de inundaciones, la retención de sedimentos y nutrientes, la estabilización de costas, la protección contra la erosión, la regulación del clima», describe el documento del Plan, que al mismo tiempo advierte que, «pese a tan importantes funciones, los humedales figuran entre los ecosistemas más vulnerables y sensibles a la acción humana».

Las organizaciones ambientalistas de todo el país, sin embargo, reclaman que se sancione el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales, que obtuvo dos veces media sanción en el Senado, en 2013 y 2016, pero nunca se aprobó en Diputados. Para el abogado Enrique Viale, que trabajó junto al entonces senador Fernando «Pino» Solanas en ese texto legislativo, hay al menos tres sectores que presionan para que no sea aprobada: el agroindustrial, el inmobiliario -porque perjudicaría la construcción en zonas de islas-, y también el minero, ya que los salares son considerados humedales de alta montaña.