Los países de América Latina no pasarán desapercibidos durante la vigésimo tercera Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP23) que ha dado inicio en Bonn, Alemania. A pesar de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París hace dos años, desde entonces las políticas de reducción de emisiones contaminantes en la región han sido irregulares y desiguales, situación que compromete los objetivos del pacto internacional.

 

“Hay avances en compromisos, aunque es un poco difícil decir cómo van. No es tan fácil de medir. Depende de la capacidad de cada gobierno para hacerlo. Algunos países tienen más transparencia y detalle que otros”, asegura Lisa Viscini, directora del Programa de Energía, Cambio Climático e Industrias Extractivas del Diálogo Inter-Americano, una organización con sede en Washington.

Hasta el momento, las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, en inglés) de los latinos no han sido fructíferas del todo. Esto se debe a que la mayoría de los países se encuentra desarrollando políticas contradictorias. Esto quiere decir que, por un lado, agudizan la extracción de hidrocarburos o implementan nuevos proyectos de energía nuclear, mientras que, por el otro, fomentan el uso de energías renovables y programas de conservación de la naturaleza.

A lo largo de 2015, los 195 Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) presentaron sus NDC, con sus compromisos voluntarios para reducir los gases de efecto invernadero (GEI), que fueron incorporados en diciembre del año pasado al Acuerdo de París, cuya principal meta es mantener la temperatura media global por debajo de los 2º C con respecto a la era preindustrial.

“Algunos países no llegarán a sus metas, que además no son suficientes, hay que hacer más. Para evitar el cambio climático, no podemos seguir usando petróleo por 100 años, tiene que parar. Algunos países están desarrollando estrategias de largo plazo. Pero no hay suficiente dinero”, agrega Viscini.

Altibajos

Un ejemplo de la inestabilidad que atraviesan las políticas ambientalistas en América Latina se manifiesta a través de los resultados científicos del Monitoreo de la Acción Climática (CAT, en inglés). Confeccionado por tres centros de investigación europeos, clasifica a la propuesta de Costa Rica como “compatible” con el compromiso de mantener el calentamiento global por debajo de los 2º C, pero al mismo tiempo cataloga de “insuficiente” las de Brasil, México y Perú; de “altamente insuficiente” la de Argentina y de “críticamente insuficiente” la de Chile.

En Brasil, el mayor contaminador regional, la meta es la de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 37 por ciento hasta 2025 y 43 por ciento hasta 2030, con respecto a las de 2005. Sin embargo, según los investigadores del CAT, esos compromisos están considerados como “poco ambiciosos” e incluso se encuentran retrasados a causa de la recesión económica que soporta ese país desde hace tres años.

“Desarrollos recientes en la planeación de infraestructura energética y los niveles crecientes de deforestación, que se estima han añadido unos 130 millones de toneladas de CO2 (dióxido de carbono), son evidencia del empeoramiento de la aplicación de la política nacional climática de Brasil, en la dirección opuesta a lo que es necesario” para materializar el Acuerdo de París”, indica el análisis.

En esa misma línea se sitúa Carlos Rittl. De acuerdo al secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, una red de 37 organizaciones ambientales brasileras, existe el riesgo de que el país incumpla las metas.

“Hay señales negativas sobre la seguridad de que Brasil va a caminar hacia una economía de bajo carbono, de que va a cumplir con sus metas. Hay muchos retrocesos que nos colocan en duda sobre la intención del gobierno de cumplir con los compromisos”, afirma.

Aunque México, el segundo país más contaminante de América Latina, se comprometió a acortar 25 por ciento sus emanaciones totales para 2030, respecto a las registradas en 2013, desde el CAT explican que es necesario que ese objetivo se alcance en un período menor.

“Debe considerar el establecimiento de una meta para 2025, consistente con un ciclo de compromisos por cinco años”, entienden los analistas.

En el caso de Argentina, bajo las políticas actuales, las emisiones de todos los sectores crecerían aproximadamente 50 por ciento para 2030, por encima de los niveles de 2010. El compromiso de reducción de emisiones se sitúa en 483 millones de toneladas en 2030, que en la práctica significa un aumento de 22 por ciento en comparación con los niveles de 2010 o 74 por ciento sobre los de 1990.

La meta de Chile, a su vez, promete rebajar en 30 por ciento los gases para 2030, por debajo de los niveles de 2007, pero equivalente a una expansión de 222 por ciento frente a 1990 y 75 por ciento por arriba de 2010, resalta el CAT.

El Acuerdo de París estipula que el llamado “Mecanismo de Transparencia” que exige debe proveer de una comprensión clara de las medidas sobre cambio climático, incluyendo monitoreo del progreso hacia el logro de las NDC, con buenas prácticas, prioridades, necesidades y retos.

En 2015, año en que se concretó el Acuerdo de París, Brasil liberó a la atmósfera 486 millones de toneladas de CO2, México emanó 472 millones, Argentina, 191 millones; Venezuela, 178 millones; Chile, 81 millones, y Colombia, casi 81 millones.

Según datos de ONU Medio Ambiente, la agencia responsable de implementar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la región aporta cinco por ciento de los gases de efecto invernadero del planeta. Ese porcentaje podría ser aún mayor si se contabilizara la quema de combustibles fósiles y las emisiones para la fabricación de cemento.

Para Sean Gilbert, director de Alcance, Membresía y de la Alianza no gubernamental NDC, falta claridad de cómo los gobiernos llegarán a las metas. “No hay objetivos graduales. Faltan especificidad y rutas hacia las metas”, asegura el responsable de la organización que reúne a gobiernos e instituciones en pos de las NDC.

Con su Plan de Expansión de Energía 2026, Brasil aspira a que en ese año 48 por ciento de la matriz energética provenga de fuente renovables, excluida la hidroelectricidad, mientras México busca generar 25 por ciento de energía limpia para 2018, 35 por ciento para 2024 y 50 por ciento para 2050.

Argentina, por su parte, fijó una meta de cubrir ocho por ciento de la demanda eléctrica con fuentes renovables al finalizar 2017 y 20 por ciento en  2025. Mientras, Chile con la Ley 20/25, anhela generar 20 por ciento con base renovable para 2025.

“No hay nada seguro sobre qué haremos después de 2020 de manera diferente a lo que Brasil hace hoy, como inventarios de gases de efecto invernadero o las estimaciones anuales de emisiones”, plantea Rittl.

El especialista, por último, añade que “necesitamos que la matriz tienda hacia la ‘descarbonización’ progresiva, para que a 2050 sea 100 por ciento renovable o altamente renovable, con energía solar y eólica”, mientras que Gilbert sugiere que la inversión pública y privada en los países se haga compatible con las NDC, así como también “abandonar políticas contradictorias, como subsidiar combustibles fósiles”.

Fuente: Foro Ambiental / IPS Noticias