Derrame de cianuro en Veladero: procesan a dos ex funcionarios

Mientras que la Justicia Federal procesó a otros dos ex funcionarios del kirchnerismo, la Justicia de San Juan aún no presentó cargos contra los altos mandos de la empresa ni del Estado provincial por el derrame de cianuro en Veladero de hace tres años.

 

Barrick Gold protagonizó el mayor desastre ambiental minero de la historia del país. Entre el 12 y 13 de septiembre del 2015, se rompió una cañería del proyecto minero de Veladero, que la multinacional canadiense maneja en San Juan, y derramó más de un millón de litros de cianuro que terminaron contaminando a cinco ríos diferentes.
Desde entonces, tras las denuncias de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Asamblea Jáchal No Se Toca, el juez federal Sebastián Casanello impulsó una serie de investigaciones que en diciembre derivaron en el procesamiento de cuatro ex funcionarios del kirchnerismo y ahora en el de otros ex secretarios más: Jorge Mayoral (Minería), Sergio Lorusso (Ambiente).
“Ambas autoridades incumplieron el mandato legal sin perjuicio de conocer que en Veladero se estaba llevando a cabo una actividad altamente riesgosa, que se manipulaba cianuro en el proceso de extracción del oro y que la forma de trabajo no era segura para el ambiente”, afirmó el magistrado, y remarcó que tenían constancia de los derrames de solución cianurada que precedieron al de 2015.
Los nuevos procesamientos, que también incluyen a Beatriz Domingorena (ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación), están caratulados como abusos de autoridad. De acuerdo a Casanello, se realizaron “de manera tardía” las fiscalizaciones a la mina después del derrame de 2015, en las que se detectaron falencias como “falta de controles automáticos que permitieran la detección temprana de incidentes por parte de la empresa”.

En diciembre pasado, Casanello ya había procesado a cuatro ex funcionarios nacionales por omitir controles e impedir que se relevaran zonas periglaciares y posibilitar la minería en zonas prohibidas durante los últimos años. Entre ellos, se encuentra el científico Ricardo Villalba, el ex titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), a quien se le cuestiona que haya decidido sólo medir glaciares de más de una hectárea de superficie, dejando desprotegidos a los de menor tamaño.

“La a ausencia de control, el déficit en el desempeño estatal, pese al mandato legal, es una premisa necesaria para comprender lo que ocurrió en septiembre de 2015”, indicó Casanello.

Por recomendación de los jueces federales Martín Irurzun y Eduardo Farah, la causa iniciada a partir del derrame de cianuro en Veladero hoy está divida en dos partes. Por un lado, se encuentran las investigaciones caratuladas como “envenenamiento” y, por el otro, las relacionadas al “incumplimiento de la Ley de Glaciares”. Para Casanello, de haberse cumplido la legislación 26.639, tanto Veladero como Pascua (el otro proyecto minero que tiene Barrick en San Juan) no existirían, así como tampoco los distintos derrames contaminantes que se produjeron.

Ni Barrick ni San Juan

Aunque los procesamientos de Casanello resultaron históricos porque es la primera vez que funcionarios son procesados por cuestiones ambientales, como contracara, los ambientalistas destacan que la Justicia de San Juan entorpeció los avances de la causa e hizo que se omitieran las responsabilidades que tuvieron los altos mandos de Barrick Gold y el Estado provincial.
“La Justicia provincial consagró la impunidad de los funcionarios locales, de la Barrick Gold y sus CEO´s, ya que sólo procesó a empleados de muy bajo nivel y responsabilidad”, sostiene Diego Seguí, abogado de la asamblea de Jáchal No Se Toca y querellante en el caso.
Para entender la situación, el letrado ambientalista detalló que “en un momento, la Fiscalía de Estado de San Juan planteó ante la Corte Suprema de la Nación la incompetencia de Casanello”. A partir de ese momento, “se resolvió que los funcionarios nacionales siguieran siendo investigados por el juez federal, y que las responsabilidades de los funcionarios provinciales y de la Barrick quedaran en manos del juez Pablo Oritja, de la Segunda Circunscripción de Jáchal”.

Incluso Fernando Hugo Giannoni, presidente de Barrick Gold, había presentado en mayo del año pasado un escrito formal para recusar a juez Casanello por “tener antipatía con la empresa”. De acuerdo a Seguí, “la posterior sentencia de la Corte fue fatal para la causa. Al dejar la investigación de las responsabilidades provinciales en manos de Oritja, consagró la impunidad de los funcionarios locales y de uno de los CEO, que Casanello tenía imputado”.

“Es paradójico que mientras Casanello avanzó con la violación a la Ley de Glaciares, en San Juan todo quedó reducido a unos perejiles, empleados de menor jerarquía y amparando a los funcionarios públicos y a la empresa”, agregó Marcelo Arancibia, el otro abogado que representa a la Asamblea Jáchal No Se Toca.

Hoy, explica Seguí, estos procesamientos de los empleados están apelados y bajo estudio de la Cámara en lo Penal y Correccional de San Juan, que en agosto del año pasado –por ejemplo– sobreseyó al ex gerente General de la empresa Barrick Gold, Antonio Adames, quien se encontraba en funciones durante el derrame de cianuro en Veladero ocurrido en septiembre de 2015.
“Producto de esa impunidad, como premio por no hacer nada, a Ortija lo van a ascender a juez civil en la circunscripción de San Juan. Con esta justicia es imposible pensar en el procesamiento de los funcionarios provinciales por la falta de control que hubo”, considera Seguí, quien advirtió que “si no hubiera quedado esa porción de la causa en manos de la Justicia Federal, todo quedaba en impunidad”.

Fuentes:
Una vara distinta según a quién se mida | Nicolás Romero | Página 12
Procesan a exfuncionarios por el derrame de cianuro de una mina | La Nación
Los perejiles se procesan | Página 12

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