Desmontes en Salta: el Gobierno provincial recategorizó áreas protegidas por la Ley de Bosques

La Auditoría General de la Nación elaboró un informe donde advierte la gravedad de los desmontes en Salta.

 

Salta es una de las provincias en donde más bosques protegidos por ley se destruyeron en los últimos años. Pero además de eso, también está entre las que más áreas recategorizó para permitir que empresarios modifiquen la superficie de los suelos y realicen actividades productivas.

Así se desprende de un duro informe que la Auditoría General de la Nación (AGN) elaboró entre julio de 2013 y diciembre de 2016. El documento, que se entregó al Ministerio de Ambiente de la Nación en mayo del año pasado, advierte sobre la desmontes en Salta y plantea –entre otros puntos– la anulación de los permisos otorgados en zonas protegidas y la remediación de los suelos que ya fueron removidos.

Tras diversas denuncias de Greenpeace, la cartera Ambiental de la Nación mostró su preocupación al Gobierno de Salta a principios del 2018, lo que causó la suspensión de una serie de desmontes en la provincia.

De acuerdo a la AGN, en el período analizado, el Gobierno de Salta cambió la categoría de un total de 32 fincas. Todas juntas, suman una superficie de 144.984 ha. De ese total, 58.611 ha fueron habilitadas para ser desmontadas, de las cuales un 60% (es decir 35.443 ha) terminaron siendo taladas.

“Casi 200.00 ha se han desmontado con la autorización gubernamental en Salta. Este problema se ve agravado si sumamos los desmontes que se hicieron de manera ilegal sin la autorización gubernamental, los cuales según estadísticas oficiales que surgen del informe técnico de actualización de OTBN de Salta; llegan a un total de 257.828 ha”, detalla el documento.

“Muchos de los beneficiarios de estas autorizaciones son grandes empresas o grupos económicos que invirtieron en la compra de tierras en la Provincia en un contexto en el cual durante los últimos años el valor de los comodities, tales como la soja, hacia atractivo extender la frontera agropecuaria a zonas que hasta entonces no eran productivas” –Se aclara en la página. 87 del informe–.

Ante la facilidad con la que se producen los desmontes en Salta, la investigación señala que se generó un marco legal para burlar las disposiciones nacionales y provinciales por parte de grupos económicos que habían invertido en tierras para la producción de commodities, como por ejemplo, la soja.

“Estos desmontes deben ser categorizados como desmontes ilegales si tenemos en cuenta que una norma provincial no puede alterar nunca los estándares mínimos de protección ambiental otorgados por las leyes nacionales de presupuestos mínimos”, sostienen en el escrito enviado a los funcionarios nacionales.

Entre otras irregularidades, la AGN destaca que “los pedidos de desmontes se autorizaron sin participación plena de la población en audiencias públicas previas y no se registraron los estudios de impacto ambiental y social que debían haber acompañado al momento de la toma de dichas decisiones”.

Falta de fondos, precios bajos y multas ridículas

La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativo, sancionada en noviembre de 2007, fue un avance ambiental sin precedentes para empezar a solucionar la emergencia forestal en la que se encuentra el país. Sin embargo, la constante desfinaciación y la laxitud de los controles han conspirado contra su objetivo.

Hernán Giardini, director de la campaña de bosques de Greenpeace, afirma que el bajo precio de las tierras ha sido otro de los factores que alimentó el crecimiento de los desmontes en Salta: “Mientras que una hectárea en la zona pampeana (una de las regiones más fértiles del mundo) oscila entre 10.000 y 15.000 dólares, en la zona norte, una hectárea con bosque está entre 300 y 500 dólares. Otros 500 dólares por hectárea se van en la deforestación y es por eso que algunas fincas ocupan 10.000 hectáreas. O sea, media ciudad de Buenos Aires”.

De acuerdo a un estudio de la ONG, las provincias de Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Salta aglutinaron, en promedio, el 80% de la deforestación nacional durante los últimos años. Además, especificó en 2016 que el 37% de esa superficie se encuentra en los inventarios de bosques como categorías I (rojo) y II (amarillo). Es decir, en zonas protegidas.

Fuentes:

  • La Auditoría General de la Nación denunció que Salta violó la Ley de Bosques / La Gaceta Salta
  • Auditoría General de la Nación: Implementación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos.

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