Barrick Gold recibe una nueva multa por sus derrames

El Gobierno de San Juan dispuso que la multinacional pague más de 104 millones de pesos por los derrames de septiembre de 2016 y marzo de 2017

 

Tras muchos años de complicidad y de pasar por alto los desastres ambientales de Barrick Gold, el Gobierno de San Juan parece haber reaccionado. A partir de los derrames de cianuro que se produjeron en la mina Veladero en septiembre de 2016 y marzo de 2017, decidió aplicar una dura multa de más de 104 millones de pesos a la multinacional canadiense.

De acuerdo a las investigaciones de la Justicia, en ambos casos hubo fugas de solución cianurada que sobrepasaron el valle de lixiviación, aunque no llegaron a ningún río, como sí ocurrió en septiembre 2015, considerado el mayor desastre minero de la historia del país, por el cual se dispuso una primera multa de casi 146 millones de pesos.

Si bien el acta de infracción todavía no fue publicada por el Gobierno, el dato fue confirmado de manera extraoficial y luego a través de un comunicado de la propia compañía. Según trascendió, el dinero irá a parar al Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades, el cual apunta a fomentar nuevos proyectos productivos.

La resolución del Ejecutivo que comanda el gobernador Sergio Uñac trascendió a principios de enero, cuando Barrick ya había sido notificada. “Estamos analizando el documento a fin de evaluar nuestras próximas acciones”, señalaron desde la minera, que puede aceptar la sanción, pedir que se revea la resolución o acudir directamente a la Justicia.

La decisión confirma la nueva postura del uñaquismo con respecto a los accidentes que se produzcan en la minería, ya sea que tengan incidencia en el medio ambiente como aquellos que reflejen errores en las operaciones y tengan un impacto social negativo sobre la actividad.

La posición judicial en los tres hechos   

En el derrame de solución cianurada de septiembre de 2015, la Cámara Penal confirmó los procesamientos del juez de Jáchal, Pablo Oritja, contra los ejecutivos Leandro Poblete, Segundo Álvarez, Carlos Cabanillas, Ángel Escudero, Osvaldo Brocca, David Sánchez y Ricardo Cortéz. Todos quedaron en la mira por el delito de contaminación de agua, en su modalidad culposa, es decir, por actuar con negligencia o impericia en la profesión. Tras la fuga, el líquido llegó a los ríos iglesianos Potrerillos, Las Taguas y La Palca. La causa fue elevada a juicio.

El segundo incidente de septiembre de 2016 fue archivado, mientras que el de marzo de este año seguirá el mismo camino, tras un pedido fiscal en ese sentido. Si bien en ambos hubo fuga de soluciones con químicos, nunca llegaron a los ríos. La Justicia entiende que no hay delito porque no se vio afectada la salud pública ni el medio ambiente.

El 28 de noviembre pasado se procesó a cuatro funcionarios nacionales al entender que tuvieron implicancias en los derrames de Barrick Gold. El fallo, considerado histórico por las organizaciones ecologistas, acusó a tres ex secretarios de Ambiente de la Nación (Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso) y al ex titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ricardo Villalba) por la violación de la Ley de Glaciares. Además, ordenó un embargo por cinco millones de pesos y prohíbe salir del país a los cuatro imputados.

De acuerdo a las investigaciones de Casanello, que contó con los aportes de la Asamblea Jáchal No Se Toca y de los abogados ambientalistas Enrique Viale y Diego Seguí, el razonamiento es sencillo: de cumplirse la legislación, tanto Veladero como Pascua Lama (el otro proyecto minero de Barrick Gold) no deberían existir, por ende, no hubiese habido derrames posibles.

Fuente: Foro Ambiental