Se envió al senado provincial un proyecto de ley para reducir las regalías del 3 al 2 por ciento y quitar la única regulación que impide a las empresas especular con las acciones y los derechos mineros

 

El litio es un metal muy liviano que, en casi todo el mundo, está considerado el mineral del futuro. Sirve para fabricar las baterías recargables que llevan los dispositivos electrónicos portátiles y que también empiezan a ser utilizadas para impulsar los nuevos vehículos eléctricos y almacenar energía renovable.

Por este motivo, muchas multinacionales de la industria ya han puesto sus ojos sobre los salares de la puna sudamericana, cuyas enormes reservas de este «oro blanco» en los últimos años no hicieron más que aumentar su precio internacional, “atrayendo” inversiones extractivas directas de diversos países extranjeros.

En Argentina, por ejemplo, pocos han advertido que hace ya 20 años que una gran corporación química norteamericana llamada FMC Lithium explota el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca, posicionándose entre las cuatro mayores productoras mundiales de litio (SQM, Albermale, Tianqui y FMC controlan el 80 por ciento de las exportaciones mundiales).

La llegada de FMC al país y la manera en que logró adjudicarse hace 27 años el contrato de explotación representa una de las privatizaciones más escandalosas y a la vez más ocultas de nuestra historia reciente. El proyecto que esta empresa hoy tiene, en realidad, le pertenecía originalmente a la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), que entre los años 1960 y 1970 exploró los salares de la puna interesada por los usos del litio en la fusión nuclear. Fue durante la última dictadura militar, sin embargo, que se decidió incorporar al litio entre las sustancias concesibles del Código de Minería y en 1982 se intentó transferir el proyecto estatal a la norteamericana FMC, que por entonces se llamaba Lithco y afrontaba juicios por contaminación ambiental en Bessemer City.

Pero cuando parecía que estaba todo listo, la derrota en la guerra de Malvinas interrumpió el proceso licitatorio y la multinacional debió esperar hasta la llegada al poder de Carlos Menem. En efecto, después de varios intentos fallidos, en febrero de 1991 logró repentinamente obtener el ansiado contrato de explotación, debiendo reconocer una pequeña participación de la DGFM y de la provincia de Catamarca en la flamante Minera del Altiplano S.A. que se haría cargo del proyecto (2,5 por ciento para cada una), con la correspondiente designación de un miembro en el directorio.

Según cuenta Vicente Méndez, por entonces jefe del Departamento de Geología y Minería de la DGFM, la “expeditiva resolución” se debió al famoso crimen de María Soledad, ocurrido en septiembre de 1990, que habría llevado a las autoridades provinciales a confirmar velozmente la transferencia de los dos proyectos más relevantes de la minería argentina –Salar del Hombre Muerto y Bajo La Alumbrera–, suponiendo que ambos contratos “descargarían las tensiones y llevarían el olvido a las multitudes que diariamente pugnaban con sus marchas contra la estabilidad del gobierno de (Ramón) Saadi pidiendo justicia”. Al mes siguiente, el gobernador fue destituido y la provincia intervenida por el gobierno central.

En los años siguientes, las reformas legales e institucionales impulsadas por el Banco Mundial para el sector minero argentino (Pasma), no harían más que acrecentar el poder de las corporaciones mineras que ya se habían radicado en el país. De esa forma, a la Ley de Inversiones Mineras de 1993 (que garantizó enormes beneficios impositivos, 30 años de estabilidad fiscal y regalías limitadas al 3 por ciento), se sumó la incorporación del artículo 124 a la Constitución Nacional que transfirió los recursos naturales a las provincias y –como si eso no fuera suficiente– un régimen de reintegro adicional para las exportaciones mineras de la Puna (originalmente del 5 por ciento, reducido a la mitad en enero de 2002).

En el caso particular de la FMC, la Reforma del Estado de Menem liquidó la DGFM, cediendo a la provincia de Catamarca su participación en Minera del Altiplano SA, que así debía subir al 5 por ciento. Pero en 1994, el entonces gobernador Arnoldo Castillo (que había gobernado la provincia durante la dictadura), consideró que esa mínima regulación era excesiva y firmó un nuevo contrato con la empresa, eximiéndola de pagar el canon de agua y reduciendo la participación provincial a solo 3 por ciento.

Cabe recordar que, por aquel entonces, la FMC también tenía intenciones de invertir en el Salar de Uyuni, ubicado en Bolivia (la mayor reserva de litio del mundo). Pero en 1993 decidió renunciar al contrato de explotación adjudicado, debido a las condiciones de participación y fiscalización pública que las universidades y el parlamento boliviano pretendían exigirle, en medio de extensas e intensas protestas sociales en todo el país. Si bien el Salar del Hombre Muerto era de menor relevancia, la compañía decidió privilegiar las condiciones que allí regían: escasas regalías, ningún límite ni control en la extracción de salmueras y en el consumo de agua dulce y una participación del estado provincial que apenas le exigía no vender las acciones del proyecto ni los derechos mineros que le habían sido transferidos por la empresa estatal.

Así fue como, a fines de 1997, Minera del Altiplano S.A. logró inaugurar el proyecto de litio sobre el Salar del Hombre Muerto, donde posee una planta de carbonato de litio, más una planta de cloruro de litio ubicada en General Güemes, Salta, sumando una producción anual promedio de 16.500 toneladas que exporta en su totalidad vía puerto chileno, principalmente a sus propias plantas industriales de EE.UU. y a China.

Mientras tanto, el departamento de Antofagasta de las Sierras donde se encuentra el Salar del Hombre Muerto, aún permanece aislado (los operarios son trasladados en avión al proyecto que posee su propia pista de aterrizaje), su escasa población de 1.500 habitantes carece de los servicios básicos y la Dirección de Gestión Ambiental Minera recibió serias denuncias por la contaminación del delta del río Trapiche (que drena al sur del salar donde se emplazan las instalaciones de la empresa).

De esta forma, a diferencia de lo que ocurre en Chile y en Bolivia (que también poseen enormes reservas de litio bajo sus salares andinos), la legislación Argentina no reconoce el carácter “estratégico” del litio, permitiendo al sector privado acceder a los yacimientos públicos a través de una concesión minera ordinaria y disponer de ellos libremente para venderlos, arrendarlos, hipotecarlos o explotarlos hasta agotarlos, con el ritmo, la escala y las consecuencias ambientales que quieran. Es por ello que hoy, frente a la creciente demanda internacional, las inversiones extractivas directas se apuran por adquirir derechos sobre nuestros salares, incluidas las grandes corporaciones globales del litio, como la chilena SQM, controlada por el ex yerno de Pinochet, que no puede ampliar su explotación en el salar de Atacama por protagonizar los mayores escándalos de corrupción de la historia de Chile (pero es recibida con total pleitesía por el gobierno de Jujuy e incluso por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri).

Para colmo, y a pesar de la existencia de severos problemas ambientales y del nulo desarrollo socioeconómico local producido por la empresa tras 20 años de explotación ininterrumpida, la gobernadora de Catamarca y presidente del PJ provincial, Lucía Benigna Corpacci, envió al senado provincial un proyecto de ley para reducir las ya minúsculas regalías mineras (del 3 al 2 por ciento) y quitar la única regulación que hasta hoy le impide a FMC poder especular con las acciones y los derechos mineros de su subsidiaria local, Minera del Altiplano SA.

En otras palabras, si en los ´90 la propiedad estatal de uno de los mayores proyectos de litio del mundo fue rematada, ahora pretenden que también se entregue la regulación de la actividad. Sin embargo, según los propios contratos de privatización, cualquier nueva modificación deberá ser refrendada por el parlamento provincial. Aunque parezca mentira, una vez más, funcionarios y gerentes buscarán convencer a los legisladores y a la sociedad civil de la urgente necesidad de eliminar cualquier vestigio de regulación soberana sobre los bienes comunes del subsuelo, con las mismas promesas incumplidas del pasado: promover las inversiones extractivas directas para generar empleo e infraestructura en la comunidad, sin perjudicar el medio ambiente.

Fuente: Foro Ambiental / Página 12