El 17 de agosto, se promulgó la Ley 21.595, comúnmente conocida como la «ley de delitos de cuello corbata». Esta legislación representa la reforma más significativa en el Código Penal chileno de la última década, ya que reorganiza y agrega nuevos delitos relacionados con el mercado de valores, delitos bancarios, malversación de fondos públicos, cohecho, delitos tributarios y delitos ambientales.

Antes de la entrada en vigor de esta ley, los delitos contra el medio ambiente estaban dispersos en varios cuerpos legales, como el Código de Aguas, la Ley de Bosques y la Ley sobre Monumentos Nacionales, entre otros. Las penas asociadas a estos delitos variaban y alcanzaban un máximo de 5 años de prisión, dependiendo de la naturaleza del delito, y no existían criterios claros que justificaran las acciones que perjudicaban el medio ambiente.

La Ley 21.595 reemplaza el anterior «Párrafo 13» del «Título VI del Libro II» del Código Penal por uno nuevo titulado «Atentados contra el medio ambiente», introduciendo así nuevos delitos ambientales en la legislación chilena. Algunos de estos delitos están relacionados con la presentación de información falsa o el ocultamiento de datos en procesos de evaluación ambiental, el fraccionamiento de proyectos, la entrega de información engañosa o incompleta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para fiscalizaciones ambientales, el incumplimiento de medidas cautelares y sanciones impuestas por la SMA, y la obstrucción de actividades de fiscalización de la SMA.

Además, la Ley 21.595 agrupa y categoriza los delitos ambientales preexistentes que anteriormente estaban dispersos en diversas leyes. Ahora, estos delitos se clasifican como delitos económicos de segunda y tercera categoría, abarcando áreas como la contaminación de aguas superficiales, incendios forestales, caza ilegal y daño a monumentos nacionales, entre otros. Estos delitos previamente estaban regulados en leyes específicas, como la Ley General de Pesca y Acuicultura, la Ley de Bosques, la Ley de Caza y leyes relacionadas con agua, urbanismo y construcción.

La nueva legislación también aborda la cuestión del «ecocidio», un término que hace referencia a la destrucción a gran escala de la vida vegetal o animal, la contaminación del aire o del agua y otras acciones que pueden causar daños ambientales significativos. Este concepto del «ecocidio» ha ido ganando relevancia en el ámbito legal y en la protección del medio ambiente a nivel global.

El término fue acuñado por el biólogo Arthur Galston en 1970 y fue usado por Olof Palme, ex primer ministro de Suecia, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en 1972. Además, se encuentra definido en la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Tóxicas y sobre su Destrucción (CAB) de 1972.

La promulgación de la Ley 21.595 representa un importante avance en la protección ambiental en Chile y una muestra de su compromiso con la preservación del medio ambiente.