Crímenes contra ambientalistas: el 60% de los casos ocurrieron en Latinoamérica durante 2017

Brasil es el país que más crímenes contra ambientalistas registra. “Aquellos que luchan para proteger el planeta deberían ser tratados como héroes”, manifestó el director ejecutivo de la ONU, que lanzó un nuevo plan de prevención.

 

Enfrentar la caza furtiva, evitar la deforestación ilegal de áreas protegidas o denunciar la contaminación de actividades extractivas como la megaminería o el agronegocio no son asuntos sencillos. Durante el año pasado, murieron 197 activistas por defender al medio ambiente en todo el mundo. A causa de esta tendencia alarmante, que resultó mayoritaria en América Latina, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció un nuevo plan global de prevención.

“Aquellos que luchan para proteger el planeta deberían ser tratados como héroes, pero la triste realidad es que muchos de ellos están pagando un alto precio con su seguridad y a veces con sus vidas. Es nuestro deber apoyar a los que están en el lado correcto de la historia, eso significa defender el más fundamental y universal de todos los derechos humanos, que es la vida”, sostuvo Erik Solheim, el director ejecutivo de ONU Medio Ambiente.

A través del Programa para el Medio Ambiente (PNUMA), el organismo internacional manifestó su preocupación y presentó, en la sede de Ginebra, la denominada Iniciativa de Derechos Ambientales de las Naciones Unidas, con la que se instará y asistirá a los Estados a salvaguardar los espacios naturales y evitar los crímenes contra ambientalistas.  

A pesar de que los derechos ambientales están consagrados en más de un centenar de constituciones, unas 908 personas murieron defendiendo el medio ambiente en 35 países diferentes entre 2002 y 2013, una situación que empeoró aún más en los últimos años.

Los estudios en los que se basa la ONU fueron publicados por la Global Witness. En enero, esta ONG especializada en el seguimiento de conflictos ambientales, reveló que “se produjeron 197 crímenes contra ambientalistas en 2017 por enfrentar a gobiernos y empresas que robaron sus tierras y dañaron el medio ambiente, y por denunciar las prácticas corruptas e injustas que lo permitieron”.

“Las víctimas trabajaban en defensa del planeta. Desde la lucha despiadada por la riqueza natural en el Amazonas, hasta los guardaparques que protegen las reservas naturales de la República Democrática del Congo, las caras de las defensoras y los defensores del medio ambiente atraviesan continentes, países y regiones”, destaca Global Witness.

De acuerdo a las investigaciones anteriores de la organización, en 2016 fueron documentados 200 crímenes contra activistas ambientales en 24 países, mientras que los 185 asesinatos registrados en 2015 fueron en 16 países. Los especialistas, además, aseguran que “buena parte de los defensores del medio ambiente asesinados provenían de comunidades indígenas y campesinas, donde muchas más personas son hostigadas, intimidadas y obligadas a abandonar sus tierras”.

Terrenos peligrosos

En su último estudio, denominado “En terreno peligroso”, la Global Witness indica que al menos un 60 por ciento de los crímenes contra activistas de 2017 se produjo en América Latina, una región rica en recursos naturales que desde hace años ocupa el primer lugar entre las zonas más peligrosas del mundo para la defensa del medio ambiente.

“Los Estados tienen la responsabilidad de prevenir y castigar los abusos cometidos por las empresas dentro de sus territorios y las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos de los demás. Espero que esta nueva Iniciativa pueda alentar a ambos a cumplir”, dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

Entre los países latinos más peligrosos para defender al medio ambiente se encuentran Brasil, Colombia y México. También se destaca a África, donde la República Democrática del Congo presenta el mayor rango de conflictividad, y a Asia, que tiene a Filipinas como el mayor exponente de esta sanguinaria problemática.

Según la Global Witness, el año pasado los conflictos con la agroindustria fueron más que los generados por la minería.

“Las personas que se atreven a alzar la voz continuarán siendo violentadas, encarceladas y asesinadas hasta que empresas, inversionistas y gobiernos realmente incluyan a las comunidades en las decisiones sobre el uso de sus tierras y recursos naturales”, enfatizó Rachel Cox, referente de la ONG.

Brasil a la cabeza 

Brasil es el país más violento del mundo para los campesinos y donde más crímenes contra ambientalistas se producen. De hecho, además de la delicada situación política que vive y cuyo último hecho fue la detención del ex presidente Lula da Silva, semanas atrás el país convulsionó al mundo por la muerte de la concejala socialista y activista Marielle Franco, asesinada a balazos por sicarios en pleno centro de Río de Janeiro.

Según un informe de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) desde la llegada de Michel Temer al poder, el número de muertes en el campo aumentó un 22% con respecto a 2015 y se triplicó en relación al año 2000. En este período, además, aumentaron un 86% las amenazas de muerte a los campesinos, un 68% el intento de asesinatos, y un 185% la prisión de trabajadores del campo e indígenas.

A pesar de que Brasil –hasta hace un puñado de años– supo ocupar la sexta plaza económica del mundo, las grandes desigualdades sociales nunca dejaron de ser una constante. En la actualidad, el 60% de la tierra le pertenece a un 1% de la población, por lo que el conflicto agrario entre terratenientes y campesinos está más vivo y violento que nunca. La CPT denuncia que desde la redemocratización del país hasta la actualidad (1985-2017) se ha asesinado a 1.898 agricultores, de los cuales la policía tan sólo resolvió y condenó el 1,6% de los casos.

Matar en nombre del negocio

El asesinato es sólo una de las tácticas utilizadas para silenciar a las y los activistas, quienes normalmente enfrentan amenazas de muerte, violencia sexual y casos legales agresivos. Wayne Lotter, destacado ambientalista contra la comercialización del marfil en Tanzania, que había reportado numerosas amenazas de muerte como resultado de su trabajo en protección animal, fue asesinado por dos hombres armados en agosto de 2017.

“Las violaciones de los derechos ambientales tienen un profundo impacto en una amplia variedad de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la autodeterminación, los alimentos, el agua, la salud, el saneamiento o la vivienda, o derechos culturales, civiles y políticos”, dijo Zeid Ra’ad Al Hussein.

A principios de 2017 y tras numerosas amenazas, también fue asesinado a balazos Isidro Balenegro López, activista mexicano y ganador del Premio Goldman de medioambiente, por sus denuncias contra la tala ilegal de bosques nativos. De esa forma, se convirtió en el segundo galardonado con el Premio Goldman asesinado. Un año antes había sido Berta Cáceres, la célebre ambientalista hondureña.

En un paso histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) este año reconoció por primera vez que hay una “relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”.

El máximo tribunal, en ese sentido, indicó que “los Estados deben actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, que afecten los derechos a la vida y a la integridad personal”. 

 Unos 21 crímenes contra ambientalistas estuvieron vinculados con la caza ilegal en 2017.

Para Cox, esta respuesta se debe al trabajo incansable que organizaciones como la que ella integra, han realizado por años en todo el mundo. “Monitorear los crímenes contra ambientalistas ha permitido revelar historias ocultas, mostrarlas ante la comunidad internacional y así impulsar una mayor presión sobre empresas e inversionistas”, concluyó la referente.

Fuente: Foro Ambiental