El Delta del Paraná está en llamas, una vez más

En el año, los incendios afectaron a unas 18 mil hectáreas de esta ecorregión. Especies calcinadas, pérdida de vegetación y humedales dañados, entre los mayores impactos ambientales. La Justicia investiga si se debe de nuevo a la quema de pastizales por parte de agricultores.

 

Por Manuel Casado. 

El desastre que viven las islas del Delta del Paraná alcanzó la categoría de emergencia ambiental, una decisión que tomó el Ministerio de Ambiente de la Nación. En lo que va del 2020, más de 600 focos llegaron a registrarse en la zona de la selva ribereña que se encuentra cercana a las ciudades de Diamante y Rosario, cuyos habitantes en los últimos días se han visto invadidos por la llegada de espesas nubes de humo y cenizas, como si la crisis ocasionada por el brote del coronavirus no fuese suficiente.

Pese a que las lluvias y el trabajo de más de 100 brigadistas lograron apagar la mayoría, las consecuencias ambientales de los incendios son diversas y profundas. Una vez que el fuego se extiende, muchos animales no pueden huir y mueren calcinados. Se destruyen nidos, huevos y pichones, y los animales quedan con poca o nula movilidad, mientras que los suelos pierden fertilidad y se debilitan tanto la vegetación como el sombreado. Además, toda quema libera gases a la atmósfera, principalmente dióxido de carbono, lo que incrementa el efecto invernadero.

«Tenemos la firme voluntad de detener estas quemas. Lamentablemente, sabemos que es una práctica que se ha intensificado en los últimos años pero vamos a combatirla por la gravedad de las consecuencias que provoca para el ambiente y la salud pública, afectando mucho a los habitantes de las zonas aledañas», dijo el ministro de Ambiente argentino, Juan Cabandié.

Desde enero hasta acá, unas 18 mil hectáreas se quemaron en esta zona que forma parte de las islas de la provincia de Entre Ríos, sobre la costa este del río Paraná y frente a la ciudad santafecina de Rosario. Según la resolución oficial, estará prohibida toda quema en la zona durante los próximos 180 días. Además, la provincia de Entre Ríos deberá aportar “los datos catastrales y de titularidad dominial a fin de identificar los propietarios de las zonas afectadas por el fuego en el marco del plan de fiscalización”.

Autoridades nacionales, provinciales y locales coinciden en afirmar que se trata de incendios intencionales, en especial, para aumentar la superficie de pastura del ganado. Por este motivo, hasta ayer se presentaron cinco denuncias penales en la Fiscalía Federal de Victoria. Los denunciantes son el Ministerio de Ambiente de la Nación, el Gobierno de Entre Ríos y las municipalidades de Rosario, Arroyo Seco y San Lorenzo.

«Estamos desde la semana pasada en una situación no solo de fuerte olor a quemado sino de una reducción de visibilidad, con la presencia de humo muy denso, cortes en la traza del puente que une las ciudades de Rosario y Victoria, con riesgos para la salud, además de los costos económicos que genera», detalló el subdirector de Defensa Civil de Rosario, Gonzalo Ratner.

ONG’s reclaman que se sancione el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Humedales.

A raíz de estas denuncias, el fiscal federal Carlos García Escalada investiga los delitos de incendios, entorpecimiento de los transportes por tierra, agua o aire, lesiones y contaminación. Según el delito, las penas tienen un mínimo de entre dos meses y tres años de prisión hasta el máximo de 15 años, en el caso de incendio. En la fiscalía informaron que ya identificaron a presuntos responsables, pero evitaron difundir los nombres. Según anticipó, la Justicia ya tiene «prácticamente determinado» quiénes serían los responsables de esas quemas en campos de esa provincia y calificó a los hechos como «muy graves».

Las quemas de pastizales son una práctica que se repite año tras año y que en varias oportunidades ha sido llevada a cabo por empresarios ganaderos de las islas con el objetivo de renovar los pastizales. En lo que va del año y pese a la cuarentena que supera los 90 días, en esta ecorregión se han registrado 3.000 focos de incendio que han cubierto unos 250 kilómetros cuadrados, un poco más de la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

“Las quemas no son compatibles con los humedales, en estos, la regulación de la vegetación se produce por el agua durante las crecientes; y la vegetación y la fauna están adaptados a ello. Los incendios en las islas son intencionales, con fines productivistas, y generan un efecto devastador en las especies que ahí habitan”, afirmaron desde la organización El Paraná No Se Toca.

El subdirector de Defensa Civil, por su parte, agregó que «todos los años hay quemas de pastizales, pero este año, por la baja histórica que registra el Río Paraná, la superficie es mucho mayor y se secaron muchos arroyos que antes cortaban el avance del fuego».

Ante la grave situación ocasionada por la intención de expandir la frontera agropecuaria, los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe, junto a los ministerios de Seguridad, de Agricultura y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, firmaron un acta acuerdo para brindar una respuesta a la problemática de incendios de pastizales que impactan en la zona del delta del río Paraná desde hace años.

Entre las especies amenazadas en la región del delta del Paraná está el ciervo de los pantanos, en peligro de extinción. Y, entre las comunidades vegetales arbóreas, se destacan el bosque fluvial mixto, constituido por especies como el sauce criollo, el aliso de río, el canelón y el laurel, entre otros, típicos de las islas de la porción superior del delta en las cercanías de las ciudades de Diamante y Rosario. La selva en galería o “selva ribereña”, actualmente es relictual y está compuesta por leñosas como la palmera pindó, el ingá, el anacahuita y el sauco.

En la zona, ta contrarreloj un centenar de brigadistas pertenecientes al Plan Nacional del Manejo del Fuego, a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, bomberos de la Policía Federal y un helicóptero de Prefectura Naval y un avión cisterna del ministerio de Seguridad nacional. De acuerdo a Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad y máxima autoridad de Protección Civil de Nación, «desde febrero en adelante se vienen sucediendo las quemas de pastizales descontroladas de productores agropecuarios en el centro de las islas».

Un área protegida de importancia mundial

El Delta del Paraná se encuentra considerado sitio Ramsar, una categoría internacional que protege los humedales del planeta y que funcionan como reguladores hídrológicos y de biodiversidad. La declaración, que emana de una convención mundial, hace que las 240.000 ha que comparten las provincias de Entre Ríos y Santa Fe sea uno de las 22 espacios protegidos de este tipo con los que cuenta la Argentina.

A nivel internacional son reconocidos como uno de los ecosistemas más productivos, ya que que proveen de importantes bienes y servicios a las poblaciones, por lo que es fundamental desarrollo. Pero, también, estos juegan un rol decisivo en el control de inundaciones, la depuración de aguas, el amortiguamiento de las sequías, la regulación climática, la regeneración del suelo y la reproducción de la biodiversidad. Además, ocupan un espacio fundamental para los hábitats naturales de especies como aves migratorias, peces, animales silvestres, bosques y plantas medicinales.

Frente a esta nueva propagación de incendios en la región del Delta, tanto autoridades nacionales como provinciales han informado que reactivarán el llamado Plan Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (Piecas-DP), el cual fue lanzado durante el 2008 por la entonces Secretaría de Ambiente, pero que hasta el momento no tuvo avances significativos.

«El Delta del Paraná es un inmenso humedal y como tal, además de albergar una rica diversidad biológica, cumple funciones como la recarga y descarga de acuíferos, el control de inundaciones, la retención de sedimentos y nutrientes, la estabilización de costas, la protección contra la erosión, la regulación del clima», describe el documento del Plan, que al mismo tiempo advierte que, «pese a tan importantes funciones, los humedales figuran entre los ecosistemas más vulnerables y sensibles a la acción humana».

Las organizaciones ambientalistas de todo el país, sin embargo, reclaman que se sancione el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales, que obtuvo dos veces media sanción en el Senado, en 2013 y 2016, pero nunca se aprobó en Diputados. Para el abogado Enrique Viale, que trabajó junto al entonces senador Fernando «Pino» Solanas en ese texto legislativo, advirtió que hay al menos tres sectores que presionan para que no sea aprobada: el agroindustrial, el inmobiliario -porque perjudicaría la construcción en zonas de islas-, y el minero, ya que los salares son considerados humedales de alta montaña.

En la actualidad, Entre Ríos cuenta con tres leyes provinciales que ordenan la protección de los humedales: la 9.485, que declara al sector del Paraná Medio como área protegida; la 10.479, que establece el Sistema de Áreas Naturales Protegidas; y la 10671, que declara Área Natural Protegida a la zona de humedales e islas ubicadas dentro del ejido urbano de la ciudad de Victoria, justo donde se dieron los incendios.