El cierre de zoológicos, un debate que llega a Tucumán

A raíz de las denuncias sobre las pésimas condiciones en las que viven los animales de la Reserva Fitozoológica Carlos Pellegrini, el zoo más grande del NOA, en la provincia se inició una campaña para impulsar el fin de este tipo de complejos.

 

Mal alimentados, enfermos y en espacios lúgubres. Desde hace más de un mes, comenzaron a viralizarse diversas denuncias sobre el mal estado en el que se encuentran los animales en el zoológico de San Pedro de Colalao. Todo comenzó con el posteo en las redes sociales de una turista salteña, quien mostró una imagen de uno de los osos pardo del establecimiento con una evidente bichera (herida con gusanos) en su cuerpo y, a partir de allí, los reclamos se replicaron.

Pero fue Ariadna Remonda quien escribió una carta al gobernador Juan Manzur y al delegado comunal, Luis Andrada, dando constancia de las diversas irregularidades, e inició una campaña para pedir el fin del zoo y la reubicación de los animales. La iniciativa, denominada Cierren el Zoológico de Tucumán, San Pedro de Colalao, fue difundida por Greenpeace a través de su plataforma Hagamos Eco y logró más de 10.200 adhesiones en solo tres semanas.

La joven denunciante manifiesta que los animales “viven encerrados en un gallinero de 2×2 lleno de cemento, sin pasto y con un alambrado que ofrece una protección bastante precaria”. Además, en términos generales, aseguró que “están sedados 24 horas”.

“En un espacio reducido hay seis leonas, todas dormidas por sedantes, sin pasto ni espacio donde moverse y mucho menos correr”.

Sobre los osos apuntó que “tienen heridas que se están llenando de gusanos, poseen muy mal cuidado, no cuentan ni con las condiciones mínimamente adecuadas para sobrevivir, están enfermos, mal alimentados y los alambres están cediendo, lo cual representa un gran peligro para los visitantes”.

Referentes del medio ambiente afirman que las malas condiciones en que viven los animales no es un tema nuevo. Desde que fue construida la Reserva Fitozoológica Carlos Pellegrini (el nombre oficial) y se transformó en uno de los principales atractivos de la provincia, los activistas han registrado las precarias condiciones de este predio de 400 hectáreas en el que viven 150 especies entre nativas y exóticas.

Para Ivana Acevedo, referente de la ONG Animalista Libera, lo que ha cambiado en los últimos tiempos es que las denuncias ya no provienen del sector vinculado al proteccionismo sino de las mismas personas que han ido a visitar el zoológico.

No se necesitan zoológicos en estas épocas, más bien precisamos un lugar en donde se pueda recuperar la fauna silvestre. También hay que recuperar las zonas desprotegidas para implementar un plan de rehabilitación, liberación y reintroducción”, indicó Acevedo, quien confía en que “llegará un punto de inflexión en el que los zoológicos tendrán que abrirse a la sociedad y al Estado para su reconversión”.

Al igual que en otras ciudades del mundo y en otras provincias del país, este caso también instaló en Tucumán el debate sobre el verdadero rol de los zoológicos. De acuerdo a Acevedo:

“La gente está empezando a ver lo que de verdad hay en los zoológicos: vidas encerradas porque el animal sigue vivo, pero en realidad no sé si podemos llamar vida a lo que llevan dentro de una jaula”.

La activista manifiesta que lo que se proponen, en cambio, son cosas básicas: “dejar de comprar o ingresar animales, evitar la reproducción dentro del mismo zoológico para achicar la población y abocar las tareas a la rehabilitación de la fauna nativa; que no se sigan trayendo animales que no son de esta zona”.

Un camino complejo

El primer lugar en donde el tema llegó a la agenda oficial, fue en la Ciudad de Buenos Aires, cuyo gobierno anunció en 2016 el cierre definitivo del Parque Zoológico, situado en el corazón de Capital Federal, para reconvertirlo en un Ecoparque. La decisión fue tomada a partir de los feroces cuestionamientos que recibió la institución tras la muerte del oso polar Winner, víctima del calor y el estrés que le produjeron los fuegos artificiales de las fiestas de fin de año.

En la ciudad Mendoza también sucedió algo similar, tras la muerte del oso polar Arturo, el último ejemplar de esta especie en Argentina (que en 2014 fue bautizado como “el animal más triste del mundo” por las pésimas condiciones en las que vivía).

Tanto en uno como en otro lugar, y con diferente suerte, comenzó un necesario proceso de reconversión a tono con un cambio de paradigma en relación al vínculo que el hombre establece con la naturaleza y que fue contemplado en el Nuevo Código Civil de la Nación. En este sentido, la norma que rige la vida de los argentinos desde 2015 modificó la consideración legal de los animales como meros objetos y la reconfiguró por “sujetos de derecho sintientes no humanos”. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer para el reconocimiento real y efectivo de los derechos que amparan a los animales en todo el territorio.

“En este paso rápido por la Tierra hemos destruido todo tan rápido que ahora nos estamos preocupando por resolver el problema con la misma premura. Sí puedo decir que hay una tendencia mundial en reconvertir las instituciones zoológicas para que no consistan meramente en la exposición de un animal sino en trabajar rehabilitando, liberando y siendo parte de programas de conservación de especies nativas”, apuntó el biólogo Diego Ortiz, quien desde hace más de una década se dedica a la recuperación de aves rapaces en la Reserva de Horco Molle, que depende de la Universidad Nacional de Tucumán.  

Pero a pesar de que ambas iniciativas en un principio tuvieron el visto bueno por parte las ONG´s, hasta el día de hoy no se han registrado avances considerables. En la actualidad, tanto el Ecoparque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el de Mendoza se encuentran cerrados al público a la espera de que todos los animales sean trasladados y que las instalaciones sean acondicionadas completamente.

En enero pasado, incluso, el zoológico porteño volvió a estar en el centro de la polémica, ante las públicas denuncias de la ONG SinZoo por la muerte de ciervos derivados a la Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS) y de decenas de peces carpas, que fallecieron al ser dejados en oxigenación en pequeños recipientes la noche anterior a su traslado al Jardín Japonés.

Desde los grupos ecologistas que monitorean la reconversión acusaron que esta situación se debe a “una vergonzosa urgencia por deshacerse de los animales para concesionar por 30 años 21 edificios históricos del predio, que deberán licitarse desocupados”.

Entre los especialistas también causó sorpresa los montos que la empresa Newport Cargo ofertó y la Ciudad aprobó para diseñar y confeccionar las cajas para los traslados de ciertos ejemplares antes incluso, de contar con la certeza de que podrán ser reubicados. La de la elefanta Mara, por ejemplo, cuesta $2.759.450 y solo para el diseño de los dos habitáculos para osos pardo se pagarán $1.652.201 y otros $1.512.000 para su confección. Son en total más de US$650.000 en infraestructura de traslados que las ONG cuestionan porque los animales no cuentan con la anuencia veterinaria.

“No existen antecedentes a nivel mundial de ofrecer animales al revoleo como hace el ecoparque. En las instituciones serias no hay nadie que diga: ‘A ver, ¿quién quiere un hipopótamo?’. El riesgo es que los animales terminen siendo revendidos a otros zoológicos con bajos estándares de bienestar”, dijo Adrián Giacchino, presidente de la Fundación Azara.

Hasta el momento fueron derivados 370 animales, pertenecientes en su mayoría a la Dirección Nacional de Fauna, y quedan en el predio 924. “Licitan cajas sin tener definidos todos los destinos y sin los exámenes médicos para saber si el animal es apto para ser trasladado. El grado de ignorancia y de desprecio por la vida animal ha superado todo límite ético”, agregó Giacchino.

Un zoo bajo la lupa

Aún así, la situación en Tucumán es diferente en relación a los casos de Buenos Aires y Mendoza debido a que el único zoológico que funciona pertenece a una empresa privada. Además, el predio está ubicado a 90 kilómetros de San Miguel de Tucumán, de manera que la problemática de los animales en cautiverio no está presente para los tucumanos de igual manera que estuvo para los porteños o los mendocinos, que tenían integrados a los respectivos zoológicos a las ciudades. La situación los exponía a las auditorías de los organismos correspondientes y también a la que realizaban los miles de ciudadanos y turistas que lo visitaban durante todo el año.

El gerente Guillermo Fernández, argumentó ante los cuestionamientos que explotaron este verano, que la institución que dirige cuenta con todas las habilitaciones expedidas por la Dirección de Fauna de la Nación y de la Provincia. Agregó que existen convenios firmados con la Secretaría de Medio Ambiente local para trabajar de manera mancomunada para albergar a las especies rescatadas del tráfico de animales o del “mascotismo”, es decir, de aquellas personas que adoptan animales silvestres como mascotas.

El director de Flora y Fauna de la Provincia, Eduardo Dietrich, confirmó la existencia de ese convenio debido a que en Tucumán no existe un lugar de estas características para atender las necesidades de animales silvestres. Como ejemplo, citó el caso de Baguira, la leona que fue rescatada de un circo y enviada a un santuario en África; y también la recepción de pumas –entre otros animales nativos– que muchas veces se encuentran en casas de familias.

“Firmé un convenio con esta institución porque a mí me es muy útil en la recuperación de animales silvestres que mucha gente por error los quiere domesticar, es así que los empieza a criar cuando son chiquitos pero en algún momento se tornan inmanejables, como el caso de un par de pumas que llegaron aquí. Entonces, hay dos opciones: el sacrificio o conseguir algún lugar en donde se los pueda contener”, apuntó Dietrich.

Sin embargo, el conflicto de intereses salta a la vista: el Estado, que debe ejercer el poder de policía frente a instituciones zoológicas de este tipo y garantizar su reconversión en espacios para la educación ambiental, la investigación, la preservación y eventual reinserción en el hábitat natural de especies nativas termina “asociado”, de alguna manera, en situaciones que no se apegan a lo que cada vez más ciudadanos reclaman como un derecho considerado en la Constitución Nacional y en diversos Tratados Internacionales como de “tercera generación”.

Pero en el camino hay que evaluar –y aquí entra la función del Estado y de profesionales idóneos en la materia– las condiciones del cautiverio: si se encuentran en un recinto grande o pequeño, con o sin ambientación, con o sin enriquecimiento animal para sobrellevar el encierro, expuesto o no al público, con o sin un plan por parte de las instituciones de realizar un manejo responsable del plantel. Para ello, un parámetro que sugieren tener en cuenta los especialistas para evaluar la situación de un zoológico, es la relación entre la inversión, la cantidad de profesionales abocados al cuidado de los animales y la cantidad de especies.  

La bichera del oso denunciada en las redes sociales pasó a ser casi anecdótica frente al complejo fenómeno del manejo de la fauna en general, pero sirvió para instalar en la provincia un debate necesario, sobre el rol de las instituciones zoológicas.

Fuente: Foro Ambiental